Lunes, 16 de enero de 2017

| 2010/07/13 00:00

Es legítimo exigir responsabilidades: Orlando Beltrán y Sigifredo López

Beltrán y López hacen parte de un grupo de políticos que vivieron el drama del secuestro y que ahora buscan una reparación estatal. En conjunto, las indemnizaciones que exigen superan los 20.000 millones de pesos.

Sigifredo López (izquierda) y Orlando Beltrán (derecha) defendieron el derecho de los secuestrados de exigir a la justicia responsabilidades por su cautiverio. Foto: SEMANA

El debate que generó Íngrid Betancourt al reclamar responsabilidad del Estado por su secuestro no terminará con la decisión de la ex congresista de retirar la conciliación que había interpuesto en contra de la Nación.

Desde cuando se conoció la noticia, las reacciones desde diversos sectores de la opinión pública coincidieron en rechazar las pretensiones de Betancourt y su familia, y advirtieron que, al menos en ese caso particular, el Estado no tendría responsabilidades.

Los hechos que rodearon el secuestro de la entonces candidata presidencial, el 23 de febrero de 2002, en San Vicente del Caguán (Caquetá), soportaron esa tesis. Las autoridades y funcionarios del gobierno de la época señalaron que el secuestro de Íngrid Betancourt, en buena parte, estuvo causado por su propia “irresponsabilidad”.
 
Pero los casos de otros secuestrados pueden tener diferentes connotaciones. El procurador delegado judicial y administrativo de Neiva, Francisco Lizcano, confirmó que los ex congresistas Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem, Orlando Beltrán y Consuelo González de Perdomo entablaron acciones contra el Estado en un tribunal de esa jurisdicción.
 
Polanco y otros familiares demandan al Estado colombiano por un monto superior a los 12.500 millones de pesos. Géchem Turbay y su núcleo familiar litigan por 7.380 millones de pesos. Beltrán Cuéllar aspira a una reparación por 1.200 millones de pesos. En tanto que González de Perdomo demandó por 800 millones de pesos.

Los cuatro congresistas oriundos del Huila empezaron desde abril de este año a buscar indemnizaciones y justifican su petición en las supuestas fallas del Estado en cuanto a su seguridad.
 
Otro de los políticos que padecieron el secuestro y reclama su derecho a pedir una reparación, es el ex diputado del Valle del Cauca Sigifredo López.
 
“Nuestro secuestro fue por un incumplimiento del Gobierno”: Beltrán

En diálogo con Semana.com, Orlando Beltrán admitió que le entregó un poder a un abogado para adelantar un proceso jurídico en busca de reparación por parte del Estado colombiano.

Dice Beltrán que cuando fue secuestrado, el hermano del ‘Mono Jojoy’ le expuso que una de las razones de la guerrilla para privarlo de la libertad era “el incumplimiento de pactos entre el gobierno de la época, el del presidente Andrés Pastrana, y las Farc”.

Ese pacto, según Beltrán, consistía en la entrega de todos los guerrilleros de las cárceles, y por ese supuesto incumplimiento las Farc tomaron la decisión de secuestrar parlamentarios, entre los que cayeron él, Jorge Eduardo Géchem, Gloria Polanco y Consuelo González de Perdomo.
 
Por eso “no se puede mostrar ahora que las víctimas del secuestro torturadas y asesinadas no puedan reclamar. Por lo menos que los tribunales averigüen y determinen responsabilidades”, dijo Beltrán.

El secuestro de Orlando Beltrán ocurrió el 28 de agosto de 2001 cuando viajaba en una camioneta hacia una finca cafetera en el municipio de Gigante (Huila) y fue perpetrado por la columna móvil ‘Teófilo Forero’ de las Farc.

Beltrán aseguró que en su caso, como en el de Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem y los diputados del Valle del Cauca, hubo fallas en la seguridad ofrecida por el Estado.

“Fuimos víctimas de falta de seguridad, desviaron un avión, se metieron en una casa, o nos sacaron del lugar de trabajo. Somos la consecuencia de ese acto de irresponsabilidad del gobierno de entonces. La razón de los secuestros era el incumplimiento del gobierno del presidente Pastrana”.

Incluso, Beltrán dijo que los militares y policías con quienes compartió cautiverio reclamaban que el Estado los había abandonado, pues tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores habían sido anunciadas en investigaciones periodísticas y el Estado no adoptó medidas suficientes para evitarlas.

Beltrán afirmó que recurrió a la justicia “porque no se puede sufrir la tortura de un secuestro o el asesinato, como pasó con los diputados, y quedar en la impunidad. Hay que defender la actitud de recurrir a la justicia y como parte de un Estado Social de Derecho es legítimo reclamar responsabilidades”.
 
“A nosotros nos sacaron de nuestras oficinas”: López

Sigifredo López es el único sobreviviente de la masacre de los diputados del Valle del Cauca. Él y 11 de sus compañeros en la Asamblea de ese departamento fueron secuestrados cuando estaban en ejercicio de sus funciones, en pleno centro de Cali, el 11 de abril del 2002.

López reconoció que demandó penalmente a las Farc por su secuestro, pero además exigió una reparación por parte del Estado que compense los daños morales y materiales que supusieron para él y su familia casi siete años de cautiverio.

Para López, el Gobierno no atendió las solicitudes de protección que se hicieron dos meses antes del secuestro, y señaló como antecedentes dos sentencias judiciales que demuestran que hubo responsabilidad del Estado.

“Yo no me arriesgué, a mí no me sacaron de un burdel, a mí me sacaron del centro de la ciudad. Yo estaba trabajando en el centro de Cali y el Estado no me prestó la seguridad que veníamos solicitando desde hace varios meses”, dijo a Caracol Radio.

Lo que estos políticos buscan al imponer el recurso jurídico es que la justicia evalúe cada caso y determine si en los hechos que rodearon los cautiverios hubo o no responsabilidades del Estado. Pero insisten en que el derecho de conocer la verdad es legítimo para todas las víctimas del conflicto.

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