Estafadores de notaría

Hace un año, un bogotano de mediana edad salió de la clínica donde estuvo hospitalizado durante tres meses por una enfermedad renal crónica. Cuando apenas se estaba adaptando de nuevo a su casa se encontró con un conocido que le dijo estar interesado en el lote de Ciudad Salitre que estaba vendiendo. El hombre se sorprendió porque él sí pensaba venderlo, para cubrir los costos de una cirugía que le iban a practicar, pero todavía no lo había puesto en venta. Cuando fue a averiguar qué estaba ocurriendo se dio cuenta de que lo habían robado: mientras él estaba concentrado en intensos tratamientos de diálisis, un desconocido había hecho negocio con su único patrimonio.

Este señor contó con suerte, pues cuando detectó la 'tumbada' el proceso apenas iba en el primer comprador, que, muchas veces, está involucrado en el fraude. En la mayoría de los casos la estafa se redondea cuando se vende a un comprador de buena fe. Los investigadores de la Fiscalía están alarmados porque en el último año han recibido más de 400 denuncias por casos como este. Y lo peor es que la mayoría de las veces el bien ya ha pasado a una tercera o cuarta mano, lo cual hace aún más difícil dar con los responsables y lograr la restitución del inmueble a su propietario original.

La Fiscalía tiene claro que sofisticadas bandas criminales están detrás de esta multimillonaria y silenciosa defraudación. Hasta ahora nadie ha logrado atajarlas. El modus operandi es siempre el mismo: los delincuentes suplantan la identidad de los dueños del bien y logran convertirse en sus 'verdaderos' propietarios mediante trámites de notaría; luego los revenden muy pronto a precios atractivos. Lo usual es que el comprador haya actuado de buena fe, tras enterarse de una ganga por un clasificado. Muchas veces cuenta que indagó en el certificado de tradición del inmueble y al no encontrar nada anormal, compró.

El resultado es que roban a los dueños originales, estafan a los incautos compradores y dejan las propiedades en medio de unos entuertos jurídicos muy complejos de resolver.

Al revisar muchos de los casos, los investigadores han detectado además una nueva variable: los delincuentes, para ir a la fija y no correr el riesgo de que el dueño del bien se les aparezca de repente, buscan como víctimas a personas que están recluidas en hospitales luchando contra una enfermedad crónica o terminal o a quienes emprenden largos viajes al exterior. También están pendientes de los registros de las funerarias.

Una de las víctimas, por ejemplo, denunció a la Fiscalía cómo, tras superar el impacto de la muerte de su padre tres meses atrás, comenzó a hacer los trámites de sucesión y encontró que otras personas ya ocupaban la casa familiar de toda la vida. Hay oportunidades en las que incluso han alcanzado a hacer mejoras a las propiedades y a cambiar las guardas de las cerraduras.

En solo dos años de creada la sub unidad de fraude procesal, que atiende estos casos, ya hay acumulados 1.000 expedientes. Los investigadores dicen que las denuncias han crecido en los últimos meses, y lo más aterrador es que para atenderlas todas solo cuentan con cuatro fiscales, y para el trabajo de campo con cuatro investigadores. Reversar el fraude depende de una orden de un juez, pero éste solo puede expedirla con base en una investigación muy sustentada, que es lo que desborda al ente acusador. Para el fiscal general, Guillermo Mendoza, ese ha sido su verdadero dolor de cabeza: que los casos que afectan a la gente del común no puedan ser atendidos como es debido.

La pregunta es: ¿cómo un sistema como el colombiano, que está lleno de trámites, revisiones, sellos, notarios, huellas y firmas, es tan vulnerable a una modalidad tan básica de estafa? A los fiscales les llama la atención que en algunos casos es muy evidente que la firma registrada en la escritura original no se parece a la de quien la suplanta. Y lo peor, otros en los que las oficinas de Registro validan escrituras con firma falsa de los notarios.

En la Superintendencia de Notariado y Registro, la autoridad de control en la materia, hay investigaciones en curso contra 32 notarios en todo el país. La superintendente encargada, Zaida Barrero, explica que tanto notarios como registradores deben actuar siempre presumiendo la buena fe de los actos y que ellos en ningún caso se pueden negar a hacer algún trámite por supuesta falsedad, pues no son los competentes para determinarla. Solo cuando hay una situación muy de bulto pueden pedir a la Policía una verificación inmediata. Argumenta que al año, solo en Bogotá, se dan alrededor de 400.000 registros de propiedad y que verificar huellas o firmas sería una tarea en exceso dispendiosa.

Aun así queda la duda de cómo, por ejemplo, el sistema financiero sí logra de una manera muy efectiva y con controles básicos evitar el pago de un cheque, incluso solo cuando una firma no se parece a la registrada.

Se están haciendo intentos que pueden ayudar a cerrar los boquetes por los que se cuelan los delincuentes. Uno de ellos es aplicar la tecnología. En Bogotá, la Superintendencia ya puso en práctica un sistema que hace que las escrituras se transmitan de forma directa y digital desde las notaría hasta la oficina de registro. Ya hay 22 notarías, del total de 77, con este sistema, y se espera que a fin de año esté toda Bogotá en línea. De esa manera se les hace imposible a los delincuentes falsificar la firma de los notarios y se contiene una parte de las defraudaciones.

El otro cambio importante tiene que ver con la nueva cédula de ciudadanía, pues si la notaría cuenta con unos equipos básicos puede comprobar si el documento en efecto corresponde a la persona que lo porta. Estas medidas, si bien útiles, son aún insuficientes. Por ahora solo queda que los propietarios estén más pendientes de lo que tienen, y que aquellos que gustan de comprar sospechosas gangas abran el ojo con mayor cautela, pues pueden quedar envueltos en un enredo de nunca acabar.