Estudio propone cuatro regímenes carcelarios distintos

Cifras del INPEC revelan que el hacinamiento en el sistema carcelario colombiano ronda el 41 por ciento. El problema ya salió de las cárceles y ahora se extiende a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y a las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ). Junto al hacinamiento vienen otros problemas como la drogadicción, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, la violencia y las enfermedades.
 
Para Manuel Iturralde Sánchez, Director del Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) de la Universidad de los Andes y miembro de la Relatoría de Prisiones, el problema trasciende al mismo hacinamiento y debe revisarse toda la estructura del sistema penal y carcelario colombiano para hacer frente a la grave situación que viven los más de 107.300 reclusos en las cárceles del país, la capacidad real del sistema es de 75.576 internos.
 
Es por esto que el G-DIP elaboró una propuesta para transformar el sistema penitenciario colombiano, que ya pasó por manos del presidente Juan Manuel Santos.
 
El sistema vigente
 
Actualmente quienes cometen delitos en Colombia se enfrentan a un sistema penitenciario cerrado, esto quiere decir que deben estar confinados ya sea en instituciones carcelarias o en sus hogares bajo prisión domiciliaria. Este modelo ha fracasado en países como Estados Unidos, en donde la Suprema Corte ya ha ordenado la salida de miles de internos de, por ejemplo, las cárceles del Estado de California pues el sistema no da abasto para sostenerlos.
 
No existe un seguimiento posterior a la salida de los reclusos y las alternativas que ofrecen el Código Penal Colombiano y el Código de Procedimiento Disciplinario, multas, conmutación de la pena, medidas de aseguramiento no carcelarias, son poco usadas por los jueces en gran medida, según Iturralde, por la presión gubernamental y de la sociedad en general por ver resultados anticriminalidad que se traducen en encarcelamientos y endurecimiento de penas.
 
El Nuevo Sistema
 
El sistema diseñado por el G-DIP se compone en realidad de cuatro regímenes complementarios e independientes entre sí: abierto, semiabierto, semicerrado y cerrado, que es el que rige actualmente en el país.
 
Los reclusos se ubicarán en cada uno de acuerdo el tipo de delito cometido; el perfil socioeconómico del recluso, pues el proyecto contempla una parte importante de la actual población como vulnerable y más necesitada de oportunidades que de severos castigos; el progreso en el cumplimiento de la pena; el impacto social del delito cometido: hurtos, violaciones, masacres, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo; entre otros.
 
Regímenes Abierto y Semiabierto
 
En los regímenes Abierto y Semiabierto entrarían aquellas personas que hayan cometido delitos de bajo impacto, como el hurto simple, que hayan delinquido por primera vez, en el caso del abierto, y que puedan demostrar que sus condiciones socioeconómicas los llevaron a cometer la falta.
 
De lunes a viernes estas personas deberán cumplir con labores designadas por el Estado durante el día y fuera de las instalaciones de la prisión, para resarcir a la comunidad que afectaron y deberán volver a las cárceles, de baja y media seguridad, en las noches y durante los fines de semana.
 
Sin embargo, quienes sean reincidentes y se encuentren en el régimen semiabierto podrán pasar algunos fines de semana en sus casas con sus familias bajo supervisión del Estado. La intención es que los internos al estar más cerca de sus familias se motiven para acelerar sus procesos de resocialización, sea menos difícil su reintegración a la vida familiar luego de salir de las prisiones y tengan la oportunidad de transformar verdaderamente su vida y ser útiles a la sociedad.
 
Adicionalmente el proceso irá acompañado por jornadas de estudio y aprendizaje de oficios de manera que al terminar la pena quien haya cometido algún delito pueda integrarse de manera efectiva a la sociedad y no reincida en conductas criminales.
 
Regímenes Semicerrado y Cerrado
 
Si los primeros dos regímenes consideraban al interno como una persona que necesitaba ayuda de la sociedad para resarcirse y le brindaban el apoyo para que se le abrieran nuevas oportunidades de vida diferentes al crimen, en el régimen Semicerrado, es el recluso quien debe colaborar con el Estado.
 
Colaborar con la justicia le permitiría a quienes cometan delitos de alto impacto, como secuestros, extorsiones, estafas y concierto para delinquir, entre otros, recibir un mayor número de visitas a la semana de las que actualmente existen para tener mayor contacto con el mundo exterior y, de esta manera, motivarse para adelantar procesos de redención de pena por medio de estudio y trabajo, pero sin salir de las instituciones carcelarias, en este caso de alta y máxima seguridad.

Por su parte, crímenes atroces, homicidios, terrorismo y otros delitos graves entrarían en el régimen cerrado. Básicamente los reclusos permanecerían en las prisiones todo el tiempo de la condena y sólo podrían recibir una visita semana, tal como sucede hoy.

En este último escenario los condenados no gozarían de mayores beneficios pero si de unas condiciones dignas para cumplir su pena de modo que, por lo menos, el resentimiento no haga parte de la cadena criminal que arrastran los convictos.
 
La polémica
 
Iturralde reconoce que la propuesta puede causar escozor en algunos sectores de la sociedad, pero es enfático en señalar que el sistema actual no es viable económica ni socialmente: “muchas personas se opondrán a que los internos reciban apoyo del estado, pero la idea no es premiar a los delincuentes, es racionalizar el sistema de manera que sea eficiente, que se rompan esos ciclos delictivos que comienzan en el hurto simple y terminan pasando por todo el circuito carcelario de la ciudad o el país”.
 
Pues, según el G-dip, mientras no se ataque el contexto de violencia, pobreza y abandono en que crecen las personas no se puede resolver el problema de criminalidad que azota el país y asfixia el sistema carcelario.
 
Iturralde añade que “en el tema carcelario hay que ser prácticos, pues resulta más costoso mantener a una población carcelaria dando vueltas en las prisiones, que atacar como sociedad las causas y reducir los índices de la criminalidad”. De manera que más reclusos salgan de las prisiones y menos entren “pero no por decreto como les tocó hacer en Estados Unidos, generando impunidad, si no porque todo el andamiaje del sistema está concebido para prevenir y resocializar".