Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/12/09 00:00

“Es persistente la violación de derechos humanos”: ONG

El informe que varias organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron a Naciones Unidas para evaluar a Colombia en esa materia, muestra un oscuro panorama.

Los obstáculos para crear sindicatos y la violencia contra quienes integran estas organizaciones son uno de los principales puntos que tienen en cuenta las ONG en su inform. Foto: León Darío Peláez

En su balance presentado ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, las ONG defensoras de derechos humanos enfatizaron en que “el Estado colombiano no ha cumplido en los últimos cuatro años con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Y consideran que no ha implementado las recomendaciones que sobre la materia ha hecho Naciones Unidas.

El derecho humano que más las preocupa es el de la vida. Por eso, lo primero que resaltan en su informe es que entre julio de 2002 y diciembre de 2007, 13.634 personas murieron fuera de combate y como consecuencia de la violencia política. De ese total de muertos, dicen las ONG, 1.477 fueron desaparecidas forzosamente.

Se conocen los presuntos autores de 8.049 muertes. De acuerdo con el balance de las organizaciones, el Estado actuó directamente en 1.411 y en 4.658 en contubernio con paramilitares y las Farc mataron a 1.980 personas. Y llaman la atención sobre el incremento de las víctimas de militares y policías. Mientras que entre 1997 y 2002 los agentes estatales fueron posibles victimarios en 669 muertes, entre julio de 2002 y diciembre de 2007 se registraron 1.122 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales.

Para las ONG, permanece la relación entre policías, militares y paramilitares. “Se ha podido constatar directamente la permanencia de nexos entre Fuerza Pública y grupos paramilitares en varios departamentos del país”, dice el informe.

Esas personas con las que supuestamente mantienen relación los soldados ocasionaron entre el primero de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 la muerte de 212 indígenas, desaparecieron a 22, torturaron a 29, amenazaron a 24 grupos de indígenas y secuestraron a 90 de ellos.

El derecho humano a la libertad se viola habitualmente mediante. Según la Fundación País Libre, 8.451 casos se presentaron entre enero de 2002 y diciembre de 2007. Hasta el pasado septiembre, cuando se presentó el informe, en el país se habían liberado 21 personas que estaban en poder de las Farc “gracias a los buenos oficios de facilitación internacional, a gestos unilaterales y a una operación militar”, dice el informe.

Pero critica que “no ha sido posible el entendimiento entre guerrillas y gobierno para el logro de los acuerdos humanitarios que garanticen la vida y la integridad de las 1.512 personas que aún permanecen en cautiverio”.

Tal vez, la manera más cruel de vulnerar el derecho humano a la propiedad individual y el de vivienda es el desplazamiento. A este respecto, las ONG resaltan que el conflicto en el país ha ocasionado “una grave crisis humanitaria que ubica a Colombia como el segundo país con mayor número de personas desplazadas internas en el mundo después de Sudán”. A diario, dice el informe, se desplazan en promedio 1.250 personas, la mayoría afrocolombianos e indígenas.

Otras personas vulnerables a la violencia, de acuerdo con las ONG, son los sindicalistas. Pese a que la Declaración de Derechos Humanos de la ONU establece el derecho fundar sindicatos y a hacer parte de ellos.

Sin embargo, en Colombia parece que ser sindicalista es ser blanco de violencia. “Entre el primero de julio de 2002 y el 30 de junio de 2008, han ocurrido al menos 3.018 violaciones a la vida, la libertad e integridad contra sindicalistas”, dicen las ONG. De ese total de víctimas, 480 han sido asesinadas, 62 fueron víctimas de atentados, 31 desaparecidos, 1.716 amenazados y 246 desplazados.

Respecto a los miembros de sindicatos muertos, el informe señala que en los últimos 22 años se han presentado 2.674 casos y sólo se han producido sentencias sobre 86 homicidios. “Es decir, el nivel de impunidad es del 96.8 por ciento”, señala el informe.

En el tema económico, las organizaciones resaltan abismales diferencias en la distribución de la riqueza. En los últimos años, el país ha registrado altos niveles de crecimiento económico, pero “no se ha traducido en reducción de desigualdad, pobreza y desempleo”.

Según el coeficiente Gini, que mide el grado de la distribución de la riqueza, Colombia tiene la desigualdad más alta de América Latina. “Mientras el 50 por ciento de la población más pobre recibe apenas un 13,8 por ciento de los ingresos, el 10 por ciento más rico cuenta con un ingreso equivalente al 46,5 por ciento del total”, dice el informe.
Por si fuera poco, argumentan las organizaciones, la ley 789 de 2002 recordó los pagos de horas extras, festivos y dominicales. Entonces los empleados dejaron de recibir 2,6 billones de ingresos durante los últimos cuatro años.

Y mientras crece la riqueza, aumenta también el deterioro de la salud pública, según se deduce de las explicaciones que hicieron las ONG en su documento. En él, hablan de alarmantes indicadores en mortalidad materna, tuberculosis, malaria y anemia y descenso de niveles de vacunación.

Finalmente, la visión de los derechos humanos de las organizaciones concluye que en el país persiste “una situación de violaciones graves, masivas y sistemáticas que hacen parte en la impunidad y el debilitamiento del Estado de derecho”.

Vea el informe completo.

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