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| 3/18/2017 11:00:00 PM

¿Quién podrá salvar la política?

La corrupción destruye la credibilidad en la democracia y en las instituciones, con consecuencias graves. Un estudio de la Universidad de los Andes deja en claro que los colombianos cada vez se sienten más desencantados con la política por esa razón.

La credibilidad de la política está por el piso y el mundo está buscando explicaciones para ese fenómeno de dimensión internacional. Uno de los motivos principales es la corrupción. Cuando surgen escándalos como los que han aparecido en Colombia en las últimas semanas –sobre todo el de la financiación de Obredecht a las campañas electorales- las instituciones pierden legitimidad. Lo cual, a su vez, tiene consecuencias preocupantes porque debilitan la credibilidad y el acatamiento del sistema político.

En Colombia hay fenómenos de momento –como el del escándalo Odebrecht– y otros de tipo estructural que han afectado la imagen no solo de los gobernantes, sino de las instituciones, y la fe en la política. ¿Qué tan profundo, y tan grave, puede ser la crisis de fe en la política? Un estudio del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, basado en encuestas, ofrece conclusiones muy relevantes.

Colombia es el país en América Latina con mayor desconfianza en los funcionarios. Y eso, a pesar de que Venezuela, México, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Bolivia, según Transparencia Internacional, son los más afectados por la corrupción. Mientras el 59,7 por ciento de los colombianos asegura que la corrupción es un fenómeno generalizado entre quienes trabajan en el Estado, en Venezuela esta cifra es del 52 por ciento, en México del 46, 2 y en El Salvador del 41 por ciento.

Esa conclusión, según la cual los colombianos experimentan menos casos de corrupción en su vida cotidiana pero se preocupan más por el tema, es una de las principales conclusiones de la Universidad de los Andes como parte del Barómetro de las Américas, que desde 2004 analiza fenómenos políticos en todo el continente.

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Pero que la percepción sea más aguda de lo que ocurre en la realidad no es necesariamente una noticia positiva. De acuerdo con el estudio, sustentado en 1.563 encuestas realizadas en 47 municipios del país y con un margen de error del 2,5 por ciento, la gravedad que los colombianos atribuyen al problema ha tenido una profunda incidencia en su credibilidad en la política. Así, quienes menos creen en el funcionamiento de lo público apoyan menos la democracia. Según las cifras, de los que piensan que todos los funcionarios son corruptos, solo un 46,3 por ciento apoya la democracia, mientras 54,2 por ciento de quienes consideran que los funcionarios no roban sí lo hace. Y el 70 por ciento de quienes creen que la mayoría de los funcionarios son honestos respetan las instituciones.

En cambio, quienes aseguran que la mayoría de los trabajadores públicos son corruptos, solo creen en las instituciones en el 32 por ciento. “La percepción de que la corrupción está generalizada provoca desencanto con la institucionalidad política y con el régimen (democrático) en el que tienen lugar los eventos de corrupción. En plata blanca, por cuenta de esa percepción hoy en día la gente valora menos las instituciones y respeta menos al Estado”, asegura Miguel García, director del Observatorio, al tiempo que sostiene que la preocupación de los colombianos con la corrupción ha venido en aumento durante la última década. Así, mientras 52,7 por ciento pensaba en 2009 que la corrupción estaba muy generalizada, esta cifra hoy está por encima del 60 por ciento.

El carrusel de la contratación de Bogotá destapado durante la Alcaldía de Samuel Moreno, y considerado el mayor robo de recursos públicos en la historia de la ciudad, es uno de los episodios a partir de los cuales los académicos explican por qué con el tiempo ha aumentado la mirada negativa de los colombianos frente al tema. Por cuenta de que solo en materia de movilidad se perdieron más de 2 billones de pesos, el carrusel tuvo un enorme impacto mediático sin igual, y generalizó la sensación de que donde hay políticos y contratos suele haber un robo. De hecho, este escándalo estalló en 2010 y en 2011 y se disparó la cifra de colombianos que creen que los funcionarios son corruptos, que pasó del 53 por ciento al 57,1 por ciento en un año.

