ESTAN PILLADOS

La primera vez que el país conoció de la existencia de una CIA criolla fue por boca del
ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, quien hace poco más de un mes fue interrogado sobre la
acusación que le hacía Carlos Alonso Lucio en el sentido de que pertenecía a la CIA norteamericana. El
Ministro respondió que el ex congresista tenía razón, que él pertenecía a la CIA, pero a la CIA criolla, es
decir al Comité Interinstitucional Anticorrupción. Lo cierto es que hay más personalidades metidas en la
CIA colombiana. Son cinco y los nombres son Jaime Bernal Cuéllar, procurador general y uno de sus más
cercanos colaboradores; el delegado para el Ministerio Público, Alberto Hernández Esquivel; Bernard Gilghris,
director del programa anticorrupción de la vicepresidencia; Carlos Ossa, contralor general, y el coronel Germán
Jaramillo, director del DAS. La idea de formar un grupo anticorrupción surgió del procurador Bernal Cuéllar,
que desde que se posesionó no hacía otra cosa que recibir llamadas de personas quejándose por las
irregularidades de los funcionarios públicos. Y ante la incredulidad de muchos de los que se comunicaban
era el mismo Procurador el que recibía las llamadas y anotaba las denuncias. Pero ese mecanismo no era
muy efectivo, así que decidió cambiar de estrategia. La idea de Bernal fue, entonces, crear una especie de
cabildo abierto en cada ciudad para que la gente pudiera presentar sus denuncias sin temores. Para eso
tenía que contar con personas preparadas que se le midieran a la tarea de investigar las denuncias de la
ciudadanía. Fue así que la Procuraduría invitó a un concurso a distintos profesionales para que
conformaran el grupo de investigadores. La calificación tenía que ser superior a 3,5 en el examen y su hoja
de vida debía ser intachable. De los 485 aspirantes pasaron 104, y de ellos sólo hacen parte del grupo
satélite 59. Con ese equipo comenzaron lo que Bernal Cuéllar ha denominado las audiencias públicas. El
mecanismo es muy sencillo. Diez días antes de la audiencia se realiza un trabajo de divulgación en cada
región, invitando a la ciudadanía a asistir, con sus quejas y documentos que las sustenten, a la reunión en
la que estarán presentes todos los funcionarios que conforman el CIA. En las audiencias públicas los
interesados pueden hacer sus denuncias de viva voz o por escrito, si quieren algún tipo de reserva; lo
importante es que los datos sean precisos y verificables. Ninguna persona puede hablar más de cinco
minutos, debe ser directa en su queja y suministrar toda la información. Durante dos o tres horas el grupo
especial y los funcionarios se dedican a oír a la ciudadanía y a dar soluciones casi que inmediatas. Una vez
tienen todas las denuncias en sus manos el comando especial empieza su trabajo de investigación bajo
instrucciones muy exactas. No pueden tener, por ejemplo, contactos de tipo social con ningún funcionario,
no pueden permanecer más de tres meses en cada región, a no ser que sea necesario, y deben estar lejos
de cualquier ambiente político. Con el apoyo del gobierno y de instituciones como el DAS y la
Contraloría el experimento de los procuradores ya ha dado algunos resultados. Hasta el momento se han
realizado ocho audiencias y el total de quejas es de 1.029. La primera fue en San Andrés Isla. Las otras se
han realizado en Chocó, Guaviare, Amazonas, Valle del Cauca, Boyacá y La Guajira. De estas quejas la
Procuraduría ha dispuesto la apertura de investigación disciplinaria en contra de 186 funcionarios, ha
formulado cargos contra 108 y ha ordenado la suspensión provisional de tres. Todos estos resultados se han
dado, según el Procurador, gracias a la colaboración de la ciudadanía. Las investigaciones han tocado a
altos funcionarios, como gobernadores, alcaldes y varios de sus más inmediatos colaboradores. También a
diputados, directores de los distintos institutos y presidentes de corporaciones. Lo cierto es que las
audiencias han tenido tanto éxito que el presidente Andrés Pastrana ha manifestado su deseo de asistir a una
de ellas.
San Andrés: viáticos y motos Tres diputados de la Asamblea obtuvieron en 1995 y 1997 viáticos por 2.500.000
pesos para trabajos en Bogotá. Pero extranjería del DAS certificó que la comisión no estuvo en Bogotá
sino en Estados Unidos y Europa. El presidente de la Asociación Nacional de Diputados acreditó
irregularmente su asistencia a un certamen en Bogotá. En 1998 el suspendido gobernador Leslie Maffya
Bent Archbold compró seis motocicletas modelo 1999 por un total de 60 millones de pesos. Según la
Procuraduría éstas costaban 42 millones. Además dos de ellas están en la casa del gobernador y otra la
tiene su suegro en la isla de Providencia. Chocó: contratos y loterías Los ex gobernadores Franklin
Orlando Mosquera y Luis Gilberto Murillo permitieron entregar 400 millones de pesos como adelanto para
construir la carretera Quibdó-La Mansa, obra que sólo se ejecutó en un 6 por ciento. Según parece los
gerentes de la lotería Mauro Renny Andrade y Napoleón Sexto, no ingresaron a la entidad más de 4.600
millones de pesos de sorteos que en el 98 no quedaron en manos del público. Además pagaron sor-_teos a
quienes no eran reales ganadores, según las huellas decadactilares de quienes recibieron los premios.
Amazonas: 'El malecón turístico' Se formularon pliegos de cargos al ex gobernador Félix Francisco Acosta
Soto y a miembros de su gabinete por la inadecuada inversión de más de 1.400 millones de pesos en el
proyecto de 'El Malecón turístico'. La obra no contó con planeación ni diseños. La supuesta construcción
consistió en poner bultos de cemento por la ribera del río. Guaviare: contratos familiares El gobernador,
Hernando González Villamizar, contrató con familiares de sus funcionarios sin tener en cuenta requisitos
de selección o licitación alguna. En la mayoría de los casos las personas no tenían experiencia y
conocimientos para desarrollar las tareas asignadas. Por ejemplo, uno de sus ayudantes tenía más de 70
años. Otras perlas: contrató el suministro de materiales de construcción con una persona que alquilaba
videos, vendía gafas deportivas y tarjetería. Y contrató el arreglo de un vehículo con el dueño de una
papelería. Valle del Cauca: sin licitaciones Los últimos cuatro gerentes de Emcatel celebraron en un día y
sin licitación pública contratos de obra con un mismo objeto por 638 millones de pesos. La
contratación de 1998 se efectuó sin certificación presupuestal previa y no se exigieron las garantías de ley
a los contratistas. Además se invirtieron más de 80 millones de pesos en aspectos suntuarios pese a la
política de austeridad. En casi toda la administración de Cali, y en general del Valle del Cauca, se
presentaron quejas del mismo orden. Boyacá: obras inconclusas El secretario de Hacienda, Luis
Francisco Vargas Osorno, delegado del gobernador en la mayoría de contratos, celebró uno con una firma
Capitalizadora de Bogotá por más de 1.000 millones de pesos sin determinar el valor ni el plazo del
contrato. Y celebró dos contratos para la remodelación de su despacho, el segundo, al parecer, para
legalizar las obras ya ejecutadas. El personero de Firavitoba, al parecer, utilizó la línea telefónica oficial
para realizar 'llamadas calientes' por casi dos millones de pesos.