Este miércoles empieza el juicio contra Andrés Felipe Arias

Este miércoles inicia en la Corte Suprema de Justicia el juicio contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por su presunta participación en las irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
 
Andrés Felipe Arias está bajo medida de aseguramiento desde el pasado 26 de julio, luego de que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro avaló el pedido hecho por la Fiscalía. La defensa no repuso la decisión, argumentando que en el juicio demostraría la inocencia de Arias.
 
A Andrés Felipe Arias la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
 
Sobre el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, Fierro afirmó, en audiencia de medida de aseguramiento, que Andrés Felipe Arias incurrió en una conducta prohibida al querer “cobijar a través de ella tanto a seguidores de rango medio, que interfieren en la tramitación de contratos, como a aquellos titulares, que celebran y liquidan el contrato”.
 
El jurista agregó que "la suscripción de contratos, acuerdos o convenios que comprometen recursos de la Nación exige del funcionario una vigilancia, porque su labor no termina con la suscripción del documento”.

“Debe estar atento a las irregularidades que impidan su desarrollo y de que se ejecute de manera normal”, recalcó Fierro, quien agregó que tampoco se aplicaron los principios de confianza y buena fe.

Fierro entró en detalles y recordó que fueron suscritos seis convenios entre el Ministerio de Agricultura en Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), de los cuales –dijo– “llama poderosamente la atención el primero”, que fue suscrito el 11 de agosto del 2006, por más de 3.000 millones de pesos.

La razón de la sorpresa del magistrado es que el convenio fue firmado antes de la expedición de la Ley 1133, que creó el programa AIS.

Luego habló del convenio 003 del 2007, suscrito por las partes el 2 de enero del 2007, por valor de 47.000 millones de pesos. Sobre este particular, Fierro dijo que se encontró que “era un borrador que no cumple con los requisitos legales y reglamentarios”.

Para el jurista, “el Ministerio echó mano a las normas de los convenios para desarrollar actividades de ciencia y tecnología cuando se estaba celebrando un convenio para la administración de recursos”.

Luego habló de los convenios 055, del año 2008, y 052, del año 2009, que al ser sometidos al mismo ejercicio de evaluación anterior arrojaron las mismas falencias.

“No se requiere mayor análisis para determinar que el proceso de contratación no respetó las normas”, concluyó el magistrado.

Sobre el delito de peculado, el magistrado concluyó que en el caso de tres convenios suscritos entre la cartera y el IICA se trató de acuerdos para la administración de recursos que fueron adjudicados de forma directa, y no convenios de cooperación tecnológica y científica, como los presentó el Ministerio.

“El detrimento patrimonial ascendió a la suma de 43.668’131.299 pesos”, aseguró el magistrado.