Estrenando justicia

"TODOS DE PIE, PREside esta audiencia la honorable juez Teresa Robles", dijo el policía. Y la audiencia, acomodada en unas amplias bancas de madera, en medio de una sala elegante y bien iluminada, se paró sin vacilación. Al frente, como entrando a un escenario, llegó la juez, vestida de toga negra, subió algunos peldaños hasta llegar a su escritorio y se sentó. Detrás suyo, la bandera de Colombia; en su mesa, un martillo de madera, destinado a reforzar su autoridad cuando dicte sentencia.

Pronto la juez Robles leyó la sentencia condenatoria. Escuchando atentos estaban el fiscal a la derecha; al frente, el acusado, Rafael Antonio, un hombre de unos 30 años, de cabello prematuramente blanco por las canas, y su abogada; y a la izquierda, el representante del Ministerio Público.

Hacía ocho días Rafael Antonio había sido denunciado ante la Policía por dos niños vecinos suyos que lo acusaban de estar manoseando y besando a una niña de 9 años delante de ellos. Los agentes lo capturaron y en menos de 12 horas le entregaron a la Fiscalía un reporte ejecutivo sobre los hechos y las pruebas. Después el fiscal asistió a una audiencia pública ante un juez de control de garantías para legalizar la captura. Allí Rafael Antonio se declaró culpable. Le reducirían la pena que le impusieran a la mitad.

Una semana después, Rafael Antonio estaba frente a la juez Robles, quien lo condenó a 33 meses de prisión. Pero, como no tenía antecedentes, le suspendió la pena, con la condición de que se portara bien y cambiara de domicilio. También le impuso pagar una póliza de un salario mínimo mensual como garantía de su cumplimiento.

Rafael Antonio dio las gracias y lloró antes de irse. El representante del Ministerio Público hizo una anotación que la juez respondió en segundos. Nadie apeló el fallo. Apenas la juez dejó la sala, la gente salió sorprendida y con diversas opiniones sobre la decisión. "¡Cómo deja libre a un degenerado!", dijo alguien. Otro, más indulgente, anotó que está bien darle una oportunidad. Alguien más dijo que han debido enviarlo al sicólogo. Pero todos coincidieron en que resultaba increíble una justicia tan eficaz. "Este caso hubiera tomado cuatro o cinco meses de litigio y resmas de oficios escritos", dijo el coordinador de defensores de la Defensoría del Pueblo, Juan Carlos Arias, que estaba allí.

Esta es la nueva cara del sistema de justicia penal que empezó a regir en Colombia -comenzando por Bogotá y el Eje Cafetero-desde el primero de enero pasado. Parece sacada de película gringa, y esto no es una mera coincidencia. El gobierno de Estados Unidos ha sido un agente central de este cambio. Ha colaborado en el entrenamiento de jueces, fiscales, defensores y policía judicial, y ha llevado a muchos de ellos a Puerto Rico y a Estados Unidos a ver el sistema acusatorio en la mata. Es más, los martillos de madera de los jueces fueron mandados a hacer por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), que administra la rama judicial, según un modelo de martillo de juez federal estadounidense traído desde Washington, y gran parte del dinero con que se ha financiado este estreno ha sido aportado por ese país. Claro que una parte importante de estos recursos, 13.500 millones de pesos, eran originalmente dineros del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha que habían sido congelados por el gobierno estadounidense luego de su muerte. Ahora la cooperación estadounidense los dio para construir y dotar las salas de audiencias, según explicó a SEMANA el magistrado José Alfredo Escobar, presidente de la Sala Administrativa del CSJ.



LAS DIFERENCIAS

En el sistema tradicional -según varios críticos, un engendro único en el mundo que mezclaba el sistema acusatorio con el inquisitivo- era el fiscal el que recogía pruebas, ordenaba exámenes, recibía testimonios, investigaba, respondía a los abogados defensores, al Ministerio Público y a quien se hiciera parte civil sus diferentes peticiones, resolvía si dejaba al imputado en la cárcel y finalmente acusaba o cerraba el caso. Una vez en juicio, el fiscal también llevaba la acusación ante el juez.

