Es válido que el Estado acopie información, pero de forma legal

Antes decidir si la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno eran o no cobijados con medida de aseguramiento, el magistrado Luis Fernando Ramírez, del Tribunal Superior de Bogotá, detalló algunos hechos presentados por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos.
 
Aunque advirtió que su función es la de juez de control de garantías y no puede ir más allá, se refirió a los temas clave en este proceso en el que este martes se ordenó la detención de María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá, y se negó la petición de medida de aseguramiento contra Bernardo Moreno hecha por el ente acusador.
 
El magistrado aseguró que se alcanza a percibir que en varios de los elementos probatorios descubiertos por la Fiscalía hay conductas punibles realizadas por ambos procesados.
 
"Es cierto que algunas actividades ilegales venían de antes, pero María del Pilar Hurtado fue informada de éstas y de ella, como funcionaria, dependía que se suspendieran o que se continuaran realizando", subrayó el magistrado, quien además destacó que pretender, como lo aseguraron las defensas, hacer creer que no hubo seguimientos contra los magistrados de la Corte Suprema sino contra Ascencio Reyes es "engañarnos a nosotros mismos".
 
Destacó también que los defensores omitieron referirse a los seguimientos ilegales que se hicieron a los bienes y movimientos financieros desde la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.
 
El magistrado Ramírez fue enfático en decir que es válido que el Estado acopie información, pero que hay que hacerlo de forma legal. Y aclaró que no aparece ninguna información que señale que este comportamiento fue autorizado por un juez de control de garantías. "Esto tiñe de ilegalidad muchas de estas conductas", dijo.
 
Al dar a conocer su decisión sobre la suerte de María del Pilar Hurtado, el magistrado aseguró que "la medida de aseguramiento resulta necesaria ante su ausencia, al haberse acogido al asilo en un país extranjero, que a la vez demuestra su facilidad para abandonar el país".
 
Por eso, no fueron suficientes los argumentos del abogado de Hurtado, Jaime Camacho, quien señaló que la medida era "desproporcionada" y pidió que se revocara la decisión de cobijar a su defendida con medida de aseguramiento.
 
Petición que terminó siendo negada por el magistrado y a la que se opuso el delegado de la Procuraduría Jorge González Vásquez y la Fiscalía, que recordó algunas de las acciones de Hurtado.
 
"Se realizaron actividades ilegales por más de un año en las que ella participó. Obvio que no hay constancia porque nadie deja actas de tales actividades, pero en esta etapa procesal hay suficientes elementos para demostrar que sí hay autoría en el delito de concierto para delinquir", aseguró la fiscal Viviane Morales.
 
La fiscal recordó también el episodio del fotógrafo al que la exdirectora del DAS, según varios testimonios, pagó 20 millones de pesos para dar una información cuyo único fin era desprestigiar a Yidis Medina.
 
Sobre la petición de la Fiscalía de cobijar con medida de aseguramiento al exsecretario Moreno, el magistrado dijo que el "sistema penal colombiano perfectamente le garantiza la vigencia de presunción de inocencia y del principio de libertad frente a la acción judicial penal que se adelanta en su contra, por lo tanto no se le impone la medida de aseguramiento solicitada".
 
Ramírez resaltó que el abogado de Moreno, Jaime Granados, hizo "un detallado recuento de las condiciones personales, sociales y profesionales del imputado, plenamente válidas (…) y no se puede afirmar que tenga antecedentes penales o una conducta social que haga necesario preventivamente proteger la sociedad".
 
Los representantes de las víctimas pidieron que se decretara nulidad en la diligencia, según ellos, por no haber tenido la opción de intervenir. Sin embargo, tanto la Procuraduría como la Fiscalía se opusieron a dicha petición argumentando que durante la diligencia sí se habían dado las garantías en su calidad de intervinientes especiales.
 
"Se han mantenido las garantías, por lo que no hay lugar a la declaratoria de nulidad", señaló la fiscal Morales.
 
El magistrado, por su parte, recordó que en la sesión pasada sí había concedido la palabra a los representantes de las víctimas por lo que no había lugar para declarar nulidad y ratificó su decisión de confirmar medida de aseguramiento contra María del Pilar Hurtado y dejar en libertad a Bernardo Moreno.
 
Lo que dijeron las defensas
 
El abogado de María del Pilar Hurtado, Jaime Camacho, aseguró que no encuentra que en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía se infiera que Hurtado sea autora de conductas punibles.
 
Al referirse al capítulo del desayuno en el Club Metropolitan, en donde se habría hablado de los intereses que tenía el expresidente sobre magistrados de la Corte, los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, así como del periodista Daniel Coronell, dijo que Hurtado había salido con "dudas".
 
"Ella sale inquieta por saber legalmente qué se puede hacer (...) Eso es lo opuesto a una voluntad de asociación para cometer delitos", señaló Camacho.
 
Dijo también que algunas actividades que se estaban realizando en el DAS hacia los magistrados y Piedad Córdoba venían desde antes de que ella llegara a la dirección del organismo de inteligencia.
 
Por su parte, la defensa de Bernardo Moreno, Jaime Granados, señaló que su cliente no dio ninguna orden ni instrucción de adelantar actividades ilegales.
 
“Bernardo Moreno trasmitió un preocupación de lo que quería estar informado el presidente de la República, quien sí era jefe de María del Pilar Hurtado”, sostuvo el abogado, quien reiteró que Moreno no se desempeñaba como secretario de Presidencia sino como director del departamento administrativo de Presidencia, por lo que según él, "Moreno no era jefe ni superior de Hurtado".
 
Granados destacó la hoja de vida de Moreno y dijo que siempre le había puesto la cara a la justicia. Como prueba de ello recordó que su defendido había rechazado la embajada de Colombia en Chile y subrayó que jamás había intentado pedir asilo en ningún país, por lo que no veía la necesidad de cobijarlo con medida de aseguramiento.
 
El abogado de Moreno pidió que se le respetara a su defendido la presunción de inocencia y que se le diera la posibilidad de llegar al juicio estando en libertad.

Delitos imputados
 
La semana pasada la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, le imputó a Hurtado los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
 
Por su parte, Bernardo Moreno fue acusado de tres delitos: concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.
 
La medida de aseguramiento para Hurtado fue pedida por los delitos de concierto para delinquir, peculado y falsedad en documento público. En el caso de Moreno, por concierto para delinquir.

En la diligencia de este martes, el delegado de la Procuraduría, Jorge González Vásquez, apoyó en ambos casos la solicitud de medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía. "La Procuraduría encuentra los elementos que en justicia deberían llevar a detención preventiva a los imputados", aseguró el delegado del Ministerio Público.