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| 7/28/2007 12:00:00 AM

¿Está fracasando la Ley de Justicia y Paz?

A dos años de la ley, SEMANA organizó un debate con algunos protagonistas y analistas del conflicto armado para hacer un balance. Todo un viaje a las lógicas de la guerra y las dificultades para lograr la paz en Colombia.

Esta semana se cumplieron dos años de entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz. La Ley se aprobó para darles una salida jurídica a los paramilitares desmovilizados que han cometido crímenes de lesa humanidad. Pocas iniciativas han suscitado tantas críticas, a la vez que tantas expectativas, pues de su aplicación depende en gran medida pasar la página de la violencia paramilitar y pacificar muchas de las regiones afectadas por estos grupos. Sin embargo, su lenta aplicación, el escepticismo frente a la voluntad de los victimarios de aportar a la verdad y la reparación, y la falta de garantías para las víctimas cuestionan sus verdaderos alcances. A esto se suma la reciente sentencia de la Corte Suprema que deja sin piso el indulto para cerca de 18.000 desmovilizados (ver artículo). SEMANA convocó a siete destacados expertos para hacer un balance sobre los dos primeros años de la Ley: Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas; Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación; Frank Pearl, alto consejero para la Reincorporación; el senador Luis Fernando Velasco; Camilo González Posso, director de la Fundación Indepaz, y los analistas Rafael Nieto Loaiza y Luis Eduardo Celis. Estas fueron sus reflexiones, con la participación del director de semana, Alejandro Santos.

SEMANA: Hace dos años entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz. Hasta ahora los resultados son pocos en materia de verdad, justicia y reparación ¿Está fracasando su implementación?

Gallón: Las cosas van mal y si siguen así, irán peor. La Ley supuestamente establece un procedimiento de justicia para un proceso de paz, pero hasta ahora ni lo uno ni lo otro. Los anuncios que hace el gobierno apuntan a mayor impunidad y desconocimiento de las obligaciones internacionales, como insistir en considerar el paramilitarismo como un delito de sedición, un delito contra el Estado. Es claro que a los paramilitares no se les está cumpliendo lo que pactaron, que, entre otras cosas, no conocemos qué fue lo que se pactó. Este proceso se inició en una dirección de impunidad, que fue corregida por la Corte Constitucional y que el gobierno ha tratado de revertir con decretos contrarios a la Ley y a la Constitución. Entonces lo que hay que hacer es enderezarlo para que efectivamente cumpla.

Pizarro: Siempre se habla de un divorcio entre lo que se pactó, que aparece allá como oscuro, y lo que conoció la opinión pública. Eso es absolutamente falso. El problema fue que el gobierno hizo un pacto y luego la Corte Constitucional intervino y ahora la Corte Suprema de Justicia, entonces hay la sensación de que lo que se pacta en el plano político es diferente a las reglas de juego que se imponen con la intervención de las Cortes. Lo que ocurre es que aún no se acepta que estamos en un proceso de justicia transicional que implica, y Gustavo lo sabe, sacrificios en verdad, justicia y reparación, para lograr un objetivo central que es la paz o la transición hacia la democracia. Hoy tenemos 350 personas detenidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Se dice que hay impunidad porque solamente hay 2.600 paramilitares postulados para la Ley. Hoy 500 crímenes que estaban en la impunidad tienen responsables, con apenas el 1,5 por ciento de las versiones libres previstas. Si uno compara con otros países, en Colombia es donde menos se puede hablar de impunidad.

Velasco: Precisemos que si hay gente en la cárcel es porque la Corte dijo -y el gobierno se opuso radicalmente- que quien no colaborara, perdería los beneficios. El país debió meterse en un proceso político para desmontar el paramilitarismo, no para negociar con delincuentes políticos, que es distinto. Pero se hubiese necesitado un intento de consenso que no se hizo. Me aparto del argumento de Gustavo. Creo que en un acuerdo de paz, inclusive en un sometimiento, se debe sacrificar mucha justicia a cambio de paz. Pero lo que está pasando en Colombia es que estamos sacrificando muchísima justicia y no estamos teniendo algo a cambio. El desmonte de la estructura paramilitar no se está logrando en Colombia.