"Al fiscal le quedaba tiempo escasamente para responder los memoriales y prácticamente ningún tiempo para investigar", explicó a SEMANA Ramiro Marín, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo del entrenamiento de fiscales en el nuevo modelo.

Bajo el sistema acusatorio la policía judicial -sea del DAS, la Dijin o el CTI- es la encargada de proteger la escena del crimen, recoger las pruebas y asegurar lo que se llama cadena de custodia y la preservación de las pruebas a lo largo del proceso de investigación. Es decir, que nadie dañe una huella en un cuchillo, o pierda los casquetes de bala encontrados junto al cadáver. El policía a cargo también deberá comparecer al juicio como testigo de lo que halló. El fiscal no puede ni debe estar en contacto con los elementos del crimen, sino que la policía le entrega un resumen corto por escrito, y si hay detenidos, debe llevarlos ante un juez de 'control de garantías' para que éste, en audiencia pública, decida si la captura fue legal y si debe iniciar un proceso.

En la misma audiencia o en otra el fiscal formula una imputación al procesado y el juez decide si es sólida, y solicita la medida de aseguramiento. La acusación formal la hace un juez diferente, que es quien conducirá el juicio en sí. Se llama 'juez de conocimiento' y es quien dictará sentencia. Todo esto es oral y con defensor a bordo. Aquí el juez es el árbitro entre las partes, acusación y defensa. (Ver gráfico).

Si el defensor tenía un papel limitado en el sistema tradicional, pues debía pedir cualquier prueba o medida en favor de su defendido al fiscal, que era su contraparte, ahora tiene mayor juego. "Antes el defensor tenía que esperar a que el fiscal leyera sus peticiones; ahora puede recavar información, y pruebas, traer testigos y debe ser escuchado por el juez, un árbitro imparcial", explica Julieta Franco, directora nacional de Defensoría Pública.

Este nuevo papel obligó a la Defensoría del Pueblo a ampliar su planta de defensores públicos. A los 75 nuevos defensores públicos en Bogotá y 42 en el Eje Cafetero se les sumarán 400 nuevos abogados, además de los investigadores y peritos que apoyarán ahora su labor investigativa.



LAS VENTAJAS

Por eso la mejoría más protuberante en el nuevo sistema acusatorio es la eficacia. En los primeros 21 días hubo 37 sentencias condenatorias de jueces de conocimiento porque los acusados se declararon culpables. La Fiscalía calcula una efectividad del 72 por ciento, pues de 396 personas a quienes les formuló cargos, 278 los aceptaron. No obstante, algunos fallos fueron apelados.

La rapidez se debe a que el proceso es principalmente oral. Se escriben algunos memorandos ejecutivos, pero no pasan de un par de hojas. Lo demás se graba en audio y video. La Siemmens ganó por licitación un contrato por 5.800 millones de pesos para instalarlos en todas las salas.

El nuevo sistema, al ser público, es también más transparente y dignifica la labor del juez. "Tengo contacto directo con las partes, puedo tomar varias decisiones en una misma audiencia y resolver situaciones no previstas. Me siento con mayor poder de dirección del proceso e impartiendo una justicia más cercana a la gente", dijo la juez Roble a SEMANA.

Todo esto redunda en una justicia menos costosa. Se ahorra papel, tiempo, funcionarios; se descongestionan las cárceles y los acusados no gastan tanto dinero.



LA POLÉMICA

Todos los involucrados, aun los acusados, están entusiasmados con el nuevo sistema. Sin embargo ha causado polémica porque es flexible y contempla que la mayoría de los casos nunca lleguen a juicio.

Primero porque permite que fiscal y defensa negocien preacuerdos (lo que en inglés se llama plea bargain) en los cuales los imputados colaboran de alguna forma con la justicia, se declaran culpables y a cambio se les reducen las condenas. Ese fue el caso del abusador Rafael Antonio a una menor y por ello quedó con una condena que ni siquiera ameritó cárcel. Esa es una herramienta que estaban clamando muchos fiscales que no lograban colaboración de peces chicos porque no les podían prometer ningún beneficio posterior.

