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| 8/31/2016 11:55:00 PM

Este año han sido asesinados 38 líderes sociales: Ministerio del Interior

Finalmente el Gobierno se pronunció sobre el asesinato de siete líderes e indígenas en Nariño y el Cauca. Aseguró que se creará una unidad especial en la Policía para perseguir a las “estructuras del crimen organizado” que están detrás de estos hechos.

Entre el viernes 26 y el lunes 29 de agosto, fueron asesinados cuatro indígenas de la comunidad awá en Nariño y tres líderes campesinos del Macizo Colombiano en el sur del Cauca. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, expresó su “preocupación” por este hecho y llamó la atención sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran los dirigentes sociales y las comunidades indígenas del país.

Hasta ahora el gobierno no se había dicho nada al respecto. El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que sólo se pronunciaría después de realizar una “reunión de garantías de derechos” con la ONU, la Policía, la Defensoría, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía. Ese encuentro se llevó a cabo este miércoles hacia las 11 de la mañana. A la salida, el viceministro del Interior habló con Semana.com.

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Semana.com: ¿Qué se acordó en ese encuentro?

Guillermo Rivera (G.R.): La Fiscalía se comprometió a adelantar muy rápidamente las investigaciones para establecer el origen de los homicidios en Nariño y Cauca. Y el Gobierno, a estudiar las medidas de protección de los líderes sociales más destacados en esos departamentos, para ofrecerle medidas a quien no tenga o para reforzar las que sean necesarias.

Semana.com: La organización Somos Defensores asegura que en el primer semestre del año se registraron en el país 35 asesinatos a líderes y 314 agresiones. ¿Coincide con sus cifras?

G.R.: Tenemos información proveniente de distintas fuentes, de Naciones Unidas, de la Defensoría, de Somos Defensores. En lo que va del año tenemos registrados 38 asesinatos.

Semana.com: En el caso de Almaguer (Cauca), donde fueron asesinados tres líderes defensores del medio ambiente y opositores a la minería, se está advirtiendo que existen amenazas hace más de seis meses. ¿Por qué el Gobierno no había actuado frente a esas advertencias?

G.R.: Todas las amenazas son evaluadas por la Policía Nacional y por la Fiscalía General de la Nación cuando se presentan denuncias. Y las medidas de protección son evaluadas en el CERREM (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas). Es muy difícil garantizarle protección material a cada una de las personas. Nosotros hemos venido insistiendo en las respuestas judiciales a este tipo de situaciones, y por eso estamos haciéndole un seguimiento riguroso a las investigaciones que adelanta la Fiscalía por atentados o amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales.

Semana.com: ¿Entonces ustedes ya tenían información sobre esta situación en el Cauca?

G.R.: Entre enero y abril incrementaron los homicidios y tuvimos una reacción muy rápida con las mesas regionales de garantías, para revisar los esquemas de protección, y la actuación de la Fiscalía y la fuerza pública. De abril hasta el fin de semana pasado, la situación había mejorado. Pero estos hechos en Nariño y Cauca prendieron nuevamente las alarmas, por eso estamos revisando estos casos particulares.

Semana.com: Los indígenas awá le han pedido al Gobierno que le permita a la guardia indígena participar en las medidas de protección, teniendo en cuenta que su presencia es una garantía de seguridad incluso frente a algunos actores armados ilegales. ¿Qué pasó con esa propuesta?

G.R.: Esa propuesta la tiene a su cargo el Alto Consejero para el Posconflicto. Se está evaluando en el contexto de que las comunidades indígenas tienen la posibilidad de administrar justicia en algunos casos particulares. Esa solicitud se ha estado examinando.

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Semana.com: En el caso de Tumaco la alcaldesa le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, advirtiéndole que había un recrudecimiento de la violencia en ese municipio producto, quizá, del retiro de las FARC y de la reorganización de bandas criminales que quieren quedarse con el espacio que ocupaba esta guerrilla…

G.R.: Es una equivocación relacionar la inseguridad con el desenlace de los acuerdos de La Habana. Lo que ocurre en Tumaco y en la costa Pacífica es que hay estructuras de crimen organizado derivadas del narcotráfico y la minería ilegal. Y esa es una realidad no de estos meses, ni de estos días, sino de los últimos años. Frente a esto se viene actuando, se han capturado y se han dado de baja cabecillas.

Semana.com: ¿Y hay instrucciones especiales frente a lo que se viene con la desaparición de las FARC?

G.R.: Existe una instrucción para que la fuerza pública tenga especial atención sobre aquellos territorios que dejarán de estar bajo el dominio de las FARC, para evitar que otras organizaciones lleguen a ellos. Lo que ocurre es que la situación de la costa Pacífica es grave, estructural.

Semana.com: ¿Existe una oficina de respuesta rápida para atender este tipo de situaciones, en este momento especial que vive el país?

G.R.: Tenemos una comisión de alto nivel que se reúne cada ocho días y le hace seguimiento a este tipo de situaciones.

Semana.com: Si eso es lo que sucede en Tumaco, ¿qué está pasando en el Cauca?

G.R.: En la zona de Almaguer se tiene información sobre una disidencia del ELN, minería ilegal y narcotráfico. Esas estructuras del crimen organizado han continuado agrediendo a los líderes sociales: los amenazan, atentan contra su integridad. Estamos trabajando para combatir esas estructuras. De hecho en la Fiscalía se va a crear una unidad especial para investigar los crímenes contra defensores de derechos humanos y líderes sociales y en la Policía Nacional se va a crear una unidad especial para perseguir estas estructuras del crimen organizado.

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