SEMANA: Hay un dilema entre lo político y lo jurídico en todo el proceso. ¿Cómo resolverlo?

Gallón: Ese es un falso dilema. Hay una parte de judicialización -bien poca por cierto- que se está haciendo. Pero de ahí no se puede concluir que se ha hecho justicia. Se han iniciado unos procesos en relación con unas 10 ó 20 personas y hay otros en cola, vamos a ver en qué para todo esto. El objetivo político del proceso debe ser la paz, y la justicia ayuda justamente a conseguirlo. Creo que la Corte fue sabia en encontrar un balance entre justicia y paz como dos derechos constitucionales.

González: En materia de verdad, hay que reconocer hechos importantes como el destape de la para-política. Pero es preocupante lo que está ocurriendo con los jefes paramilitares en las versiones libres, que es una operación de encubrimiento. Sueltan algunos datos de impacto y algunas cosas para negociar la verdad que van a publicar y para proteger sus bienes. Entonces mencionan a uno u otro alto funcionario, sacan unos muertos, todo para mostrar que tienen mucho por contar. Pero eso sí, que no les pidan bienes ni rutas de narcotráfico. En materia de verdad, el proceso está empantanado.

Pizarro: Insisto en el tema de la impunidad. Naciones Unidas y Europa fueron muy inteligentes. En Yugoslavia dijeron: vamos a juzgar a 90, no a los 20.000 criminales que hubo. En Ruanda mataron 800.000 personas a machete durante 100 días, eso requiere mucha mano de obra, pero apenas se juzgó a 36. En Sierra Leona les cortaron las manos a 200.000 personas del bando contrario para que no pudieran empuñar las armas, y sólo se juzgó a tres. Ellos están haciendo una justicia ejemplarizante. Juzgar a 150 de manera ejemplarizante sería extraordinario. Si pretendemos juzgarlos a todos, la justicia colapsa. Elegimos el peor camino, el del juzgamiento masivo.

SEMANA: Ver casos internacionales es una manera de ver el proceso. Sin embargo, hay matices. En África había unos Estados fallidos y el sector privado es prácticamente inexistente, en Colombia hay una institucionalidad distinta, una estructura empresarial fuerte y un Estado medianamente efectivo.

Pearl: Aunque nuestro tema es la reincorporación, desde nuestra oficina vemos que en este momento es crítico que funcione la verdad, que haya justicia y se repare a las víctimas. Si el programa de reintegración funciona para el 95 por ciento de esta gente, podemos ser víctimas de nuestro propio éxito. Porque la sociedad va a percibir que quienes hicieron daño están recibiendo beneficios y las víctimas no. En ese sentido, desde el gobierno hemos impulsado una iniciativa para equilibrar las cargas y pedirle a la cooperación internacional que ponga la plata prioritariamente en la Fiscalía. Eso se suma a que el gobierno ya tiene garantizados para el año próximo 150.000 millones de pesos para nombrar 218 fiscales nuevos y 800 investigadores para la Unidad de Justicia y Paz.

Nieto: Creo que era inevitable la judicialización del proceso de paz con los paras. No me preocupan los impactos colaterales de las decisiones judiciales, sino aquellas que son estructurales, como la que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué vamos a hacer con esos 18.000 tipos que quedaron por ahí volando? ¿Van para la cárcel? Estamos ante la posibilidad de que el proceso colapse, de que esos muchachos se adhieran de nuevo a la violencia simplemente porque su situación jurídica no está resuelta.

SEMANA: Eso agravaría la situación que ya existe con los llamados grupos emergentes.

Celis: Ese es el tema que debería estar discutiendo el país. El paramilitarismo se ha reciclado. Sigue vivo como un ejercicio de control de rentas y de las regiones. Ha ido mutando, pero no se ha superado.

González: Es que se planteó la desmovilización como una desmovilización de las estructuras armadas, pero no de las redes políticas y económicas, que son la esencia del fenómeno.

