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| 9/12/2009 12:00:00 AM

Ex presidentes emberracados

Álvaro Uribe tiene que estar muerto de la risa: tiene a sus tres principales adversarios políticos agarrados entre ellos.

La frase de la semana sin duda fue la que pronunció el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez: "Yo no quiero ser el guardián de ese manicomio". Y también sin duda esa última palabra sería adecuada para describir la pelotera que se ha visto entre los ex presidentes de la República en los últimos días.

Todo comenzó cuando con motivo de los 20 años de la muerte de Luis Carlos Galán y de la detención del general Miguel Maza Márquez salieron a flote informaciones nuevas sobre esos dos hechos. Lo que más llamó la atención fue una declaración que el ex presidente César Gaviria le hizo recientemente a la Fiscalía cuando se reabrió el caso del magnicidio de Galán. Dijo que recién elegido, la embajada norteamericana le había manifestado su preocupación por posibles nexos entre Maza, en ese entonces director del DAS, y el cartel de Cali. En esa época la respuesta de Gaviria había sido manifestar que era inconveniente separarlo del cargo en medio de la guerra contra el narcoterrorismo del cartel de Medellín en ese momento. Por eso aplazó por más de un año esta decisión, la cual se llevó a cabo en forma discreta poco tiempo después de que fue dado de baja Pablo Escobar.

Esa revelación indignó al ex presidente Ernesto Samper, quien le criticó a su antecesor traer a cuento un cargo de esa gravedad dos décadas después. Pero lo que realmente lo enfureció fue que Gaviria hubiera agregado en su relato que Maza había adherido a la campaña presidencial de Samper en la casa del relacionista de los Rodríguez Orejuela, Alberto Giraldo. Esa declaración produjo un cruce de mensajes en los cuales cada uno acusaba al otro de cercanía con algún grupo mafioso. Gaviria soltó la antipática e incomprensible frase de que esperaba que Samper no fuera de los que aún "lloraban la muerte de Pablo Escobar". Samper reviró haciendo referencia a la supuesta relación entre los 'Pepes' y el gobierno de su contradictor.

Sobre ese cruce de espadas la verdad es que el manejo que le dio César Gaviria al asunto del general Maza, aunque ahora tenga mala presentación, fue prudente y acertado. La guerra contra Pablo Escobar había producido todo tipo de alianzas non sanctas entre las autoridades y los mafiosos enemigos del capo del cartel de Medellín. Esos matrimonios por conveniencia se basaban en el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En su momento, ante las bombas de Pablo Escobar, nadie dramatizaba ese mal menor. Por lo tanto, sacar al general Maza, quien había liderado la guerra contra Escobar, era lógico, pero no requería un humillación pública.

Luego vinieron otras broncas. El tono de las críticas de Gaviria contra el gobierno de Uribe iba in crescendo. Esta radicalización del jefe del Partido Liberal tuvo su origen en un incidente que tuvo lugar en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Cuando esta fue convocada para discutir los problemas con Venezuela y Ecuador, Gaviria presentó un documento serísimo que hacía un diagnóstico realista de la situación con cada país y hacía recomendaciones al respecto. Uribe minimizó la importancia de ese esfuerzo y apoyó más bien una iniciativa de los ex presidentes Belisario Betancur y Ernesto Samper que simplemente se limitaba a reiterar su apoyo al Presidente como jefe de las relaciones internacionales del país. Como Samper venía de entrevistarse con Chávez, Gaviria lo tomó como un insulto.

A los pocos días acusó al gobierno actual de haber dejado de lado los temas sociales y tildó a Uribe de dictador, demagogo, politiquero y clientelista, y dijo que el Presidente no sólo quería un tercer período, sino quedarse indefinidamente en el poder y violar la Constitución. Esa salida de casillas era atípica dada la legendaria frialdad del jefe del Partido Liberal. Palabras políticamente gruesas son más propias de columnistas radicales como Felipe Zuleta y Ramiro Bejarano, que de una persona que ha tenido la investidura presidencial.

Uribe, como era de esperarse, no puso la otra mejilla. Mandó a su escudero, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, a darle garrote a su agresor. Este dio unas declaraciones en las cuales desconcertó al sacar del sombrero el tema del tratamiento que Gaviria les habría dado a los narcocasetes que recibió de Andrés Pasatrana y que dieron pie al proceso 8.000.

