Ex 'paras' no saldrían de la cárcel hasta que no reparen a sus víctimas

Dos derechos se enfrentaron en el Congreso. Los de las víctimas de los paramilitares a obtener verdad y reparación y los de los desmovilizados de las Autodefensas que se cogieron a Justicia y paz con la promesa de que recibirían como pena alternativa sólo ocho años de prisión.

A siete años de aplicación de la ley de Justicia y Paz, sólo han sido condenados dos paramilitares, más de 1.500 no han recibido sanción y podrían salir de la cárcel en 2014, cuando cumplan ocho años privados de la libertad.

Por eso, la Comisión Primera del Senado decidió aprobar el proyecto que le hace varios ajustes a la ley que permitió la desmovilización de los paramilitares tras los acuerdos de paz que suscribió el gobierno (de Álvaro Uribe) con la cúpula de las AUC en Santafé de Ralito (Córdoba).

Lo que busca el Congreso, de la mano de la Fiscalía y el propio gobierno, es diseñar una fórmula para que 1.500 paramilitares que no han recibido sentencia no vayan a salir de la cárcel.

Había dos propuestas. La primera, que obtuvieran una libertad condicional tras cumplir ocho años de prisión. La segunda, evitar la excarcelación hasta tanto no cumplan los propósito de verdad y reparación con sus víctimas.

La fórmula que se llevará consensuada a la plenaria del Senado (donde se ampliará el último debate) es que los paramilitares sean condenados tal como lo establece la justicia ordinaria (muchos delitos se les contempla 40 años de prisión) y hasta tanto no reparen a sus víctimas, no pueden ser beneficiados de las penas alternativas de Justicia y Paz (establecidas entre cinco y ocho años de prisión).

“Solo podrán recibir la pena alternativa, de los ocho años de prisión, quienes garanticen que han cumplido con la verdad y la reparación a las víctimas”, explicó el ponente del proyecto, senador Juan Fernando Cristo (P. Liberal).

Aunque esa fórmula tendrá que recibir la bendición de la plenaria (después del 20 de julio). Lo que sí se aprobó en el penúltimo debate es un mecanismo de persecución de bienes de los paramilitares.

El proyecto crea una unidad en la Fiscalía para rastrear los bienes que aún no han sido entregados por los paramilitares, y establece la condición de que si un desmovilizado de las AUC se le descubre que ocultó bienes, perderá los beneficios de la Justicia y Paz.

El proyecto también amplía los términos de Justicia y paz al señalar que el gobierno tendrá un año para aceptar nuevas postulaciones para quienes se hayan desmovilizado de forma individual después del 2005, y de dos años para quienes lo hagan de forma colectiva. Estos nuevos postulados sólo podrán beneficiarse por los delitos que hayan cometido hasta antes de su desmovilización, lo cual cierra las puertas a los exparamilitares que hayan decidido volver a delinquir en bandas criminales.

En otros ajustes aprobados en el parlamento, se establece, entre otras, que el Fiscal General de la Nación tendrá la facultad de priorizar los delitos más graves para que estos puedan ser sancionados por el aparato de justicia colombiano.

Además se reducen los trámites judiciales como las versiones libres, que en adelante pueden ser colectivas, con el propósito de que no duren tantos años. Hoy, cuando la ley de Justicia y Paz lleva siete años de aplicación, aún no se ha superado la fase de la confesión de los desmovilizados.

Este proyecto también obliga al gobierno a poner en marcha mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para que los exjefes ‘paras’ extraditados a Estados Unidos tengan que seguir cumpliendo con Justicia y Paz, es decir, que sigan revelando la verdad de sus crímenes y entregando bienes para la reparación de sus víctimas.