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La recompensa que ofrece Estados Unidos por los 50 de las Farc es de 75 millones de dólares. En el listado, ya hay que descartar a uno que está muerto. Élmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’ , fue dado de baja por el Ejército en diciembre pasado

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Espaldarazo a Uribe

Estados Unidos se metió de frente en la guerra contra el narcoterrorismo de las Farc, una decisión que favorece a Álvaro Uribe.

25 de marzo de 2006

Una de las manifestaciones de apoyo más importantes de Estados Unidos al presidente Álvaro Uribe se conoció el miércoles de la semana pasada. cuando el fiscal general norteamericano, Alberto Gonzales, presentó cargos criminales contra 50 líderes y miembros de las Farc. Los acusó de suministrar más de la mitad de la cocaína que circula en el mundo. "Esta es la mayor acusación por narcotráfico jamás presentada en la historia de Estados Unidos y alimenta nuestra esperanza de reducir la narcoviolencia en Colombia y sofocar la marea de drogas ilegales que entran a nuestro país", dijo Gonzales en conferencia de prensa desde Washington D. C.

En realidad, pocos entendieron el alcance de esta divulgación. Bien se podría pensar que la decisión de la justicia norteamericana es una estrategia política que les puede funcionar a ambos gobiernos. Para los norteamericanos es la primera vez que logran judicializar a un grupo que han tenido en la mira durante varios años. Y a Uribe la noticia le cayó como anillo al dedo. Este apoyo se presenta en momentos en que su estrategia militar para capturar a los peces gordos no ha funcionado y la guerrilla ha manifestado reiteradamente que no está dispuesta a hacer la paz con él.

Para Uribe es un triunfo saber que antes de que termine su mandato la nación más poderosa del mundo está de su lado. Por un lado, su permanente discurso contra las Farc en el que los tilda de de terroristas, secuestradores, violadores de los derechos humanos, asesinos y narcotraficantes, cuenta ahora con el apoyo explícito de Estados Unidos y deja en la palestra a esa organización ilegal frente a la comunidad internacional. A la guerrilla le será cada vez más difícil vender su discurso revolucionario cuando es calificada por Washington como el cartel del narcotráfico más grande de la historia criminal. Y al mismo tiempo, se prevé que la administración del presidente estadounidense George W. Bush desempeñe un papel más directo en la guerra contra las drogas y la guerrilla, ayudando así a su principal aliado en América Latina. La analista Cynthia Arnson, directora del Programa para América Latina del Woodrow Wilson Center, un centro de análisis independiente con sede en Washington, le dijo a esta revista: "La importancia del 'indictment' es más política que jurídica. Los cargos contra las Farc ayudan bastante al presidente Uribe. Refuerzan la caracterización del tipo de organización que él ha dicho serían las Farc".

Como era de esperarse, hay quienes en Colombia no están de acuerdo con esta guerra jurídica emprendida por el Departamento de Justicia y la califican como una inadmisible injerencia en los asuntos de la política nacional. En el país, con este anuncio, se percibió cada vez más lejos un acuerdo de paz definitivo con la guerrilla, ya que la extradición es vista como un escollo para cualquier negociación. "Con quienes tenemos que hacer la paz ahora van a ser extraditados", dijo Antonio Navarro Wolf. Sin embargo, el gobierno no descartó del todo una nueva oferta. "Si se acogen a un proceso de paz, tendrán la garantía de no ser extraditados", sostuvo el vicepresidente Francisco Santos.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le dijo a SEMANA que "la efectividad de la extradición está en riesgo de ser completamente subvertida por las políticas de desmovilización del gobierno colombiano que permiten penas reducidas mientras sus organizaciones mafiosas continúan intactas".

No opinan lo mismo los norteamericanos. "Podría ser el principio del fin para las Farc y su estilo salvaje de hacer justicia", dijo en rueda de prensa Karen Tandy, la directora de la DEA. Esta mujer tomó la decisión de enviar a 10 agentes especiales que permanecieron en Colombia los últimos cinco meses y con la ayuda del Ejército, la Policía y la Fiscalía recopilaron pruebas para aportarlas al indictment contra los 50 de las Farc. No fue una tarea fácil. No obstante, viajaron a Washington con valiosos testimonios de reinsertados de la guerrilla que decidieron contarles cómo es la estructura de la organización, las operaciones de narcotráfico y los crímenes de las Farc. Estos hombres serán testigos protegidos durante el juicio en la Corte Federal del Distrito de Columbia en donde se juzgarán a los primeros tres guerrilleros que ya fueron pedidos en extradición y que ya habían sido capturados por el Ejército. "Haremos lo necesario para cumplir con las órdenes de captura de los demás y proceder a extraditarlos", dijo Camilo Ospina, ministro de Defensa.

La colaboración de estos testigos les servirá además a los siete fiscales que acusan en las cortes federales a Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad' y a Anayibe Rojas, alias 'Sonia'. Las audiencias contra 'Simón Trinidad' se reanudarán este lunes y el gran jurado escuchará además a 10 miembros de inteligencia del Ejército y de la Policía colombiana, que conocen como pocos el corazón de la organización guerrillera.

Por ahora, ésta es únicamente la punta del iceberg. Al ser las Farc acusadas por Estados Unidos como cabecillas del narcotráfico en el mundo, el Departamento del Tesoro comenzó a perseguir sus finanzas. No hay que olvidar que unas semanas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que marcó un hito. A partir de esa fecha se fijó una meta: eliminar la conexión estrecha entre el terrorismo internacional, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero y el tráfico ilícito de armas, es decir, el narcoterrorismo.

El anuncio del miércoles pasado es un paso en esa dirección. Por eso no se debe descartar que en un futuro Estados Unidos termine pidiéndole al presidente Álvaro Uribe que, a través del mecanismo de la cooperación internacional, también extradite a los miembros de las Farc como terroristas. En otras palabras, la tan promulgada guerra al terrorismo de Bush llegó a Colombia.