¿Error o masacre?

El jueves 18 de marzo en la noche, Jaime Hernán Acosta, agente del Gaula de Nariño, recibió una llamada de uno de sus superiores, quien le pidió que se preparara porque al día siguiente tendrían un operativo. Antes de las 7 de la mañana del viernes, Acosta salió de su casa con rumbo a la nueva sede del Gaula, en la vía que conduce al aeropuerto de Pasto.

En el Gaula ese día prometía ser intenso. El comandante del grupo, capitán Mario Yepes, salió de la ciudad y dejó como encargado al sargento Mario Fernando Londoño Gil, quien ya tenía autorización de Bogotá para realizar una operación contra unos extorsionistas en inmediaciones de Ancuyá y Guaitarilla, en el centro occidente del departamento de Nariño, a dos horas de Pasto. Una zona de pequeños campesinos donde cada vez hay mayor presencia de laboratorios de cocaína, y que tiene una muy importante influencia del Bloque Libertadores del Sur, perteneciente al Bloque Central Bolívar.

Tal como lo tenían planeado, un grupo de siete hombres del Gaula viajó hasta la zona durante la tarde y a su regreso reportó que el operativo no había tenido éxito.

Extrañamente, horas más tarde, a las 7:40 de la noche, el mismo grupo del Gaula salió de nuevo para la región que habían visitado ese día. Los siete hombres se acomodaron en dos camionetas, cada uno con un fusil Galil y cuatro proveedores, además de dos revólveres y una escopeta. La Policía asegura que el grupo llevaba sus distintivos y uniformes. Además, destaca a muchos de estos agentes como de brillante trayectoria, con entrenamiento dentro y fuera del país. Uno de ellos, el patrullero José Edilson Ordóñez, había participado en el rescate del niño Vitis Karanauskas, uno de los más memorables episodios del Gaula.

Casi tres horas después, a las 11 de la noche, todos estos policías, que promediaban los 35 años, morirían bajo el fuego disparado por soldados del Batallón Boyacá, en un episodio confuso en el que también cayeron cuatro civiles que iban en dos carros particulares.

Esa misma madrugada, tanto el teniente coronel Eduardo Uribe, comandante del Batallón Boyacá, como el teniente coronel Jorge Barón Blanco, comandante de la Policía de Nariño, supieron la noticia sobre lo que acababa de ocurrir, y pusieron al tanto a sus superiores en Bogotá.

En la mañana, campesinos de la zona llevaron la noticia hasta Guaitarilla, donde el inspector de Policía, como creía que era su obligación, se dispuso a hacer los levantamientos de los 11 cadáveres. Al llegar al lugar de los hechos el inspector lo encontró cercado y supo que ya estaba en la zona una juez de instrucción militar de Ipiales. Poco después llegó el comandante de la Sijin y una comisión de la Fiscalía seccional, encargada de hacer el levantamiento. Por algún tiempo reinó la confusión sobre a quién le correspondía el procedimiento. Finalmente lo hicieron los miembros de la Fiscalía, cuando ya era medio día y habían pasado 12 horas del tiroteo.

La Fiscalía no ha dado a conocer con exactitud cómo se encontraba el lugar, pero SEMANA pudo establecer algunos detalles. Cuatro carros (un campero, un Renault rojo y dos camionetas del Gaula) se encontraban en caravana, destrozados a tiros, con las puertas abiertas. A pesar de la cantidad de impactos que recibieron, tienen escasas huellas de sangre. Diez de los 11 hombres se encontraban fuera de los carros, tirados a la vera del camino, la mayoría lejos de sus fusiles. Ninguno portaba en su cuerpo distintivos de la institución, aunque sí había una gorra en uno de los carros. Este hecho ha sido motivo de versiones encontradas sobre si los agentes llevaban o no uniformes, y sobre si los soldados manipularon las prendas después de que los policías estaban muertos.

Los fiscales que hicieron los levantamientos tienen indicios de que los hombres del Gaula pudieron ser asesinados a corta distancia.

¿Qué pasó?

