Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/10/21 00:00

¿Es usted el dueño de este ‘chicharrón’?

El fiscal Luis González León, jefe de la Unidad de Justicia y Paz, le contesta a María Isabel Rueda

A LA FECHA, SÓLO SEIS DESMOVILIZADOS DE LA LISTA QUE ENVIÓ EL GOBIERNO HAN RATIFICADO SU VOLUNTAD DE SOMETERSE A LA LEY DE JUSTICIA

M.I.R.: Me consta que a usted poco le gusta conceder entrevistas. Creo que esta es la primera... ¿Qué significa ser el dueño de ese 'chicharrón' de la Fiscalía que es el proceso de los paramilitares?

L.G.L.: Pues es una responsabilidad inmensa, que he asumido con todos los demás fiscales e investigadores que integran la Unidad de Fiscalía para Justicia y Paz. Es un procesamiento penal muy distinto al de la justicia ordinaria, porque aquí resulta imprescindible la confesión de quien quiere obtener la pena alternativa.

M.I.R.: Hay muchos que ni siquiera han pensado en decir la verdad, como lo sugiere el computador de 'Jorge 40'…

L.G.L.: Si la confesión en la versión libre no es completa y veraz, como lo señaló la Corte Constitucional, no tendrán derecho al beneficio de la alternatividad penal. Deberán confesar todas las circunstancias en las que tuvo ocurrencia el delito, los motivos, cómo se planeó, quiénes lo ejecutaron y encubrieron, cómo se financió y quiénes se beneficiaron con él.

M.I.R.: ¿A usted también lo trasnocha el contenido del computador de 'Jorge 40'?

L.G.L.: La Unidad que presido no conoce todavía oficialmente su contenido.

M.I.R.: ¿Con la aparición de los múltiples cadáveres que ya han rescatado las autoridades en fosas comunes podemos decir que la Ley de Justicia y Paz ya ha comenzado a mostrar sus beneficios?

L.G.L.: Bajo la justicia ordinaria habría sido muy difícil esclarecer muchos de estos asesinatos. Hemos hallado a la fecha 182 cadáveres en fosas, en virtud de informaciones suministradas a la Unidad a mi cargo, y aproximadamente la mitad de ellos han sido ya reconocidos por sus familiares, que por fin pueden comenzar su duelo.

M.I.R.: ¿Cómo funciona ese andamiaje del que usted es cabeza?

L.G.L.: La Unidad de Justicia y Paz está integrada por 20 fiscales y 150 investigadores. Cuenta además con un grupo de asesores y funcionarios administrativos. En total 295 servidores integran el equipo de trabajo; la selección no fue fácil, porque se debieron escoger cuidadosamente por sus perfiles y su afinidad con esta justicia transicional.

M.I.R.: O sea que los 20 fiscales reciben las versiones libres de los paramilitares. ¿Y eso se lo trasladan a quiénes?

L.G.L.: La versión libre y la confesión marcan el inicio del procedimiento especial de esta ley. Luego comienza la fase ante los magistrados de Justicia y Paz a través de diferentes audiencias. Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura ha designado a ocho magistrados, cuatro para la sala del Tribunal de Bogotá, y cuatro para Barranquilla.

M.I.R.: Me perdona la pregunta, pero ¿usted cree que van a dar abasto 20 fiscales y ocho magistrados para casi 3.000 casos que ya tienen abierta investigación o a los que hay que abrírsela?

L.G.L.: Un factor que se tuvo en cuenta para la selección de fiscales e investigadores fue su experiencia en crimen organizado. Conformada la Unidad, se diseñó un plan de trabajo y una estrategia para afrontar el reto. Por esa razón, cada equipo fiscal-investigadores se ha 'especializado' en el conocimiento del bloque o frente desmovilizado que se le asignó. Para la pregunta: ¿Son suficientes? Puede no parecerlo, pero la unidad no va a estar sola. Hemos solicitado a todos los organismos de policía judicial, inteligencia militar, e incluso a las ONG, que nos suministren información relacionada con masacres, desapariciones forzadas, secuestros y homicidios de personas protegidas. Con base en esa información hemos ubicado las zonas donde ocurrieron, relacionamos el hecho con el sitio y el presunto grupo, bloque o frente de influencia en el sector.

M.I.R.: Usted ha sido una persona de perfil muy bajo ante los medios. Pero en su vida profesional ha tenido las papas más calientes de la historia judicial del país…

L.G.L.: Mi primera experiencia en la Fiscalía fue como fiscal sin rostro en los Llanos Orientales, donde aprendí que el crimen organizado se debe investigar de un modo diferente, no a partir de cada hecho, sino de la estructura que integran sus miembros. A esas organizaciones hay que enfrentarlas, debilitarles su poder económico y judicializar a sus jefes. Después estuve en los grupos Gaula en Bogotá, en una época en que eran cantidades los secuestros que cometían organizaciones grandes, que logramos desmantelar. Luego, en la Dirección Nacional de Fiscalías tuve que afrontar la persecución del narcotráfico, terrorismo y lavado de activos y promover la extinción del derecho de dominio. Reconozco que esta tarea que se me ha encomendado es muy difícil, pero para eso estamos organizando equipos en la Unidad que trabajen sobre una determinada organización criminal, reitero, con la colaboración de otras entidades del Estado.

