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| 5/14/2011 12:00:00 AM

Estado de coma

Detrás de los escándalos de corrupción hay un sistema de salud que tocó fondo. Como si el invierno fuera poco, al gobierno se le abre un frente más, que es complejo, espinoso y crucial para el país. ¿Cogerá el toro por los cuernos?

Las últimas noticias sobre el sistema de salud parecen sacadas de las páginas más escandalosas de las secciones judiciales. El presidente Juan Manuel Santos denunció una red de corrupción y desfalcos monumentales que ascienden a billones de pesos. El vicepresidente Angelino Garzón comparó a las mafias de la salud, que esquilman estos dineros públicos, con las bandas criminales, los guerrilleros y los narcotraficantes. Y el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, dijo que el gobierno "llegará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga". En las últimas dos semanas solo se habla de expropiación, intervenciones, peculado, mafias, carruseles y hasta de carteles de las EPS.

Las cifras son vergonzosas. Por un lado están las pequeñas mafias que se roban la plata de la salud. Las autoridades ya han detectado saqueos por 30.000 millones de pesos, cifra que puede ascender a 300.000 millones. El presidente Santos dijo que esta es solo la punta del iceberg. Y por otro lado, el gobierno dice que EPS y laboratorios estarían inflando entre 40 y 700 por ciento los precios de los medicamentos y dispositivos que son recobrados al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Eso significaría una pérdida anual de 400.000 millones de pesos al sistema de salud. Ni más ni menos.

Para completar este patético cuadro, la semana pasada la Superintendencia de Salud ordenó "la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de SaludCoop", la mayor EPS del país, con cuatro millones de afiliados, y el retiro de su presidente, Carlos Gustavo Palacino. La justificación son los malos reportes contables, inconsistencias en la información y errores en la gestión. Una intervención del Estado de esta naturaleza solo se había vivido con el lío de los Nule o en el pasado, ya lejano, en la crisis financiera de los ochenta y en el apagón eléctrico de los noventa.

El Superintendente de Salud, Conrado Gómez, anunció que podrían venir nuevas medidas cautelares. "Estamos haciendo visitas a todas las EPS para depurar el sistema de salud". Según Gómez, todavía las visitas no han dejado nada concreto, pero hay seis EPS que están entre ojos.

El asunto ya tiene nerviosos a muchos por las posibles repercusiones en otros sectores. Al fin y al cabo se trata de un 'golpe' a un sistema que anualmente invierte más de 28 billones de pesos, un 6 por ciento del PIB. Algunos analistas creen que el país no ha dimensionado los alcances de la crisis, y algunos banqueros se han alcanzado a asustar porque varias EPS acuden al sistema financiero mientras el Fosyga les gira los recursos que les corresponden. La cartera de SaludCoop con el sector financiero asciende a 300.000 millones de pesos. Una suma que, en manos de una entidad intervenida y de una crisis del sector, obliga a encender las alarmas. Sin embargo, la buena noticia es que los créditos están al día y los banqueros están tranquilos porque la crisis no tiene que ver con problemas de solvencia.

Por su parte, las fiduciarias que administran los recursos del Fosyga (solo por el régimen contributivo ascienden aproximadamente a 12 billones de pesos) se reunieron la semana pasada con el superintendente financiero, Gerardo Hernández, para enseñarle todos los controles que aplican para asegurar los dineros de la salud. Lo que preocupa es que otras EPS se encuentren en situación complicada.

La gran pregunta es si el gobierno está preparado para este reto. El exministro Néstor Humberto Martínez afirma que "el sector está en cuidados intensivos y el médico, que en este caso es el gobierno, debe actuar con cabeza fría para evitar llegar a un último recurso de tener que nacionalizar algunas de estas entidades".