Sobre lo que ocurrió esa noche en Guaitarilla hay tantas versiones como protagonistas. Dos días después de los hechos, la Policía entregó en el hospital de Pasto a un hombre que dijo ser sobreviviente de ese episodio y haberse resguardado durante dos días en el campo. Jesús Hernando López Erazo, como se llama el supuesto sobreviviente, tiene una versión de los hechos que es investigada por la Fiscalía.

Según su testimonio, él y otros tres informantes les habían prometido a los hombres del Gaula que los llevarían hasta un laboratorio donde se encontraban 400 kilos de cocaína. El objetivo, según su versión, era que los agentes decomisaran la droga y que les pagaran a los informantes por conducirlos hasta ella. Por eso se encontraron en Pasto la noche del viernes y salieron rumbo a Guaitarilla. López Erazo dice que no conocía a un quinto hombre (civil) que iba con ellos y que al parecer conducía uno de los carros. Se trataba de Francisco Javier Romero, un ex cabo del Ejército que trabajaba desde hacía dos años como escolta de un importante empresario de Pasto. Romero solía ser informante del Gaula y de la Policía, pues tiene un hermano que es agente de esa institución.

Los cuatro carros (dos del Gaula, uno de los informantes y otro de Francisco Romero) tomaron el camino que conduce al municipio de Guaitarilla, por una vía circunvalar donde, para regresar a Pasto, no es necesario devolverse. Después de pasar este municipio, entraron a un estrecho camino sin pavimentar, rodeado de cerros y cercano al inmenso cañón del río. A las 10:30 de la noche, el carro que encabezaba la caravana -y en el que iban los informantes- paró frente a una barrera de piedras puesta en medio de una curva del camino. López Erazo se bajó del carro y, según su testimonio, en medio de la oscuridad vio a un grupo de uniformados que de inmediato le dispararon. Era el Ejército.

López Erazo asegura que en el momento del tiroteo pudo escapar, herido, rodando por una pendiente. Según su versión, duró todo el sábado escondido, y posteriormente fue rescatado por la Policía, quien lo ingresó el domingo siguiente al hospital.

La historia del supuesto sobreviviente tiene muchas inconsistencias. No es creíble que siete policías del Gaula se arriesguen a una acción para decomisar casi media tonelada de droga, sin apoyo de otras instituciones. De otro lado, suena extraño que él haya sobrevivido durante dos días a unas heridas que fueron hechas con un arma corta, mientras el Ejército disparó todo el tiempo con fusiles.

Según la investigación que adelanta la Fiscalía, los militares estaban apostados en un cerro estratégico desde el que se divisaba un buen tramo de la carretera y podían ver toda la caravana. En ese lugar había latas de comida vacías, papel higiénico y otros elementos que permiten deducir que el Ejército llevaba allí más de un día. A todo lo largo de la escena hay cientos de vainillas de munición de fusil Galil y de M-60.

Un miembro del Ejército que participó en la acción le dijo a SEMANA que esa patrulla tenía información sobre la movilización de un grupo de extorsionistas, vinculados supuestamente a las autodefensas. Pero la Fiscalía investiga otra versión según la cual el Ejército tenía información de que un grupo de delincuentes movería en ese lugar, ese día y a esa hora, un cargamento de 400 kilos de cocaína.

Los datos que manejaba el Ejército provenían de un informante conocido por los organismos de seguridad, a quienes muchos consideran poco confiable, quien actualmente se encuentra detenido y es una de las piezas clave en la investigación por el episodio de Guaitarilla. Aparentemente, el informante no relacionó a nadie del Gaula con el negocio del cargamento.

A pesar de lo poco confiable que pueda ser el testimonio tanto del sobreviviente López Erazo como del informante del Ejército, sus versiones tienen un punto coincidente: la patrulla del Batallón Boyacá y el Gaula sabían de la existencia de una cantidad importante de droga en la región.

Hasta hoy, ni el Ejército, ni la Policía dan como cierto el tema de la cocaína, pero SEMANA pudo establecer que es una hipótesis que se está estudiando dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía.

