Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 3/7/2017 5:02:00 PM

Los ´fantasmas jurídicos´ que rondan a exgobernador del Valle

Pese a que la Procuraduría lo destituyó y sancionó dos veces, a Juan Carlos Abadía lo siguen atormentando los pleitos por su polémica administración

Juan Carlos Abadía Campo era un verdadero fenómeno político en el Valle del Cauca. En un abrir y cerrar de ojos pasó de ser concejal, diputado y gobernador, a integrar el sonajero de futuros presidenciables.

Pero tanta fortuna política no fue ajena a los escándalos, y así como su joven imagen lo catapultó como espuma en la arena política nacional, sus polémicas alianzas y poca experiencia en el sector público terminaron por sacarle una enorme cuenta de cobro.

De esa manera pasó de ser una promesa política nacional a protagonizar numerosos escándalos, varios de ellos con alcances disciplinarios, fiscales y hasta penales. De hecho, no sólo salió destituido de su cargo de gobernador del Valle, sino que sobre él pesan dos sanciones disciplinarias, una fiscal y un proceso penal.

Y eso es precisamente lo que le acaba de suceder esta semana, cuando un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó los cargos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales.

Ese proceso ya produjo en julio del 2015 la condena contra Éiber Gustavo Navarro Piedrahíta, su secretario de Educación, y tres particulares. El caso se remonta a la gobernación de Abadía (2008-2010) cuando firmaron un contrato por 1.072 millones de pesos para suplir de bibliotecas a diez municipios del departamento.

Pero la Fiscalía descubrió que el contratista era la Fundación Calimío que no tenía experiencia para ejecutarlo. Prueba de ello es que el mismo convenio pasó por otras dos fundaciones. Al final del ejercicio los investigadores descubrieron que quien dotó las bibliotecas sólo invirtió 182 millones de pesos. Es decir, hubo un presunto detrimento por 890 millones de pesos.

Puede leer: El reino de Abadía

En el juicio, Abadía tendrá que demostrar que él no tuvo injerencia en ese proceso, pero el argumento es debatible ya que como gobernador tenía la obligación de velar por el buen uso de los recursos públicos. 

De hecho, cuando este portal lo contactó para hablar sobre el tema, el exgobernador se mostró tranquilo y dijo que debatirá todos los cargos. Insistió en señalar que el directo responsable de velar por ese contrato era Raimundo Tello, su asesor jurídico, “pero curiosamente fue exonerado del proceso por la propia Fiscalía”.

También cuestionó que para la Fiscalía existan dudas en ese contrato de bibliotecas, “cuando en la investigación que hizo la propia Contraloría, no halló detrimento alguno y consideró viable la celebración del contrato con la Fundación Calimío. Además, todos los libros se compraron a precios oficiales a través del SICE”, explicó Abadía a este medio.

Pero ese no es el único fantasma que persigue al joven político. Por un caso similar la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por diez años para ejercer cargos públicos. La misma sanción cobijó al entonces secretario de Salud, Héctor Fabio Useche, quien en el momento del fallo (2012) era el recién electo gobernador del Valle.

Se trata del polémico contrato por 1.000 millones de pesos celebrado con la IPS Eduardo Bolaños Ltda, para realizar cirugías bariátricas a pacientes con obesidad mórbida pertenecientes al régimen subsidiado.

Si bien las cirugías se realizaron, el Ministerio Público consideró “culpa gravísima” haber celebrado dicho contrato en forma directa, “cuando era necesario agotar el procedimiento de la selección abreviada de prestación de servicios de salud”. Por ahora se desconoce si la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia le abrirá otra investigación por esa causa.

Puede leer: Abadía y Useche tendrán que responder por irregularidades en contratación

En el 2012 la Contraloría sancionó no sólo a Abadía, sino a su sucesor, Useche, por haber firmado irregularmente un contrato para la comercialización de los productos de la Industria de Licores del Valle (ILV). Sin embargo, en el 2015 el Consejo de Estado falló a favor de Abadía y, según explica el propio exgobernador, "esa Corte reconoció que gracias a mi gestión la ILV disparó sus ventas".

Y a esa sanción se suma la que apartó a Abadía de su cargo de gobernador, en mayo del 2010, cuando la Procuraduría lo sometió a un juicio disciplinario abreviado por participar indebidamente en política. Además el joven político terminó inhabilitado por diez años.

Ese proceso disciplinario se originó por el sonado escándalo en el que se revelaron fotografías de una reunión en una finca del corregimiento de Rozo, Palmira, en la que aparecía el gobernador junto al entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias y varios alcaldes del departamento.

"La acción fue voluntaria, previamente analizada y consentida, sumada al hecho de que el disciplinado (Juan Carlos Abadía) cuenta con una formación académica especializada y suficiente para ver las consecuencias que le acarrea la realización de un comportamiento contrario a los deberes", dijo la procuradora delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño.

Puede leer: Juan Carlos Abadía, destituido e inhabilitado por diez años 

Asi las cosas y pese a que Juan Carlos Abadía, tras bambalinas, ejerce su influencia política en la región, está claro por ahora que los fantasmas de su paso por la gobernación del Valle aún lo persiguen.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.