M.I.R.: Cada vez parece más difícil separar el narcotráfico del paramilitarismo. A los narcos puros de los paramilitares puros. La gente tiene susto de que esta ley llegue a ser un lavadero del narcotráfico…

L.G.L.: Es uno de los retos más grandes del proceso de paz y particularmente de la Unidad de Fiscalía, porque las organizaciones criminales, no sólo las autodefensas, en determinados momentos interactuaron de un modo u otro con el narcotráfico. Sin embargo, la ley nos manda un mensaje claro y nos dice cuáles son los hechos que pueden venir a justicia y paz: los cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a los grupos ilegales, siempre y cuando el grupo no haya nacido para el narcotráfico o el enriquecimiento ilícito.

M.I.R.: ¿Pero un grupo paramilitar que nace para proteger al narcotráfico, o un grupo de narcotraficantes que se hace proteger de los paramilitares, no enreda la pita de esa distinción?

L.G.L.: Deslindar o escindir esa génesis va a ser el primer escollo que tenemos que salvar.

M.I.R.: ¿En cuánto tiempo estarán recibiendo los magistrados las investigaciones de ustedes, los fiscales?

L.G.L.: Afortunadamente el fallo de la Corte no le dejó términos a la Fiscalía, sino un plazo razonable, determinado por la metodología de la investigación. Cumplida esta exigencia, el Fiscal del caso procederá a solicitar la audiencia para formular la imputación. El país debe tener presente que este proceso, como ningún otro, exige la participación de las víctimas desde el comienzo, de manera que se deben agotar todos los mecanismos para convocarlas, ubicarlas y relacionarlas con cada hecho y bloque correspondiente.

M.I.R.: Y ¿por qué no se ha iniciado esta etapa?

L.G.L.: La divulgación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y su convocatoria es tarea que les corresponde a diferentes entidades del Estado, y no sólo a la Fiscalía. Este compromiso lo estamos afrontando con inmensas dificultades, razón por la que aprovecho esta entrevista para insistir en esa responsabilidad y en el llamado a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que nos ayuden.

M.I.R.: ¿Y cuánto tiempo tiene el juez para sentenciar?

L.G.L.: La Corte Constitucional reconoció que el trabajo más complejo está a cargo de la Fiscalía, especialmente el que hay que realizar entre la versión libre y la imputación, porque debe verificar si la confesión fue completa y veraz. Formulada la imputación, el término para investigar y verificar es de 60 días, prorrogable otro tanto. Luego viene la formulación de cargos. Y posteriormente, dentro de los 10 días siguientes, si el procedimiento es avalado por la sala de Justicia y Paz del Tribunal, en igual término se citará para audiencia de sentencia. Pero como hay una fase previa a la sentencia, que es la audiencia para la reparación de la víctima, y este trámite se demorará según la complejidad del caso, es difícil determinar el término real para dictar sentencia.

M.I.R.: ¿Y al fin, el tiempo de reclusión se le computa a la pena?

L.G.L.: Esa es una determinación que le corresponde a la sala de Justicia y Paz respectiva.

M.I.R.: Y esto, ¿cuándo arranca?

L.G.L.: El gobierno nacional envió una lista de 2.695 desmovilizados. A la fecha sólo seis de ellos, (entre otros Mancuso y 'Jorge 40'), han ratificado su voluntad de someterse al proceso de Justicia y Paz. De acuerdo con el decreto 2898 de 2006, la ratificación es presupuesto fundamental para iniciar el proceso, que por tal motivo sólo se ha iniciado para esas seis personas.

M.I.R.: ¿O sea que a estas seis ya se les puede tomar la versión libre?

L.G.L.: No. El siguiente paso es garantizarles a las víctimas que conozcan que el supuesto responsable de la conducta que las afectó se acogió a Justicia y Paz, y para eso se publican los edictos emplazatorios.

M.I.R.: ¿ De dónde salieron esos 2.695 nombres?

L.G.L.: La lista la envió el Ministerio del Interior y de Justicia, pero de esos 2.695, la Fiscalía sólo tiene vinculados en procesos ordinarios aproximadamente a 300. Los otros son absolutamente desconocidos para los procedimientos penales. Son desmovilizados que esperamos que vengan a contar verdades en su participación en hechos graves.

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