El daño de la filtración del ministro Pinzón

Luis Carlos Restrepo, excomisionado de Paz del gobierno de Uribe dijo varias verdades y dejó interrogantes en una extensa entrevista en Blu Radio. Reconoció que desde 2004 estableció un canal de comunicación con Pablo Catatumbo, de las Farc, a través del empresario Henry Acosta Patiño, quien también fungió como puente entre esa guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos. Restrepo admitió que tal como lo contó Daniel Coronell en su columna de SEMANA, su oficina contrató inversiones sociales en la zona rural de Tuluá como un gesto para crear confianza con esta guerrilla, y que hubo varias cartas en las que se les hicieron ofertas a esa guerrilla, incluido un despeje temporal, para lograr la liberación de los secuestrados.

Posiblemente Restrepo no estaría en medio de este huracán sino fuera porque el uribismo, corriente política a la que pertenece, se ha convertido en el férreo opositor de los diálogos que adelanta este gobierno con las Farc en La Habana. Periodistas como Coronell y María Jimena Duzán han señalado la paradoja de que Uribe, que acusa a Santos de estarle entregando el país al ‘castro-chavismo’, hiciera durante su gobierno ingentes esfuerzos y generosos ofrecimientos para sentar a la guerrilla en una mesa de conversaciones.

En medio de esta controversia quedó Restrepo. Lo que preocupa de toda esta polémica, y más allá de las acusaciones contra el excomisionado Restrepo, es que una figura tan importante como la del alto comisionado de Paz, que depende directamente del presidente, y que tiene facultades extraordinarias para contactar y tender puentes con los enemigos del Estado para que desistan de la guerra, termine siendo desprestigiada o incomprendida.



Secretos de Estado

Si en algo se parecen la guerra y la paz es que para las dos se requiere la reserva y la confidencialidad. La ley le reconoce esta reserva a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos, bajo el argumento de la seguridad nacional y la inteligencia. Con la paz ocurre algo parecido. Un comisionado de Paz tiene que relacionarse con gente al margen de la ley y su labor de exploración le implica una difícil dialéctica de cercanía y distancia con su contraparte.

En el caso de Colombia, el alto comisionado maneja unos recursos que están orientados a generar condiciones sociales para la paz, y por qué no, para generar confianza. Por eso no es extraño, ni ilegal, que Restrepo haya pensado en impulsar proyectos sociales y productivos en Barragán, donde Catatumbo tenía sus cuarteles generales, para mandarle un mensaje amigable. Ni que haya buscado la intermediación de un tercero, algo normal en las negociaciones.

Restrepo vuelve a tener razón cuando se atribuyó el crédito de haber cultivado la relación con Acosta Patiño, y mantenido la confidencialidad a tal extremo que el contacto se mantuvo a pesar del cambio de gobierno y terminó siendo clave para que en 2012 se instalara la mesa de La Habana. Y tiene razón también cuando expresa la gravedad de que sus comunicaciones hubiesen estado interceptadas durante el tiempo en el que actuó como comisionado de Paz.

Hasta ahí, más allá de la incoherencia política del uribismo, no hay razones para poner al banquillo o acusar de algún delito al excomisionado. Construir escenarios de paz exige una dialéctica de ceder y apretar, de explorar posibilidades creativas, de ofrecer y regatear, y de hacer propuestas para tomarle el pulso a la contraparte que está en la ilegalidad. Todo eso puede leerse como una traición a la patria, complicidad con el terrorismo o una violación de la ley si se mira fuera de contexto. Y aunque es posible que un comisionado se exceda en sus funciones, en general su labor debería estar tan protegida por la confidencialidad como lo están las labores de inteligencia, en medio de la guerra.

El caso Timochenko

Algo similar a lo que le pasa a Restrepo le está pasando a los actuales miembros del equipo negociador de paz. En este momento la Fiscalía intenta comprobar si Andrómeda, una fachada aparentemente legal de la inteligencia militar, terminó siendo usada para espiar a los funcionarios del alto comisionado de paz, y en particular a Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador. Mucha de la información que se obtuvo allí, así como la que produjo el hacker Andrés Sepúlveda, ha terminado en manos de comerciantes de información, y usada como propaganda negra contra el proceso de paz.

El último episodio que ha puesto en juego la necesaria reserva del proceso de paz fueron las declaraciones del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien en una entrevista radial dijo que tenía información de que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo jefe de las Farc, ha estado en Cuba en varias ocasiones. Si bien el gobierno explicó que lo hizo con su autorización, y en aras de hacer más expedita la negociación política, la tormenta no cesa. El procurador Alejandro Ordóñez le pidió explicaciones al presidente Juan Manuel Santos, quien asumió personalmente la responsabilidad de estos viajes, y tácitamente lo acusa de haber violado la Ley 418 de 1997 dado que no se levantaron las órdenes de captura del jefe guerrillero, ni se le nombró como negociador oficial del grupo.

Como era de esperarse, Santos le respondió recordándole que está fuera de su competencia pedirle explicaciones sobre un asunto como la paz, que es del fuero absoluto del presidente. Ordóñez ripostó con otra carta ratificando sus dudas sobre si se violó la ley, y con una inquietante frase: “Vale destacar, que ese ordenamiento jurídico no consagra inmunidad para los funcionarios que participan en un proceso de paz y, por tanto, no les otorga licencia para no ajustar sus actuaciones estrictamente a las normas legales”, lo que deja en el aire la idea de que puede abrirle un proceso al equipo negociador del gobierno.

En un país de leguleyos, con un procurador que es abiertamente crítico del proceso de paz, la filtración hecha por Pinzón se convierte en un gran daño. Rota la confidencialidad, y fuera de contexto, decisiones tan difíciles y riesgosas como permitir que el número uno de las Farc hable con sus representantes en Cuba, se ve como una concesión excesiva. Como si fuera poco, debilita a los negociadores del gobierno frente a su contraparte, y genera suspicacias en una opinión pública a la que le cuesta entender que tanto la guerra como la paz, necesitan algunas dosis de reserva para poder avanzar.

Restrepo lanza al agua a Montoya

El excomisionado de paz culpó en una entrevista al general Mario Montoya del montaje que lo tiene en problemas

En marzo de 2006 el gobierno anunció con bombos y platillos que un grupo de 70 guerrilleros de las Farc entregaba las armas en el Tolima gracias a la presión del Ejército. Restrepo, como comisionado de paz, avaló dicha desmovilización. Todo resultó ser una farsa montada por un desertor de las Farc que estaba preso por un delito común, y que le había dicho a inteligencia militar que podía lograr que un grupo de milicianos se entregara. Los guerrilleros no eran tal, las armas eran de utilería, los uniformes prestados, y la gente, recogida a último momento para tomarles la foto. El episodio resultó tan cantinflesco, que en su momento SEMANA lo puso en portada con el título de ‘Otro Oso’, en el que se mostraban todas las incongruencias y se calificaba el episodio de grave y tragicómico.

Restrepo dijo en la radio que gran parte del montaje fue auspiciado por el entonces comandante del Ejército Mario Montoya. La gran pregunta que tiene que resolver la Justicia en sus investigaciones es qué tanta participación o qué tanto conocimiento tenía Restrepo, el excomisionado de paz, en las entregas ficticias de combatientes paramilitares al Estado colombiano.