¿Qué pasó realmente esa noche? Los interrogantes abundan. De ser cierto el testimonio del sobreviviente López Erazo, ¿qué hacía el Gaula en un operativo antinarcóticos cuando su función es el rescate de secuestrados? Y de ser cierto el testimonio del informante capturado, ¿por qué el Ejército no apostó por una captura cuando tenía una clara superioridad táctica, geográfica, en armamento y en número de hombres? ¿A quién esperaba el Ejército y por qué se actuó de manera tan violenta? ¿Por qué los soldados llevaban más de 24 horas apostados en el cerro? Es algo que sólo podrá aclarar el sargento que estaba al mando de la operación militar y sus soldados.

Un caso raro

Pero las incongruencias no terminan ahí. Si la versión de la Policía es cierta, y los hombres del Gaula iban tras un 'positivo', es decir, la captura de unos extorsionistas o paramilitares que tenían azotada la región, ¿por qué se llevaron consigo a cinco civiles, si es que López Erazo iba con ellos? ¿Se trataba del mismo caso que atendieron en la tarde o de otro, casualmente en la misma zona? Tratándose de un operativo rural nocturno, ¿por qué no se coordinó con las demás autoridades de Policía y militares en una zona de conocida presencia paramilitar? ¿Pensaban acaso que el Ejército estaba involucrado en estos delitos?

Si se hace caso de la versión del Ejército, según la cual los militares le dispararon a un grupo de delincuentes a quienes les dieron una voz de alto que no atendieron, entonces, ¿por qué no hay sobrevivientes? ¿Por qué si los carros están tan baleados, los cuerpos se encontraron fuera de estos? ¿Tenía el Ejército un retén o una emboscada?

Sin duda, ambas versiones resultan cojas, incompletas y poco creíbles. La pregunta necesaria es si cada uno de los grupos quería un positivo o, por el contrario, la información sobre la droga fue el detonante de la sangrienta balacera.

Pecados capitales

Si se trató de un operación equivocada o de una matanza deliberada es algo que tendrá que resolver la Fiscalía General de la Nación. Por el momento al país le quedan lecciones que implicarán urgentes correctivos del presidente Álvaro Uribe y los comandantes de las fuerzas de seguridad.

Si el episodio de Guaitarilla es apenas fruto de una mala coordinación entre fuerzas, la profundidad del problema es evidente. Episodios como el de Neiva en febrero pasado, y como otros dos casos que se han presentado este año, dan cuenta de que bien sea por celos, desconfianza o simple ineptitud, las fuerzas de Policía y Ejército no se comunican efectivamente y con frecuencia se obstruyen. Incluso en aspectos tan simples como el levantamiento de los cadáveres de este episodio, concurrieron autoridades de todas las fuerzas.

De otra parte, queda claro que muchos de los informantes no son cívicos ciudadanos empeñados en combatir el delito, sino, por el contrario, personas que viven de éste, que ofrecen la información al mejor postor y que terminan enfrentando a los organismos por sus informaciones, en una especie de síndrome de la chiva. Un sistema de inteligencia que se base exclusivamente en esta estrategia es necesariamente vulnerable.

También es preocupante que, si resulta cierta la información sobre la cocaína, los organismos de seguridad estuvieran envueltos en un caso de corrupción. Otro más que se suma a una larga lista donde el escándalo de Barranquilla, cuando les devolvieron a los narcotraficantes dos toneladas de cocaína, mostró la profundidad del problema.

Por último, preocupa que una región otrora tranquila como Nariño sea hoy epicentro de un florecimiento del narcotráfico, los cultivos ilícitos y la violencia, ante la mirada impávida de quienes desconocen la emigración de los cultivos y los enclaves de procesamiento y embarque. Todo ello bajo el control de fuerzas paramilitares y guerrilleras.

Una situación que lo mínimo que exige es que la fuerzas encargadas del orden empiecen a pensar en la seguridad de la gente y no en competir cada uno por sus resultados.