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| 6/17/2014 12:00:00 AM

Caso DNE: tres más a rendir cuentas a la Fiscalía

La Fiscalía les endilgará cargos por presuntos hechos de corrupción con bienes incautados a la mafia.

Tres nuevas personas fueron llamadas por la Fiscalía a imputación de cargos por presuntos hechos de corrupción que se dieron en el interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en liquidación. Con los vinculados, la cifra llega a 41 personas procesadas por estos hechos.

Los llamados al tablero por los fiscales son Isabel Cristina Vega, Jorge Alberto Urrea y Julio César Álvarez. Se trata de particulares, quienes según la Fiscalía estarían involucrados presuntas irregularidades para la compra de unos bienes ubicados en Barranquilla. Por eso los procesarán por los presuntos delitos de cohecho y peculado por apropiación.

"Son bienes como las fincas Cuba y Casa blanca, un apartamento en el edificio el Parque Rosado, y lote de terreno ubicado en el barrio El Prado", aseguró Alexandra Ladino, directora de la Policía Judicial de la Fiscalía.

Ladino manifestó que los bines en mención están avaluados en 10 millones de dólares y que la imputación de cargos se realizará el próximo 26 de junio.

La funcionaria dijo que entre los 41 procesados por el escándalo se encuentran personas de todo tipo. Explicó que hay "directores, subdirectores asesores de la Dirección Nacional de Estupefacientes y algunos particulares".

La fiscal aseguró que los resultados en esta ‘mega’ investigación se han producido a pesar de que algunos de los investigados no han comparecido al proceso y otros presentado diferentes maniobras dilatorias.

“Se han encontrado múltiples peticiones de libertad, excusas para la presentación de las audiencias de juicio y por ende la Fiscalía tomará las decisiones correspondientes a fin de lograr una realización oportuna de las diligencias. Entre ellas habrá una posible orden de captura para quienes se han negado a comparecer”, explicó.

En los últimos meses los investigadores del caso DNE, han realizado varios interrogatorios a exfuncionarios que entraron en un proceso de colaboración con la justicia. En algunos de los casos estas personas se han referido a muchas personas que participaron de hechos irregulares y que no habían salido del anonimato. Entre ellas, hay varios congresistas.
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