Quién dijo miedo. El ex presidente liberal, quien ya venía cargado de tigre, entró en un paroxismo agresivo aun mayor. Como un caballo desbocado dio una entrevista a La W disparando a diestra y siniestra. La indignación que le había generado la traída a cuento de los narcocasetes lo transformó en un personaje desconocido a pesar de llevar más de 30 años de vida pública. Sin la menor duda era una falta de respeto del ministro Palacio invocar ese tema y en esos términos. Y el hecho de que solamente fuera un mensajero enfureció más a Gaviria.

En ese momento, el tema de los narcocasetes hizo que el ex presidente Andrés Pastrana se metiera a la gresca. Una revelación de Gaviria le sacó la piedra. Según se supo, Rafael Pardo, ministro de Defensa de Gaviria, después de establecer que las voces eran de los Rodríguez Orejuela, al parecer le contó esto a Samper, pero no a Pastrana. Pardo desmiente esta versión y asegura que no sólo le informó a Pastrana sino también a Luis Alberto Moreno. Además niega que hubiera propuesto un "pacto de caballeros" para guardar silencio sobre el tema, como lo sugirió Andrés Pastrana en una carta que le envió a Gaviria. En esa misma misiva concluía que de haber tenido en ese momento la información que tiene ahora, habría denunciado públicamente la narcofinanciación de la campaña Samper.

La verdad es que Pastrana tenía otras razones para no denunciar los narcocasetes. Cuando los recibió iba ganando en las encuestas y acusar a Samper de estar financiado por los narcos podía ser un suicidio electoral. Eso le sucedió a Álvaro Gómez en la elección de 1986, cuando el día antes de la votación acusó a Virgilio Barco de nexos con la industria petrolera a través de la concesión Barco. Esa denuncia a última hora le dio una imagen de mal perdedor que produjo una derrota catastrófica al día siguiente. Pastrana, con razón, temía ese efecto bumerang y por eso quería que un tercero, y no él, hiciera la denuncia. Además de esto se enfrentaba al problema de que los narcocasetes insinuaban narcofinanciación no sólo a la campaña samperista, sino también a la de él. Esto último acabó por no ser verdad, pero se requirió tiempo para establecerlo.

En cuanto a los cargos que le formula a Gaviria por el tratamiento que les dio a los narcocasetes, tampoco se puede deducir que el entonces Presidente tenía muchas alternativas diferentes a lo que hizo. Para comenzar, jurídicamente el jefe de Estado no tiene la facultad de suspender las elecciones. Eso le corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Denunciar la narcofinanciación a un día de las elecciones produciría un terremoto político y alteraría el resultado en uno u otro sentido, responsabilidad que no tenía por qué echarse a cuestas. Como no podía actuar políticamente, tenía que limitarse a lo jurídico, que era enviar los casetes a la Fiscalía, que fue lo que hizo.

Lo que queda claro es que 15 años después del proceso 8.000 el ex presidente Pastrana no supera la indignación de lo que le sucedió en esas elecciones. Los casetes no fueron tenidos en cuenta, fueron archivados por el fiscal Gustavo de Greiff y de no haber sido por el ventilador de Palomari, no habría pasado nada. Esa puñalada en el corazón se ha convertido en la obsesión de su vida. Y como si fuera poco, hay otro descubrimiento que le echa sal a esa herida. Con motivo de la reciente polémica, los periodistas Mauricio Vargas y Jorge Lesmes le dijeron a La W que durante la investigación para su libro El Presidente que se iba a caer, encontraron que seis meses antes de que aparecieran los narcocasetes la embajada norteamericana le había recomendado al gobierno de Gaviria hacerles rastreo telefónico a Alberto Giraldo y a los Rodríguez Orejuela. Según los dos periodistas, tres organismos del Estado, el DAS, la Brigada 20 y la Sijín, estaban al tanto de las intenciones del cartel de Cali de narcofinanciar las campañas. Para el ex presidente conservador alguien ocultó algo.

Todo lo anterior le da la razón a otra frase del Procurador en el sentido de que el país está pasando "de la patria boba a la patria loca". Lo que sucedió en los últimos días deja claro una vez más que Álvaro Uribe o es un genio político o tiene mucha suerte. Logró que sus tres peores enemigos, Ernesto Samper, César Gaviria y Andrés Pastrana, en vez de agarrarse con él, se agarraran entre ellos. En la Casa de Nariño el jefe de Estado, recién recuperado de su gripa porcina, debe estar sintiendo un fresco.
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