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| 5/29/2005 12:00:00 AM

¿Escogidos a dedo?

Los contratos de Santander han causado una avalancha de denuncias. En unos casos acusan de corrupción y, en otros, de intromisión de los paramilitares.

Hace unos días una inusual euforia inundó el departamento de Santander. Varias personas del Comité de Gremios, la Cámara de Comercio, la Andi y Fenalco, celebraban que la gobernación suspendió una licitación para elaborar 110.000 kits escolares. Lo tomaban como un primer logro luego de una decena de solicitudes de investigación por la forma como el gobernador, Hugo Aguilar Naranjo, ha celebrado contratos, seis de los cuales, firmados este año, suman más de 300.000 millones de pesos. Esto lo ha tenido en la mira de la opinión pública, pues sus detractores lo acusan de evadir la ley para favorecer a sus amigos y copartidarios. Los más críticos aseguran que incluso en algunos de los negocios podría haber participación de los paramilitares.

La idea de que hay supuestas irregularidades se ha visto reforzada por las batallas jurídicas en que han quedado envueltos los contratos y las objeciones que han recibido las licitaciones. En el caso de los kits escolares, con un valor cercano a los 3.000 millones de pesos, el secretario de Educación, Carlos Enrique Pinilla, admitió ante los mismos proponentes que había dudas en los términos del contrato. "No sé dónde queda el edificio de la Fiscalía, y no lo quiero saber", dijo. Luego se suspendió la licitación hasta que su mismo despacho las aclarara.

Ha sido tal el estupor entre los santandereanos que este año se han realizado marchas, protestas y un multitudinario foro anticorrupción. Allí, 23 gremios, seis universidades, seis organizaciones no gubernamentales y 156 personas firmaron una solicitud conjunta al procurador general, Edgardo Maya, para que su despacho asuma directamente las investigaciones.

El gobernador Aguilar dijo a SEMANA que el problema es que se ha enfrentado a "los intereses económicos de una manada de bandidos que siempre han tenido el poder político aquí". Según él, luego de quitarle privilegios a la tradicional clase dirigente, como el manejo de burocracia y presupuestos, han venido los reclamos. "Nunca nadie protestó antes por la forma como estaban dejando en ruinas las finanzas del departamento".

Son tres los contratos que más polémica han generado. El del peaje a la entrada de la Mesa de los Santos, un exclusivo sector de turismo, la concesión de la licorera y la del chance. En el primer caso el manejo del recaudo del peaje, que era realizado por una organización sin ánimo de lucro, fue otorgado por medio de una licitación cuestionada a una firma privada por un término de 20 años. Se critica que anteriormente las utilidades se reinvertían en la vía y ahora quedan en manos de un particular. En el caso de la licorera denunciaron que la Empresa de Licores de Cundinamarca tenía el contrato, pero se le entregó de forma amañada a una empresa de Santander.

Algo similar dicen que ocurrió con el contrato de concesión del chance, un negocio que estaba en manos de la Unión Temporal Enapuestas. Cuando ya transcurría el tercero de los cinco años acordados, la Lotería de Santander suspendió el contrato con el argumento de que la naturaleza jurídica de la empresa no llenaba los requisitos de ley. Luego de una cuestionada licitación el contrato se adjudicó a la firma de Valledupar Apuestas Unidas S.A. Los críticos aseguran que esta empresa no ofrecía las mejores garantías y su propuesta era la menos rentable para el departamento.

Sin embargo la mayor preocupación de los santandereanos fue la versión que circuló del supuesto interés de paramilitares en este negocio. Se mencionó que dos jefes de este grupo, 'Jorge 40' y 'Ernesto Báez', estarían enfrentados por su manejo. Por eso las miradas se concentraron en la empresa ganadora recién llegada del Cesar, área de influencia de '40'. Según varias fuentes consultadas por SEMANA, esta empresa tiene una trayectoria de años en esa región y no se conoce de investigación alguna relacionada con este tipo de actividades. "No sé de dónde salen ese tipo de conjeturas", dice Victorio Marrugo, representante de esa empresa en Santander, han llegado a decir que en nuestras oficinas hay gente armada hasta los dientes y lo único que tenemos es un celador. Para nada la empresa ha contactado a esos grupos".

También vincularon esta firma con los negocios de la empresaria de apuestas Enilce López, a la que llaman 'La Gata', quien tiene el control de la mayoría de estas concesiones en la Costa. "Jamás, dice enfático Marrugo, tal vez la especulación surge porque dos personas que nos asesoraron han trabajado con ella".

En medio de los rumores resultaron sorpresivas las declaraciones del gobernador Aguilar, quien aseguró a SEMANA que él y el gerente de la Lotería fueron amenazados por los paramilitares para que no le quitaran el negocio a los anteriores concesionarios. "Un tipo que se hacía pasar por un tal Báez me llamaba y me decía que cuidado le quitaba el chance a su amigo", dice Aguilar. Para él estas presiones estarían motivadas por Álvaro Garzón, representante de Enapuestas, quien estuvo en varias oportunidades en Montería. ¿Por qué una visita a esta ciudad se asocia con reuniones con paramilitares? "Sé de por lo menos 10 viajes en línea comercial y cuatro en vuelos charter buscando que los paras presionaran. Yo conozco cómo suceden esas cosas", dice Aguilar, quien tiene experiencia como policía del antiguo Bloque de Búsqueda.

Garzón, por su parte, dijo a SEMANA que efectivamente sí hizo "de tres a cuatro viajes" a Santa Fe de Ralito, pero sólo en "dos oportunidades, aproximadamente" se reunió con "el doctor Báez y don Julián Bolívar", dos jefes paramilitares. Según Garzón, las reuniones eran para ver la posibilidad de vincular desmovilizados a su empresa. "No dijeron nada, ni dejaron entrever interés alguno sobre la licitación", dice.

De las versiones encontradas sólo queda una gran confusión entre los santandereanos. Por un lado, aún los organismos de control no han dado a conocer su veredicto sobre la transparencia de los contratos celebrados por la gobernación. Y por el otro, la oscuridad sobre la posible injerencia de los paramilitares en la concesión del chance ha dejado un mal sabor pues en este tema no se sabe con certeza quién es quién.
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