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| 12/19/2004 12:00:00 AM

Estado de coma

La crisis hospitalaria fue noticia durante el año. Varios cerraron, otros tantos están al borde de hacerlo y los pacientes... esperan

A pesar de los aguaceros torrenciales, este año se realizó en Cartagena el Reinado Nacional de la Belleza. Nada lo sacó de su rutina: desfiles en traje de baño, jóvenes candidatas con exceso de cirugías plásticas, sonrisas postizas, y una ceremonia de coronación que parecía interminable. Pero, ¿por qué este año había podido ser diferente? Si en el país hubiera más conciencia social, ni siquiera se hubiera realizado. Al menos esa fue la ilusión efímera que alimentó Rubén Sabogal, presidente de Asmedas -gremio que agrupa a los profesionales de la salud- cuando en vísperas del concurso le pidió al ministro de Protección Social, Diego Palacio, que interviniera ante las autoridades de Cartagena para que se suspendieran las fiestas novembrinas y a cambio, esos millones de pesos se destinaran para paliar la crisis hospitalaria en el departamento de Bolívar.

Su solicitud no era un acto populista. Por el contrario, era un clamor desesperado para tratar de ponerle freno a una tragedia silenciosa y que este año se llevó la vida de 228 personas sólo en La Heroica. Esas personas dejaron de existir porque nadie las atendió, les cerraron las puertas y murieron mientras sus desesperados familiares les buscaban atención médica.

Se le llama 'paseo de la muerte'. Eso le ocurrió a Ernestina González viuda de Pérez, de 54 años. En la noche del pasado 23 de agosto fue llevada entre escalofríos, vómitos y diarrea desde el barrio Nelson Mandela, un deprimido barrio del sur, a un hospital de la ciudad. Sin carné del Sisben y sin plata en efectivo la rechazaron en el acto con el argumento de la indisponibilidad de camas. Su familia la llevó a otro y luego a otro. Tres horas después y al borde de la deshidratación decidieron correr para Barranquilla. Murió en el camino. No fue la única. Esa misma noche murieron dos pacientes más en condiciones similares. Según cifras de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Salud, Anthoc, en 2004 han fallecido cada mes 19 personas durante el 'paseo de la muerte' en Cartagena.

La suerte de los pacientes que sobrevivieron tampoco ha sido fácil. Angelina Salazar, de 50 años, llegó desde Magangué gravemente enferma de la garganta. La EPS no la atendió porque no estaba a paz y salvo, situación que se sale de sus manos porque la que debe girar el dinero es la institución donde trabaja. La señora hizo una colecta, firmó varias letras y vendió sus mejores enseres hasta reunir los cinco millones de pesos para que la operaran de traquetonomía. La plata fue suficiente para la cirugía pero no para el tratamiento de recuperación. El tubo que le colocaron en el tórax se infectó, por lo que hoy sus hijos piden limosna para tratar de que su madre no se les vaya de este mundo.

Mientras doña Ernestina fue llevada a la tumba y doña Angelina lucha para sobrevivir, el Hospital Universitario de Cartagena está cerrado y en liquidación. Y aunque ya se aseguraron los dineros para su liquidación y se anuncia que en febrero abrirá en su sede un nuevo hospital más especializado, todavía falta para que la red hospitalaria de la ciudad pueda atender debidamente a todos los enfermos.

Este fue uno de los hospitales públicos que se cerraron este año, como ocurrió con el Hospital Universitario de Caldas y el Hospital San Salvador de Chiquinquirá. Estos se suman al San Juan de Dios y el Lorencita Villegas, en Bogotá y el Hospital de Sevilla, Valle, que en los últimos cuatro años cerraron sus puertas. La ineficiencia del sistema se aprecia visitando el Universitario de Cartagena. Este centro, que en épocas doradas contaba entre sus pacientes a ciudadanos de Venezuela, Panamá y otros países del Caribe que llegaban aquí buscando la excelencia en el servicio médico, ahora es un cascarrón de 10 pisos. En su interior el equipo es devorado por el óxido, mientras que la sala de urgencias naufraga entre la maleza y los 10 quirófanos yacen bajo una capa de polvo. Las 400 camas están vacías; las tres ambulancias, aparcadas a la intemperie, y debajo de ellas habita una camada de perros callejeros que han dado a luz allí sus cachorros.

El cierre del Universitario de Cartagena marcó un punto de inflexión en la crisis del sistema hospitalario en el país porque fue el primer hospital público de tercer nivel en una ciudad de más de un millón de personas, y con un alto porcentaje de pacientes de estratos muy bajos, desplazados que llegaron a esta ciudad huyendo de la violencia, es decir, la gente más vulnerable. El presidente Álvaro Uribe les prometió a sus trabajadores la intención de reabrirlo, pero, eso sí, les aclaró que tenía que ser viable económicamente. "Nada ganamos simplemente con asignarles recursos presupuestales. Necesitamos que los hospitales públicos se reformen. Porque nada gana el país si el gobierno, por calmar una protesta, gira unos dineros a los hospitales públicos, estos no se reforman y la crisis reaparece al cabo de pocos meses".

Para Blanca Elvira Cajigas de Acosta, directora general de Calidad del Ministerio de la Protección Social, la actual crisis hospitalaria se presenta por un deficiente flujo de recursos, una sobreoferta de servicios en el ámbito nacional, altos costos -fundamentalmente laborales- y la baja capacidad de gestión tanto de los entes territoriales como de los hospitales en general. Ante semejante combinación de problemas, ella afirma que este gobierno trabaja duro en la búsqueda de una solución a fondo que pasa con el montaje de varias estrategias. "Hemos mejorado el flujo de recursos, se han hecho adiciones presupuestales y se han implementado subsidios parciales para la población". Sin embargo ella no promete soluciones a corto plazo porque en su concepto la crisis del sector empezó en las dos últimas décadas y hasta ahora todas los tratamientos para salir de ella no eran estructurales sino apenas efectistas.

Hoy hay 79 hospitales al borde del colapso en 20 departamentos, y para salir al otro lado el Ministerio de Protección Social necesitaría dos billones de pesos. Únicamente el tema tuvo trascendencia nacional por las marchas para tratar de evitar el cierre del Hospital Ramón González Valencia, de Bucaramanga, o por el hallazgo del robo de medicamentos y aparatos médicos descubierto en la Clínica Rafael Uribe Uribe, de Cali, y finalmente por algunos balances que se hicieron de la primera década de la Ley 100, que en teoría en sus orígenes tuvo la intención de darles salud a todos pero que en la práctica, a juzgar por el estado de los hospitales, tiene muchos problemas que resolver.

* Editor de crónicas de SEMANA
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