Esa platica se perdió

La cifra es sencillamente escalofriante: tres billones de pesos. Esa es la suma del dinero de las regalías petroleras que se ha perdido en el hueco negro de la corrupción y el despilfarro en varios departamentos del país, principalmente Casanare y Arauca. La denuncia fue hecha la semana pasada por el director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, Germán Cardona, quien no dudó en afirmar que "por lo que hemos visto hasta ahora concluimos que de los ocho billones que Ecopetrol ha girado entre 1986 y 2003 a los departamentos y municipios por lo menos tres se han perdido".

Aunque es evidente que el tema de la malversación de las regalías no es nuevo para los colombianos, lo que resulta escandaloso es que hasta ahora muy pocos sabían con certeza cuál era el monto de lo perdido. Y es que sin duda alguna una cifra de tal dimensión es difícil de imaginar para un ciudadano común. Basta decir que si los tres billones que se perdieron hubieran sido invertidos adecuadamente se habrían podido construir 125.000 viviendas de 25 millones de pesos, o crear 750 mil cupos escolares o sencillamente tapar el déficit fiscal.

La cifra, que incluso puede ser mayor, surge del trabajo que desde hace varios meses realiza un grupo interdisciplinario coordinado por el Programa Presidencial y conformado por la Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Hacienda y DAS, que se ha dedicado a la tarea de establecer en dónde terminaron los recursos. Un informe preliminar logró determinar que de los tres billones que han sido despilfarrados cerca de la mitad sencillamente se la robaron o fueron a parar a las arcas de los grupos armados ilegales. La Fiscalía ya adelanta procesos judiciales contra varios acusados. Entre los sindicados hay desde ex funcionarios gubernamentales y municipales hasta contratistas.

Pero si bien el que millones de pesos de las regalías hayan terminado en los bolsillos de los particulares es un tema inquietante para las autoridades, ya que evidencia un alto grado de corrupción, para el gobierno no es menos alarmante que un billón y medio de pesos hayan sido despilfarrados en obras que se iniciaron y nunca se han finalizado o en proyectos faraónicos que tampoco se completaron. "Esto demuestra que en muchos casos el problema no es que no haya dinero sino que el que existe es muy mal administrado por los funcionarios públicos. Y eso es igual de grave", afirma Cardona.

Paralelamente a la persecución judicial el gobierno decidió diseñar una serie de estrategias para evitar que el desangre de los dineros públicos continúe. Una de esas herramientas comenzará a operar a partir del próximo 11 de agosto, cuando se inauguren los consejos comunitarios anticorrupción, liderados por el vicepresidente, Francisco Santos. La idea es que altos funcionarios del gobierno acudirán a las regiones a pedirles cuentas a los mandatarios locales sobre la forma como están invirtiendo los recursos públicos. Con este, y otros mecanismos, el gobierno busca que casos como las multimillonarias cifras perdidas de las regalías empiecen a ser cosa del pasado.