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Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. | Foto: Semana.

JUSTICIA

Este miércoles continúa audiencia contra Hurtado y Moreno

El abogado del exsecretario de Presidencia interpuso un nuevo recurso de reposición, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de nulidad solicitada por él mismo.

27 de septiembre de 2011

Este miércoles se sabrá cuál es la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia frente al recurso de reposición presentado por Jaime Granados, abogado del exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.
 
Aunque la sala se negó a conceder la nulidad solicitada por él, al cuestionar que William Monroy, abogado de Daniel Coronell, hizo parte de los conjueces que resolvió la recusación que en audiencia anterior presentó, Granados insistió en su petición.
 
Luego de cerca de dos horas que se tomó la sala para analizar los argumentos presentados por Granados, la Corte señaló que “la petición de la defensa carece de fundamento” y recalcó que “Monroy tuvo que intervenir de forma incidental”.

“Si Monroy no halló motivos a para apartarse, no puede la defensa, ni esta sala hacerlo”, dijo uno de los magistrados.
 
Los magistrados también hicieron un llamado de atención a la defensa de Granados. “Solicitándole que no haga peticiones claramente improcedentes. Lo que refleja un ánimo dilatorio”.
 
A su turno la fiscal Viviane Morales señaló que no hay causales para la nulidad solicitada por Granados.
 
Morales recordó que el periodista Daniel Coronell no ha sido reconocido como víctima dentro de este proceso por parte de la Fiscalía, y que él mismo ha rechazado ser considerado víctima porque desea seguir investigando los hechos por los que hoy se juzga a Moreno y a Hurtado.
 
El delegado de la Procuraduría apoyó el pronunciamiento de la Fiscalía, al solicitar que se mantenga la medida adoptada por la sala que niega la solicitud de nulidad hecha por Granados.
 
Durante esta diligencia dos magistrados y siete conjueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avalaron que el expresidente del alto tribunal César Julio Valencia Copete y el abogado Ramiro Bejarano sean considerados víctimas del proceso que se adelanta contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno.
 
"No terminaría de explicar por qué debo ser reconocido como víctima. Desde el 2007, el 8 de febrero, se inició una persecución contra la Corte cuando yo era su presidente. La Sala Penal dictó medidas contra la ‘parapolítica’ y desde entonces se iniciaron una serie de seguimientos. Y fui interceptado", dijo Valencia Copete.
 
Esta diligencia se llevó a cabo después de que la sala de conjueces del alto tribunal rechazó la recusación presentada por el abogado de Moreno, en contra de los dos magistrados y siete conjueces de la Sala Penal que adelantan el proceso.
 
Durante el juicio se espera que la fiscal general, Viviane Morales, presente acusación contra Hurtado por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
 
Moreno será acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.
 
Recientemente la INTERPOL negó expedir la orden de captura internacional en contra de Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre del 2010.
 
Según la oficina de asuntos jurídicos de la secretaria general de INTERPOL en Francia, la circular roja no procede porque los estatutos del organismo de policía internacional son claros en señalar el respeto por la figura del asilo político.
 
El abogado de Hurtado explicó que su cliente no se hizo presente porque "goza de asilo territorial en la República de Panamá", por lo que la diligencia se practica bajo la figura de la contumacia, que significa la ausencia del procesado.
 
Con respecto a Moreno, cabe recordar que el exfuncionario, quien no se allanó a los cargos imputados, permanece recluido en la Escuela de Carabineros, en el noroccidente de Bogotá.
 
Su medida de aseguramiento fue dictada por la juez del Tribunal Superior de Bogotá Marlene Orjuela, quien acogió la argumentación de las víctimas y la prueba consistente en la declaración del capitán Jorge Alberto Lagos, exsubdirector de contrainteligencia del DAS, en la que reconoció que su antiguo abogado Rafael Martínez se reunió en mayo del 2009 con Moreno.
 
En dichos encuentros, según la prueba, el exsecretario general de la Presidencia de la República -en la administración Uribe- le habría pedido al abogado Martínez que su defendido, el capitán Lagos, no declarara en su contra. Así mismo, le habría solicitado decir que Moreno no tenía nada que ver en el escándalo de las escuchas ilegales.