Lo cierto es que la Ley 100 de 1993, que cambió de forma radical la manera como se prestan los servicios de salud en Colombia, ha tenido problemas desde el primer día de su creación. La primera crisis ocurrió pocos años después de entrar en vigencia, con el tema de la doble afiliación, que provocó pérdidas millonarias al fisco que nunca se cuantificaron.

Según Fedesarrollo, el sistema empezó a mostrar diversos problemas a partir de 2001 que se han agravado desde entonces. Otros análisis aseguran que las fallas de la Ley 100 se derivan de la complejidad en su diseño. Que su ambiciosa pretensión de buscar la cobertura universal ha mantenido al sector de crisis en crisis, por su enorme costo. Pero, en el fondo, todos creen que la falta de controles del Estado en los últimos años ha sido la peor causa del desborde de irregularidades. "Se quiso tener un sistema perfecto para que lo manejaran seres imperfectos", dijo un analista consultado por esta revista. Y en este caso, como dice el ministro Santamaría, "cuando el sector privado se mete en temas públicos, el Estado tiene que estar al pie para regular".

Los recientes escándalos les han abierto una gran oportunidad a los críticos del sistema para subirles el tono a sus cuestionamientos. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo cree que hay que echar para atrás todo lo que se hizo con la Ley 100 de 1993, pues considera que el sector privado ha actuado como intermediario y se ha quedado con una tajada de los recursos de la salud en detrimento de los usuarios. Algunos académicos comparten este criterio.

Sin embargo, no se puede desconocer que el modelo implementado de la Ley 100 produjo efectos positivos en varios indicadores. Un estudio de Fedesarrollo en 2009 -a cargo del actual ministro Mauricio Santamaría- demuestra que hubo incrementos importantes en la cobertura, mejoró el acceso efectivo a servicios de salud de los más pobres, aumentó la esperanza de vida, se disminuyeron ciertos tipos de enfermedades y bajó la tasa de mortalidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos cinco años Colombia mantuvo el gasto en salud -un 6 por ciento del PIB- y logró incrementar su cobertura, mientras que otros países invirtieron más pero no lograron resultados. En la clasificación que hace esa entidad, con base en la medición del porcentaje del PIB que se dedica a la salud, Colombia ocupa el puesto 21 en el mundo.

Otro punto polémico fue la sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008. Algunos consideran que al darle a la salud la categoría de derecho fundamental, el sistema se salió de madre porque se desbordaron sus costos. A partir de entonces, los usuarios han podido solicitar servicios y medicamentos que no están incluidos en el POS, a través de un Comité Técnico Científico (CTC), sin necesidad de acudir a una tutela. A esto se agrega que el POS no se actualizó durante mucho tiempo. En consecuencia, los recobros se dispararon. Y como ha dicho el gobierno, esa fue una de las principales fuentes de corrupción en los últimos años.

El escándalo y la respuesta del presidente Santos pusieron al sector salud con los pelos de punta. Hay una gran expectativa. Las grandes preguntas son: ¿qué hará el gobierno? ¿Hasta dónde llegará? ¿Está dispuesto a meterse a fondo para enderezar tanto entuerto? ¿Tiene la voluntad, los recursos y los instrumentos? Se reconoce que el ministro Santamaría es una de las personas que más han estudiado el sistema y, en especial, su dimensión financiera. Pero ¿puede el gobierno enfrentar otro 'chicharrón' cuando en la lista de pendientes le anteceden la emergencia invernal, la reforma a la educación, la restitución de tierras y la reparación a las víctimas del conflicto armado?

Santamaría dice que se va a jugar a fondo. "Lo vamos a hacer con todos los pantalones puestos". Habrá que meterle buena gestión al sistema, dice, y mejor vigilancia. El ministro es partidario de un sector de EPS más reducido que el actual y está convencido de que la actualización del POS es clave.

La frase según la cual cada crisis es una oportunidad está gastada, por su uso excesivo. Pero en la salud los problemas son tan profundos que más vale que en este caso se haga realidad.
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