El escándalo del carrusel también puede explicar por qué, después de los habitantes de la región oriental, los bogotanos son los más desencantados. Según el estudio, en el área de influencia de la capital es donde más personas (ocho de cada diez) creen que más de la mitad de los funcionarios públicos, o todos ellos, son corruptos. Eso puede estar ligado a una realidad sociológica predecible, pero también preocupante: mientras más conocen los colombianos del funcionamiento del poder, más pesimistas son ante la democracia y mayores percepciones de corrupción tienen.

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Así, de quienes saben mucho de política y dicen estar bien informados, el 76 por ciento asume que la corrupción está muy generalizada, mientras que entre quienes tienen poco conocimiento esta cifra es del 62 por ciento. Lo anterior implica un círculo vicioso: mientras más casos de corrupción salen a la luz pública, los ciudadanos son más escépticos frente al poder y tienen menos interés en participar en la política. Esto puede redundar en un menor activismo en ejercicios de control social y veeduría, lo que facilita el delito de quienes están dispuestos a robarse lo público.

En términos de las justificaciones a la corrupción, el 16,2 por ciento de los colombianos están dispuestos a pagar un soborno. Si bien esta cifra es menor que en otros países como Haití, Nicaragua o México, en los que la gente acepta más estas prácticas ilícitas, el estudio arroja resultados que contradicen las reflexiones habituales sobre el tema. En primera instancia, quienes viven en las ciudades (19,8 por ciento) están más dispuestos a sobornar que quienes viven en el campo (12,6 por ciento), lo cual puede deberse a que en las áreas rurales la gente preserva más los valores morales. En plata blanca, donde hay menos Estado hay menos funcionarios públicos, menos trámites y menos contratos.

En segundo lugar sorprende que quienes se ubican en los niveles socioeconómicos más altos están más dispuestos a sobornar. Mientras uno de cada cuatro de los colombianos más ricos estaría dispuesto a pagar una coima para solucionar algún problema con la autoridad o hacer algún trámite, uno de cada tres pobres lo haría. Y estos últimos, sobre todo, solo en caso de tener que solucionar una necesidad vital o relacionada con el acceso a los servicios públicos.

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En términos ideológicos, quienes se ubican a la izquierda del espectro se preocupan más por los problemas de corrupción (80,7 por ciento) que quienes tienen una ideología de centro (74,6 por ciento) y de derecha (65,6 por ciento). Sin embargo, no por ello los discursos contra la corrupción calan más en el centro izquierda. De hecho, al privilegiar el castigo a los corruptos, la centralización como manera de controlar los gastos públicos y las salidas punitivas, muchas de las alternativas políticas que se plantean para combatir el flagelo están ligadas a visiones efectistas, basadas en la defensa de la ‘mano dura’.

De ahí la importancia de buscar salidas al flagelo que, más que de banderas políticas, resulte del mayor consenso posible. Desde finales de los noventa, el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus ha planteado un cambio cultural para lograr que el respeto a lo público se garantice al armonizar la ley, la moral y la cultura.  “Que las reglas formales e informales que rodean los procesos electorales en Colombia sean mejores a futuro para encontrar una manera de curarnos de la tentación del ‘todo vale’”.

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Lo anterior significa que la sanción social a los corruptos debe ser tan alta que quien se robe los recursos públicos –además de recibir un castigo— se sienta culpable. Mientras la armonía entre esos tres elementos no exista, las instituciones seguirán siendo las principales sacrificadas por cuenta del pesimismo. No en vano, según el Observatorio, el cansancio con la corrupción explica, junto con otros factores, por qué desde 2014 en Colombia ha caído la percepción de que la democracia es la mejor forma de gobierno. “Y es que, probablemente, muchos ciudadanos sienten que el sistema político democrático facilita o permite grandes casos de corrupción. Sin embargo, olvidan que la democracia también ayuda a visibilizar esas situaciones”, concluye García. 

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