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| 11/29/2010 12:00:00 AM

Ex 'paras' rasos deberán comprometerse con la verdad

El proyecto para darles seguridad jurídica a los 31.000 desmovilizados que están en el limbo jurídico prevé mecanismos para que las víctimas accedan a la verdad. No obstante, esa información no podrá ser utilizada en los procesos judiciales.

El proyecto de ley que busca garantizar la seguridad jurídica de los desmovilizados fue radicado por el Ministerio del Interior y de Justicia esta tarde en el Congreso de la República.

La necesidad de ese instrumento legal para los paramilitares se volvió imperiosa, luego de que la Corte Constitucional declaró inexequible hace una semana un artículo de una ley que permitía que los integrantes de grupos ilegales se acogieran al principio de oportunidad.

El Alto Tribunal dijo que en esa ley no se incluyeron principios de verdad, justicia y reparación, por lo cual consideró que no se podía aplicar el principio de oportunidad, consistente en que una persona procesada arregle con la Justicia y acceda a beneficios jurídicos.

Según anunció el propio ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, la ley incluirá una comisión para escuchar a los exparamilitares. El objetivo es que la ley cumpla el propósito reseñado por la Corte, de que las víctimas accedan a la verdad.

"Se requiere un elemento de justicia transicional que incorpore los conceptos de verdad y reparación. Va a haber una instancia en donde estas personas contarán la verdad", afirmó el ministro.

El vocero del partido Liberal, Juan Manuel Galán, refrendó que la confesión será imperativa. “Se va a establecer una cosa, que a mi juicio es muy importante… se establece obligatoria la confesión y eso permite darles seguridad jurídica a los propios desmovilizados", afirmó Galán.

El proyecto, que consta de nueve artículos, cobija a quienes incurrieron en “los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas y municiones, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos”.

Además contempla como mecanismo para el acceso a la verdad, un “acuerdo” suscrito por los desmovilizados con el propio Gobierno. Sin embargo, según reza la redacción, este artículo contiene un parágrafo que dice que la verdad con la cual se comprometen los desmovilizados “no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial”.

Seguramente este punto provocará un intenso debate, pues hay quienes creen que la verdad tiene que ser judicial y no un simple formalismo. “El principio de verdad judicial es muy importante porque si un desmovilizado miente, según la Ley de Justicia y Paz, pierde los beneficios de la ley”, explicó a Semana.com el senador Luis Fernando Velasco.

Según el proyecto propuesto, los procesos judiciales de las personas cobijadas por esta ley continuarán su curso. No obstante, se suspenderán las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento a quienes hayan incurrido en los delitos mencionados y además cumplan con varios requisitos:

Estar vinculado al proceso de reintegración y no haber sido condenados por delitos dolosos después de su desmovilización.

También prevé la suspensión provisional de las ejecuciones de las penas para los desmovilizados que cumplan siete requisitos:

Además de los mismos mencionados anteriormente, informar el cambio de residencia, observar buena conducta, reparar los daños, comparecer ante las autoridades y no salir del país.

En su artículo octavo el proyecto agrega las responsabilidades que tendrán los desmovilizados: No incurrir en nuevos delitos dolosos, ejecutar actividades de trabajo comunitario y “contribuir a la memoria histórica”.

La urgencia

Este proyecto de ley lleva mensaje de urgencia, según dijo el presidente Juan Manuel Santos este sábado, cuando se comprometió con los desmovilizados a ayudarles a resolver su situación jurídica. La razón para este imperativo es que después de cuatro años de las desmovilizaciones, los soldados rasos de las autodefensas que confiaron en las garantías jurídicas ofrecidas por el Estado, no tienen resuelta su situación.

En palabras del senador Roy Barreras, de La U, las preocupaciones son dos: “La primera es que son 30.000, no 17.000 como se ha dicho (entre paramilitares y guerrilleros), que tienen que enfrentarse a la tentación de las bandas criminales que quieren cooptarlos. Y lo segundo es que se necesita un marco jurídico para estimular la desmovilización individual de guerrilleros”.

Barreras aseguró que el Gobierno se ha demorado en la radicación del proyecto y por lo tanto era posible que el Congreso tuviera que ir a sesiones extras. “El Ministro ha sido muy rápido para anunciar, pero muy lento para presentar la propuesta”, dijo.

¿Cuántos son?

Según cifras de la Alta Consejería para la Reintegración, el número de desmovilizados de las bases de las autodefensas, desde el 2002 hasta la fecha, es 31.671, y de las FARC: 15.087.

En total, sumando los disidentes de otros grupos ilegales, el total de desmovilizados es de más de 51.000.

No obstante, en la Alta Consejería están inscritos 19.000 exparamilitares de las bases que hacen parte del proceso de reintegración. ¿La razón? La Alta Consejería se creó en el 2006, cuando ya se habían producido las desmovilizaciones, por eso los desmovilizados no se han registrado en el proceso de reintegración.

Los exparamilitares que cometieron delitos de lesa humanidad postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz son 3.538. No obstante, ellos no tienen el problema jurídico que tienen los exparamilitares de base, cuya situación jurídica está en el limbo. Ellos reciben los beneficios de esta ley de justicia transicional si cumplen con los requisitos que ésta les exige. Hasta ahora, sin embargo, sólo se ha producido una condena.

El proyecto de ley que radicó este lunes el Gobierno pretende resolver el problema de los exparamilitares, pues los exintegrantes de las FARC sí pueden acogerse al principio de oportunidad, ya que pueden ser procesados por delitos políticos como el de sedición o rebelión, mientras que los exparamilitares no.

Según ha dicho el Gobierno, la justicia ha abierto 800 procesos a exparamilitares por “concierto para delinquir”. Por esta razón, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ha expresado su preocupación, pues esos procesos envían un mensaje negativo a los excombatientes que podrían sentirse tentados a volver a los grupos ilegales.

Con este proyecto el Gobierno pretende cumplir su promesa para que el proceso de paz con los desmovilizados llegue a feliz término, sin dejar a un lado los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha suscrito en materia de derechos humanos. Sin embargo, el debate no será fácil, pues aunque la ley debe cobijar a quienes se comprometieron con la paz, hay quienes advierten dudas sobre las cifras de desmovilizados, los recursos del Estado para asegurar las garantías, y posibles objeciones constitucionales.
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