Pero esto también puede conducir a que queden libres criminales peligrosos, que logran condenas mínimas a cambio de reconocer sus 'pecados' menores o de dar información poco valiosa. Allí la firmeza de la Fiscalía y el control del juez serán claves.

La segunda figura que contempla el nuevo sistema es la del 'principio de oportunidad', por el cual el fiscal, con visto bueno posterior del juez, puede desistir de iniciar un proceso contra alguien o suspender el proceso, condicionándolo a buen comportamiento, o terminarlo. De este mecanismo están excluidos los delitos de narcotráfico, terrorismo o los de lesa humanidad que puedan ser de competencia de la Corte Penal Internacional.

Hay casos bastante obvios donde es aplicable el principio de oportunidad. Por ejemplo, el conductor del bus escolar con niños con síndrome de down que le inyectó gasolina al motor, lo que causó un incendio y mató a casi todos. Él quedó desfigurado con quemaduras de tercer grado. "¿Para qué perseguirlo, cuando la naturaleza ya le dictó sentencia anticipada?", dice el profesor de derecho penal de las universidades Rosario y Andes Juan Carlos Forero, quien asesoró al Ministerio del Interior y Justicia en la reforma del código penal. O el caso de un 'mechero' que roba en un supermercado pero acepta devolver el producto e indemnizar al supermercado; ¿para qué desgastar todo el aparato de justicia en perseguirlo?

La teoría es que estas negociaciones le van a permitir a la Justicia concentrar sus escasos recursos en perseguir el gran delito, el que mayor daño hace a la sociedad. En la práctica hay quienes temen que bajo esta figura se camufle mayor impunidad para delitos graves, por corrupción o mala aplicación de jueces y fiscales.



LÍOS DE ARRANQUE

El sistema ha arrancado con sorpresas. La primera es que las capturas se vinieron literalmente al suelo. De las 200 capturas que en promedio hacía cada día la Policía en Bogotá, hoy se ha bajado a un promedio de 32. ¿Qué está pasando? Tanto el magistrado Escobar del CSJ como fiscales y defensores consultados por SEMANA coinciden en que a la Policía Judicial le ha faltado capacitación para asumir sus nuevos y más complejos roles, y su reacción ha sido la de capturar menos personas. También puede ser que los fiscales estén ahora más estrictos en exigirle a la Policía capturas legales, y ésta ha estado por demasiados años acostumbrada a que "una captura no se le niega a nadie". Ahora, dice el defensor del Pueblo Wolmar Pérez, "se investiga para capturar, y no al revés".

El otro lío es que el sistema se ha estrenado sin que la infraestructura esté lista. Aún faltan salas y falta también que estén completamente acondicionadas. Y aunque Fiscalía, Defensoría y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior han hecho un gran esfuerzo por capacitar al personal en el nuevo sistema, todavía quedan muchos por entrenar en esta primera fase.



REVOLUCIÓN CULTURAL

No se trata entonces de un ajuste más del Código de Procedimiento Penal. Lo que se estrenó este año es toda una revolución cultural. Por eso los abogados y jueces deben preocuparse más en atender a la gente con pedagogía y justicia, que de lucirse con su retórica o sus constantes citas a los artículos e incisos de los códigos. Los defensores públicos deben contar con recursos para que puedan investigar y defender a sus clientes en condiciones similares a la Fiscalía que los acusa. Como señaló el ex magistrado y miembro del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DJS) Rodrigo Uprimny, en el nuevo sistema todavía la Fiscalía tiene demasiado poder y autonomía. "Si el procesado no tiene la asesoría jurídica altamente cualificada, pues hay un desbalance que hace que los sectores de pocos recursos sean los especialmente criminalizados". Eso ha sucedido en Estados Unidos. Aquí podríamos hacer un esfuerzo para no copiar los errores.

Dicen que escoba nueva siempre barre bien, y en este caso se siente el entusiasmo y el optimismo de quienes han estrenado esta nueva forma de justicia. Se arrancó con pie derecho. El desafío es mantenerlo para que por fin en Colombia la justicia sea pronta, cumplida y expedita, como reza la Constitución.