Exalcaldes de Bogotá declaran en proceso contra Samuel Moreno

Por petición de la defensa del suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno fueron llamados por la Procuraduría cuatro exalcaldes para que declaren en el proceso disciplinario que cursa en su contra. Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Luis Eduardo Garzón y Paul Bromberg fueron citados para que se refieran a la manera cómo se realizaban los procesos de contratación mientras fueron alcaldes de Bogotá.
 
Dichos testimonios serán tenidos en cuenta frenta a lo que sobre el tema ha hablado el suspendido alcalde. Según él no puede ser investigado porque la ley lo exime de cualquier responsabilidad frente a lo que tiene que ver con la contratación y  retrasos en el desarrollo de las obras.
 
Samuel Moreno fue suspendido como alcalde de Bogotá el 3 de mayo. Y aunque inicialmente era solo tres meses, el pasado 3 de agosto el Ministerio Público anunció  prorroga por tres meses, lo que significa que el suspendido alcalde estará por fuera de su cargo lo que le queda a su mandato, el cual termina el próximo 31 de diciembre.

Son tres los cargos que hacen parte del pliego que formulará el procurador al alcalde Moreno: no asegurar las obras, presunta omisión en el deber de asegurar los contratos de la malla vial y la presunta omisión en el deber de asegurar seis contratos que estaban a cargo del IDU.

El procurador general de la Nación, al anunciar la medida, calificó las actuaciones de Samuel Moreno como “faltas graves a título de dolo”.

En primer lugar, explicó que el alcalde no aseguró las obras en varios contratos. Por ejemplo, en el contrato 137 del 2007 encontró indicios de faltas de estudio para asegurar el cumplimiento de las obras.

En ese contrato se “adicionó” dinero por varios miles de millones de pesos. Además, agregó el procurador, desde varios meses atrás se tenía información de la falta de celeridad en la entrega de las obras, pero “solo en enero del 2010 se tomaron decisiones”.

Sobre el segundo cargo, el Procurador dijo que se presentaron significativos atrasos en los contratos 071 del 2008 y 072 del 2008. “Se determinó que en ambos contratos existen atrasos que superan el 50 por ciento, lo que significaba tener que duplicar el trabajo para poder cumplir”.

Y en tercer lugar mencionó la omisión en la falta de asegurar el cumplimiento de la construcción de obras en debida forma, “en seis contratos que estaban a cargo del IDU”. “La circunstancia de omisión afecta gravemente el interés público”, señaló entonces el jefe del Ministerio Público.
 
En la parte penal ha sido aplazada dos veces la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento. La Fiscalía imputaría cargos por los delitos de prevaricato por omisión, concusión, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación.