Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/12/05 20:00

Economías criminales: el gran obstáculo del posconflicto

La implementación de los acuerdos en los territorios donde este tipo de economía impera no será tarea fácil.

En 2012 las bandas criminales tenían 4.135 integrantes y, si bien esa cifra se redujo en los dos años siguientes, este año hay 3.552 personas vinculadas a ellas. Foto: León Darío Peláez

Las Farc han sido por largo tiempo una importante fuente de inseguridad para los colombianos, por tanto, lograr que abandonen la lucha armada debería llevar a una mejora significativa de la seguridad en el país. Paradójicamente, las realidades rurales y urbanas hacen pensar que otras formas preexistentes de violencia y de factores de inseguridad probablemente se reproducirán e, incluso, podrían empeorar si no se atienden de manera adecuada y oportuna.

Pese a que la violencia homicida se ha venido reduciendo sistemáticamente en la última década, Colombia sigue siendo un país con una tasa de homicidios inaceptable, incluso en el marco de América Latina, región reconocida como la más violenta del hemisferio occidental. Muchos de los estudios que hemos hecho en la Fundación Ideas para la Paz (FIP) muestran que los altos índices de violencia están relacionados con el crimen organizado asociado a economías ilegales.

El mercado ilegal de las drogas, la minería criminal y otras economías criminales son un reto considerable de tiempo atrás. En regiones como el Pacífico, Bajo Cauca y Catatumbo hemos encontrado que estas actividades han llegado a un nivel de maduración y adaptabilidad que nos obliga a preguntarnos por las condiciones reales para la implementación de los acuerdos en esos territorios.

Asociadas a estas economías están las bandas criminales. Estas, pese a las transformaciones que han tenido producto de los golpes que les ha dado la fuerza pública en la última década, se han mantenido con aproximadamente 3.500 integrantes en poco más de 160 municipios. La experiencia de otros procesos en Colombia y de diferentes casos alrededor del mundo ha mostrado que las economías criminales y los actores que en ellas participan pueden sabotear la etapa de posconflicto, poniendo en riesgo a las comunidades y los excombatientes. No podemos ignorar que algunos miembros de las Farc migrarán hacia otros grupos armados como de hecho está sucediendo en Catatumbo, o que estructuras de esta organización no se desmovilicen como posiblemente ocurra con las que operan en Putumayo.

No es previsible, por otra parte, que la paz con las Farc tenga un impacto directo sobre la situación de seguridad en las grandes ciudades. Es un hecho que a nivel urbano el crimen y la violencia se despegó de la dinámica del conflicto armado por lo menos desde 2008. Además, es poco probable que los excombatientes de las Farc, debido a su perfil más rural, se ubiquen en ciudades como ocurrió con muchos de los desmovilizados de las AUC. En los grandes centros urbanos ha venido creciendo como un gran desafío en los últimos años el fenómeno del microtráfico. Alrededor de este fenómeno, pese a las sucesivas guerras que le ha declarado el Estado a las llamadas ollas de vicio, se han llegado a formar verdaderas ‘zonas de impunidad’ en las ciudades, en las que se concentran de manera persistente y resistente diversos delitos y problemáticas sociales.

Finalmente, vale la pena advertir sobre la relación entre corrupción y posconflicto. Si miramos nuestras realidades locales, la forma de hacer política y las experiencias internacionales, vemos con preocupación que la inyección de recursos que requerirá la implementación de los acuerdos se convierta en un nuevo botín para los poderes locales que tradicionalmente han visto en la administración de lo público una alcancía y no un medio para construir Estado. Claramente, este escenario afectará negativamente la seguridad, al incidir en la obstaculización en las transformaciones que requiere la paz estable y duradera.

Como vemos, la firma de la paz con las Farc no necesariamente traerá dividendos en materia de seguridad. Esto dependerá de que avancemos en políticas de seguridad y que hagamos los diseños institucionales que nos permitan consolidar los logros alcanzados y afrontar los factores que ya están sembrando inseguridad en campos y ciudades.

*Directora ejecutiva, Fundación Ideas para la Paz.

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