Estado: ¿a indemnizar por secuestro de uniformados?

Luis Felipe Rojas Cruz es uno de los centenares de policías y militares que estuvieron cautivos por la guerrilla de las FARC cuando este grupo pretendía forzar un intercambio de “prisioneros de guerra” entre uniformados en su poder y guerrilleros presos.
 
En 1998, Rojas Cruz se desempeñaba como auxiliar de policía de la octava compañía antinarcóticos en Miraflores, Guaviare. El 3 de agosto de ese año, dicho municipio fue tomado por las FARC. El cruento ataque fue considerado entonces uno de los mayores golpes a la fuerza pública. Tras la toma, 19 uniformados resultaron muertos, 30 heridos y 128 capturados.
 
Por la toma de Miraflores, el 26 de agosto del 2008 el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 3.000 millones de pesos al encontrar negligencia del Estado por los daños causados a la población civil que sufrió el combate.
 
Rojas Cruz y la mayoría de uniformados secuestrados recobraron su libertad después de la liberación unilateral por parte de las FARC el 28 de junio del 2001, en el marco de los diálogos de paz del Caguán. Buena parte de ellos se encontraban prestando servicio militar obligatorio y salieron de las Fuerzas Militares por periodo cumplido. Otros salieron del servicio por sufrir estrés postraumático. Los que certificaron al menos el 75% de incapacidad laboral recibieron pensión. Otros, pensionados por “incapacidad mental”, reciben cerca de un millón de pesos mensuales.
 
Rojas Cruz, al igual que varios de sus compañeros de cautiverio, demandó al Estado. ¿Por qué demandaron? “Fundamentalmente por las fallas en el servicio”, responde Yobany Ardila, liberado y miembro la fundación Cadenas de libertad, organización que agrupa a algunos de ellos. “Muchos uniformados estaban en zona roja cuando no debían estarlo. Tampoco hubo apoyo debido en el momento del combate”, explica.
 
Ardila agrega que además hubo fallas después de haber sido liberados. “Nadie salió con trabajo o con oportunidades. Llegamos al servicio con las manos vacías y así salimos”, plantea. Por eso, según cálculos de Cadenas de libertad, el 90 por ciento de los liberados en el 2001 demandó. Algunas demandas prosperaron, otras están apeladas a la espera de respuesta.
 
La demanda de Luis Felipe Rojas, por ejemplo, surtió un proceso de nueve años. El Tribunal Administrativo del Meta falló en segunda instancia a favor suyo e incrementó la indemnización estipulada en la primera sentencia. En ambas decisiones judiciales se contempló a los familiares de Rojas en primer grado de consanguinidad (madre y hermanos) como víctimas, por lo que se estipula una indemnización a cada uno de ellos. En total, la familia de Rojas recibirá 285 millones de pesos.

No obstante, la Policía Nacional le informó a Semana.com que a Rojas Cruz le fue reconocido el pago de una pensión "equivalente al 85 por ciento del sueldo básico de un suboficial en el grado de Cabo Segundo". Y que además, "recibe atención médica por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional".

En cuanto a los miembros del ejército, un oficial le dijo a SEMANA en septiembre del 2011 que "Con todos ellos cumplimos con lo de ley, y cuando se puede hacer algo más, se hace”, en referencia a aquel grupo de uniformados que salió en el 2001. (Ver artículo Los olvidados de la patria). En ese momento no existía un protocolo para secuestros masivos, como existe hoy.
 
Según Silvio González y Silvia Oriana González, abogados de Luis Felipe Rojas, hoy dedicado a la agricultura, es un fallo histórico, pues contempla la responsabilidad del Estado en los casos en que miembros de la fuerza pública fueron secuestrados por grupos guerrilleros. Y puede dar luz verde a otras demandas que no han sido falladas.
 
Según cálculos de Semana.com, desde 1996 unos 420 policías y 256 militares cayeron en manos de las FARC, la mayoría de ellos retenidos en las tomas ocurridas entre 1998 y el 2000, y liberados en el 2001. Pero tuvieron condiciones y garantías distintas a los que pasaron más años en la selva y recobraron la libertad a partir del 2008. Los que salieron recientemente tienen más estabilidad y apoyo que los liberados en el 2001, como afirma Yobany Ardila.
 
Catorce años después de los hechos, se empiezan a resolver las acciones judiciales de centenares de servidores públicos que sufrieron en carne propia los estragos del conflicto.