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| 12/14/2013 6:00:00 AM

La Justicia se rajó en 2013

A punta de escándalos, la aprobación de los colombianos al sistema judicial cayó en las encuestas al nivel del Congreso y los políticos. Eso es preocupante para la democracia.

Este fue uno de los peores años para la Justicia. Si 2012 quedó registrado como el año en que la reforma a la Justicia, que en teoría iba a salvar la rama, al final quedó convertida en un orangután impresentable; 2013 dejó al descubierto problemas que están afectando gravemente la eficacia de la Justicia y que exigen ajustes urgentes.

1. GUERRA DE TITANES

Este año, como pocos otros en la historia, se desataron una serie de peleas entre las cabezas de los organismos de control del país. Por un lado, el fiscal, Eduardo Montealegre, con la contralora Sandra Morelli. Y por el otro, el mismo fiscal con el procurador Alejandro Ordóñez.

Las peleas, que comenzaron de baja intensidad el año pasado, en este se trasformaron en verdaderas guerras. La intensidad fue tal que el rifirrafe entre el fiscal y el procurador, en el cual se cruzaron palabras como misiles, terminó desplazado en los titulares de las noticias por la virulencia de la andanada entre el fiscal y la contralora, que copó la agenda de noticias del segundo semestre.

No es el mejor ejemplo que pueden dar al país estos personajes que junto con el presidente de la República y el presidente del Senado son el rostro del Estado. Y es aún más grave si se trata de personas que están llamadas a simbolizar la ecuanimidad de la Justicia.

Las disputas no estuvieron a la altura de la investidura de estos personajes. En la pelea entre el fiscal y el procurador cayeron en expresiones procaces. Y en la del fiscal y la contralora se enfrascaron en un pulso a muerte que entró al plano personal. El fiscal ordenó allanar la Contraloría en un operativo desproporcionado. Y la contralora hizo denuncias que han terminador por diluirse.

La contralora Morelli declaró que hay “enemistad grave” con el fiscal. Y pidió hablar “por autos y providencias, porque últimamente me parecen buen método de comunicación”. Y el fiscal Montealegre replicó diciendo que las mentiras de Morelli son “del tamaño de una catedral”. “La contralora general de la República es una de las guardianas de la ética pública y si la contralora fabrica tamaña mentira (...) con el fiscal general de la Nación, qué podrá pensar el ciudadano común que no tiene ningún tipo de investidura para defenderse de una mentira de esta magnitud”.

Las peleas han dejado un mal sabor en el país, han puesto en tela de juicio la legitimidad tanto de las tres instituciones clave y han desperdiciado mucho tiempo que debía ser utilizado en resolver los verdaderos problemas del país.

2. LA CRISIS DE LAS CORTES

Un crucero que tomó la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, hizo estallar la crisis en el Palacio de Justicia. Por ese episodio el país se enteró de que los magistrados tienen derecho a tomar un permiso remunerado de cinco días hábiles cada mes. Y eso rebosó la copa de la opinión pública ya molesta por escándalos de otros togados.

Las encuestas que hace cuatro años le daban al sistema de Justicia una aprobación pública del 60 o 70 por ciento se han descolgado a niveles de 30 y 40 por ciento hoy.

El episodio, además, fue el detonante para sacar trapitos al sol de los altos tribunales, aún más preocupantes. Se empezó a saber que en el interior de las cortes, por ejemplo, la temperatura en los debates no se compadece con la majestad de la Justicia. Por primera vez en la Corte Constitucional se están cruzando insultos con palabras de grueso calibre entre unos y otros magistrados.

En la Corte Suprema, en una salida inusual, un magistrado renunció porque tenía reparos en cómo se está conduciendo la misma. En el Consejo de Estado demostraron una especial incapacidad para llenar con prontitud las vacantes, porque ya no eligen al que más méritos tenga sino que se convierte en un pulso según las palancas que tenga cada aspirante o de cuál universidad provenga. 

Y en el Consejo Superior de la Judicatura unos magistrados armaron todo un escándalo porque se destinaron recursos a la formación jurídica de las comunidades indígenas, pero se quedaron callados cuando aparecieron grabaciones que dejaban en evidencia preocupantes irregularidades de otro magistrado, Henry Villarraga.

El caso de este magistrado cerró el difícil año de las cortes. En el país no se tiene memoria de un magistrado de una alta corte que haya tenido que dejar su cargo por aparecer en unas grabaciones comprometedoras. Pues en ellas, Villarraga conversaba con un coronel detenido por los llamados falsos positivos, y mencionaron reuniones clandestinas, lo cual no le queda bien si se tiene en cuenta que la sala a la que Villarraga pertenece debía tomar decisiones importantes sobre su caso.

El problema de fondo es que Henry Villarraga no era un magistrado cualquiera, era juez de jueces, el que se encargaba de evitar la corrupción de los jueces. Y si la cabeza de la pirámide se corrompe no es extraño que el resto también.

3. CORRUPCIÓN EN EL REPARTO

Otra gota que rebosó la copa fue el destape de lo que en los medios se llamó como el carrusel de Paloquemao. En el corazón de la Justicia de Bogotá, donde se ubican los juzgados municipales, se descubrió un cartel que vende todo al mejor postor: desde los 500.000 pesos que cobran para amañar el reparto de una audiencia, es decir, a cuál juez le corresponde presidirla; hasta los 60 millones de pesos que el condenado le paga a ese mismo juez para que le dé la libertad o detención domiciliaria.

El caso, curiosamente, solo se conoció porque un extraditado colombiano contó, en una corte de Estados Unidos, cómo pagaba sobornos a jueces en Bogotá y el gobierno de ese país puso agentes para sacar adelante el caso. Gracias a este escándalo se podría entender entonces por qué personajes peligrosos ‘pagan’ sus penas desde la comodidad de sus lujosas casas.

Y lo más preocupante es que no es el único caso. Al Consejo Superior de la Judicatura llegó en agosto un informe en el que aparecen 123 denuncias que han interpuesto los jueces de ejecución de penas de Bogotá por posibles delitos, como pérdida de procesos, fuga de presos e irregularidades en la radicación y el reparto de casos. En ellos podrían estar involucrados funcionarios judiciales, pero ninguna investigación se ha adelantado.

Hace apenas una semana, esta revista denunció cómo en el Tribunal Superior de Bogotá están con los pelos de punta por un informe técnico que revela que manipularon el reparto del caso de Julio Gómez, uno de los cerebros del cartel de la contratación. Lo cual se sumó a un anónimo, según el cual, él habría pagado 1.800 millones de pesos a un magistrado por esa vuelta.

El país está preocupado por la Justicia. Pero tal vez no tiene claro lo grave que es el problema. Lo que está ocurriendo hoy puede provocar un impacto igual o peor que el del holocausto del Palacio de Justicia. Hace 28 años, la toma del M-19 provocó la muerte de brillantes magistrados y le dio un golpe al Estado del cual aún no se repone. Y hoy, dentro del Palacio reconstruido, ya sin operaciones de asalto ni dramáticas llamadas telefónicas, lo que está ocurriendo puede estar destruyendo la esencia misma de la Justicia.
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