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| 7/14/2017 11:18:00 PM

¿Está la Fiscalía de la CPI cerrando el cerco a los oficiales por los falsos positivos?

El experto Raúl Sánchez Sánchez analiza el informe de la Corte Penal Internacional sobre Colombia y que generó una enorme polémica esta semana.

Desde el año 2011, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que realizaría un análisis preliminar de la situación de conflicto armado en nuestro país, identificando una serie de delitos y conductas consideradas como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En el año 2012, emitió un documento contundente de 99 páginas en donde señala que actores armados, por cuanto tiempo, en que zonas y que delitos se cometieron en desarrollo del conflicto armado. En este informe, todos los actores del conflicto, como eran las dos guerrillas de la FARC y el ELN, las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares cometieron delitos de lesa humanidad, y a excepción de este último grupo, todos cometieron crímenes de guerra. Asimismo, dicho reporte analizó los dos mecanismos de justicia transicional existentes para la época, es decir, la ley de Justicia y Paz y el Marco Jurídico para la Paz.

Dos años después, la misma Fiscalía, le llama la atención al Estado colombiano por la baja capacidad investigativa relacionada con los delitos sexuales, el desplazamiento forzado y se declara atenta a las investigaciones por falsos positivos. En el año 2016, reitera su preocupación sobre los tres mismos ítems de su informe del 2014 y agrega un análisis a la incipiente Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como mecanismo de justicia del posconflicto.

Entre reporte y reporte, podríamos señalar que la Fiscal de alguna manera da su bendición a la JEP, en el sentido que la considera un mecanismo adecuado de justicia transicional y se declara atenta al desarrollo de la misma.

En el reporte del 2012, expresa que, de acuerdo a la información recaudada, 207 miembros de las Fuerzas Armadas habían sido condenados por falsos positivos. En el del 2016, y a corte de febrero de ese año, esta cifra aumenta, en la medida en que se habían dictado 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las Fuerzas Armadas, siendo los de más rango alto, apenas dos coroneles.

El trabajo realizado por la Fiscalía de la Corte Penal, puede tener varias lecturas. Lo más significativo, es que se trata de un examen preliminar, es decir, una mirada a la situación de guerra que vivió el país por tanto tiempo, sin entrar en detalles de los presuntos responsables en términos individuales. De igual manera, hace una serie de recomendaciones en materia de investigación para que el Estado las tenga en cuenta, especialmente, en materia de delitos sexuales. Se infiere también, que no se opone a los mecanismos de justicia del posconflicto, tales como la ley de Justicia y Paz, el otrora Marco Jurídico para la Paz y la reciente Jurisdicción de Paz, en la medida en que estas funcionen, lo que significa que haya justicia (procesos penales genuinos, independientes y garantistas), verdad y reparación, que creo son estándares que cumplirá la JEP.

Ahora bien, en lo relacionado con los falsos positivos, las cifras mencionadas en los informes del 2012 y del 2016, darían la sensación de que el Estado colombiano está haciendo la tarea en materia judicial, lo cual, a su vez, implicaría que la Corte Penal Internacional no tendría porque intervenir. Sin embargo, en el documento que dio a conocer la revista Semana.com acerca de la postura de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional referente a los falsos positivos, y que está en manos del Gobierno, el mensaje es otro. Inicia desconfiando de la gestión de la justicia, si se tiene en cuenta que los condenados no tienen un alto grado, solamente dos coroneles condenados a la fecha. En el mencionado informe, se habla que la responsabilidad iría más allá y abarcaría a 26 generales y 3 coroneles. En segundo término, se introduce en la discusión, de si la responsabilidad de mando de los militares, establecida en la JEP, cumple o no con los estándares señalados el artículo 28 del Estatuto de Roma, relacionado con la responsabilidad del superior militar. Y en tercer lugar, se convierte en una recomendación al Estado para que investigue de manera más profunda y que siga la cadena de mando, en palabras claras, a los altos mandos por los falsos positivos.

Todo lo anterior nos arroja la siguiente pregunta. ¿Que pasaría si el Estado no investiga de manera exhaustiva los falsos positivos, bien sea por la Justicia Ordinaria o la JEP?  La consecuencia lógica, es que exista el riesgo que la Fiscalía de la Corte Penal, pase de un examen preliminar a una acusación en La Haya, en contra de las personas señaladas en el informe, o al menos contra los de más alto rango.

* Texto escrito por RAUL EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ. Abogado y profesor de la universidad del Rosario. Magister en Derecho Penal Internacional de la Escuela Económica de Londres y Ciencias Políticas (LSE). Abogado admitido en la barra de abogados litigantes de la Corte Penal Internacional.

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