Jueves, 19 de enero de 2017

| 2016/06/11 12:40

La ejecución extrajudicial por la que el Estado pidió perdón

El ministro de Justicia, Jorge Londoño Ulloa, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en la muerte de Ómar Zúñiga Vásquez, un campesino de Bolívar.

Ómar Zúñiga Vásquez Foto: colectivodeabogados.org

Para la familia de Ómar Zúñiga Vásquez la verdad llegó después de 24 años. Tuvo que pasar más de dos décadas de intensas luchas jurídicas para que el Estado finalmente reconociera la responsabilidad que tuvo en la muerte de un campesino de San Jacinto, Bolívar.

Su madre Amira Vásquez de Zúñiga fue testigo de lo que pasó, pero no fue suficiente para que el caso se resolviera con prontitud. Apenas, el pasado 6 de abril el Estado y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo —representante legal de la familia—, suscribieron un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este sábado se concretó.

La vocería la tomó el actual ministro de Justicia, Jorge Londoño Ulloa. Fue él quien habló en nombre del Estado y pidió perdón por ejecución extrajudicial y tortura. "Me permito reconocer la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la vulneración de los derechos a la vida del señor Ómar Zúñiga Vásquez", leyó el jefe de la cartera.

Según relata el colectivo de abogados, un grupo de por lo menos treinta hombres integrantes de la I Brigada de Infantería de Marina irrumpieron el 1 de junio de 1992 en casa de Amira Vásquez de Zúñiga. Querían información y, según ellos, era él quien se las podría suministrar. Golpearon a Ómar de 24 años, con el objetivo de obtener datos sobre el paradero de unos guerrilleros.

Nunca hubo respuesta y el grupo de militares optó por llevarse al joven y a Amira, que había salida en su defensa. Después de cuatro días su madre fue dejada en libertad, y de Ómar apénas se supo al cabo de cuatro días cuando lo encontraron en zona rural del corregimiento de El Paraíso con un disparo en la cabeza.

“Reconocemos el daño que se les hizo a la familia Zúñiga. Reiteramos el perdón público por lo ocurrido. El perdón es un poder que reconstruye el tejido social, por qué es la piedra angular que permite la reconciliación nacional”, agregó Londoño.

El acuerdo que suscribieron las partes contempla, según el Colectivo de Abogados, la entrega digna de los restos de la víctima, la revisión del fallo que declaró la prescripción del caso contra los militares involucrados, la vinculación de la familia a programas de reparación integral y el acto público que este sábado se llevó a cabo en Barranquilla.

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