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| 12/19/2014 9:50:00 PM

Estado tendrá que pagar 4.000 millones de pesos por muerte de dirigente de la UP

El Consejo de Estado asegura que la muerte de Josué Giraldo Cardona fue orquestada por miembros de la fuerza pública.

El exterminio de la Unión Patriótica, el partido político que nació en el proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur, sigue siendo uno de los capítulos más vergonzantes en la historia política del país. Más de 2.000 de sus dirigentes, de los cuales nueve alcanzaron la dignidad de congresista. Durante las décadas de los ochenta y noventa, la Unión Patriótica (UP) prácticamente fue silenciada por la macabra alianza entre paramilitares y algunos agentes del Estado.

Desde entonces, cientos de demandas llegaron a los tribunales reclamando justicia por el abandono del Estado a los miembros de dicho partido. Una de ellas fue resuelta esta semana. El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección a pagar más de 4.000 millones de pesos a la familia del dirigente de la UP Josué Giraldo Cardona, asesinado en octubre de 1996 en Villavicencio, cuando desconocidos le propinaron varios disparos mientras jugaba con sus hijas en su residencia.

Desde 1993 el dirigente político venía denunciando amenazas contra su vida, las cuales fueron puestas en conocimiento de organismos nacionales e internacionales. La Policía Nacional y el DAS le prestaron seguridad, pero en el momento de su muerte se encontraba sin ningún tipo de protección.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que el asesinato de Giraldo Cardona es un crimen de lesa humanidad y una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política que degrada la confianza que las personas deben tener en las instituciones del Estado.

“La omisión de protección sobre la vida e integridad de Josué Giraldo Cardona, pese al nivel de riesgo extraordinario que le rodeaba, determinado por los antecedentes y el contexto de la época, así como por sus persistentes denuncias de amenazas contra su vida e integridad, se profundiza aún más por cuanto para su asesinato se contó con la participación del Ejército Nacional-VII Brigada, que realizó seguimientos permanentes a los militantes de la Unión Patriótica”, indica el fallo.

La Sala también cuestiona que una vez cometido el asesinato no se culminaron las investigaciones para condenar a los autores materiales e intelectuales del crimen, por lo que el tribunal considera otra gran deuda del Estado, y que deberá investigar a fondo este crimen.

“Recuperar dicha confianza implicará para las instituciones adelantar un esfuerzo de hondo calado para restituir en la memoria de los asociados, y en especial de aquellos hombres y mujeres que con sus vidas han defendido en la historia nacional, un proyecto político distinto de inclusión social y de defensa de los derechos humanos, la legitimidad del Estado”, puntualiza la sentencia.

Como medidas de reparación, el fallo le ordena al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección financiar una beca anual para cursar un posgrado en una universidad pública o privada del país y la publicación de la respectiva tesis en humanidades o ciencias sociales, en la que se aborde el tema de la defensa de los Derechos Humanos y la UP.

También se deberá premiar cada año al grupo de trabajo, investigación u organización académica, social o popular que defienda y promueva la defensa de los Derechos Humanos con un apoyo económico de 100 salarios mínimos para el fortalecimiento de la organización.

Todos estos premios llevarán como nombre Josué Giraldo Cardona y se entregarán el 9 de abril de cada año con motivo de la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas” en el Centro de Memoria Histórica. Esta es una nueva sentencia que responsabiliza al Estado por el exterminio de la UP.
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