Nieto: Era inevitable que hubiera un remanente paramilitar, especialmente si el Estado no garantiza la seguridad en las zonas de influencia guerrillera, y si el narcotráfico continúa. Pero no por eso hay que irse lanza en ristre contra el proceso.

Pearl: Uno de los puntos más difíciles del proceso es que todavía no hay un programa con los incentivos suficientes para los mandos medios. Cuando el jefe está en la cárcel, ellos tienden a quedarse con el negocio del narcotráfico. Por eso los nuevos grupos no son paramilitares en el sentido de combatir a la guerrilla, sino que están más en función de la delincuencia común.

SEMANA: Y la emergencia de nuevos grupos pone en riesgo nuevamente a las víctimas...

González: Es que en la reparación tenemos nuestra ley del embudo. Hasta la fecha sólo se le han restituido bienes a 61 víctimas. Mientras no terminen los procesos judiciales, no estará claro cuál es el monto de la reparación. Y eso es una trampa. La reparación estrictamente judicial nos lleva al infinito. Por eso insistimos en la necesidad de una reparación por vía administrativa.

SEMANA: Ante estos problemas, ¿cuáles son las salidas?

Nieto: Lo más importante es una respuesta rápida del Ejecutivo y del Congreso para modificar la norma penal que permita el indulto. ¿Quiere la sociedad que esos 18.000 se devuelvan al monte porque no hay salida judicial? Es necesario rescatar lo positivo del proceso. No hay que decir que está emergiendo un nuevo paramilitarismo. Lo que viene ahí son bandas de narcotráfico, y punto. Porque por la vía de criticar el proceso con las AUC se les está dando a los emergentes legitimidad hacia adelante.

Velasco: Yo creo que hay que repensar todo el proceso. Primero, porque sin consenso es indefendible hacia adelante. Esta es una negociación política que se tiene que enfrentar con colaboración con la justicia.

González: Lo más urgente, a mi juicio, es que se complete la legislación en materia de reparación a las víctimas, dándole mayor importancia a la reparación por vía administrativa.

Pizarro: Yo sí creo que hay que repolitizar el proceso con los paras, porque si permitimos que esto se siga judicializando al extremo, va a fracasar. En segundo lugar, la Comisión Nacional de Reparación se va a embarcar en tarea de tres vías: la reparación vía judicial, la vía administrativa y una fórmula al estilo chileno, donde todos los organismos del Estado les den beneficios a las víctimas. Que las 70.000 víctimas inscritas en la Fiscalía tengan acceso a salud, educación, estén en todos los programas del Estado. Las reparaciones se van a hacer con un plan piloto en 15 comunidades que incluyen los sindicatos, los kankuamos, las Madres de la Candelaria, entre otras.

Pearl: Me parece increíble que el obstáculo para que logremos la paz en Colombia seamos quienes ostentamos posiciones de poder, a veces por posiciones personalistas, a veces por pretextos políticos o ideológicos, y casi siempre de buena fe. Todos debemos estar a la altura de que lo quieren los ciudadanos colombianos, que es la paz, con responsabilidad.

Gallón: Yo insisto en que lo importante es desmontar el paramilitarismo. Mientras esto no ocurra, se podrán buscar fórmulas jurídicas para la sedición, se podrán hacer mil cosas, pero esto va a continuar. ¿Qué se necesita para desmontar efectivamente el paramilitarismo? Que el gobierno efectivamente combata a los grupos paramilitares.

Celis: Creo que es urgente llevar al Congreso una ley de reparación. Y en segundo lugar, diseñar una política de la promoción de la democracia local. A este país le hace falta mucha democracia, especialmente en las zonas apartadas. Porque corremos el riesgo de que en las elecciones de octubre volvamos a ver en 350 municipios que los grupos armados vuelvan a imponer candidatos a punta de fusil, y así le den un tiro de gracia a la democracia, como ya ocurrió en el pasado. Ese déficit de democracia también es un déficit de este proceso.
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