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| 8/12/2017 10:15:00 PM

La reincorporación de las Farc va a paso de tortuga

Excombatientes de las Farc, en vilo. Las alarmas están encendidas. Más que privilegios económicos para los exguerrilleros, se trata de evitar el reciclaje de la violencia y consolidar la paz.

Colombia no se puede dar el lujo de fracasar en el proceso de reincorporar a la sociedad a los guerrilleros de las Farc que dejaron las armas. Lo ha dicho, una y otra vez, el jefe de la Misión Política de la ONU, Jean Arnault.

Los temores no son infundados y más bien son un déjà-vu de lo que ocurrió hace más de una década cuando se desmovilizaron las AUC. Más del 20 por ciento de quienes dejaron las armas volvieron a armarse. Las Farc no son las AUC y sus hombres cuentan con mayor disciplina y estructura política. Sin embargo, el estado actual de la reincorporación es tan precario que fuentes del gobierno dicen que de uno a diez la preocupación por el tema está en once.

Un nuevo enfoque

El próximo martes 15 de agosto finaliza la dejación de armas de las Farc y comienza la etapa de reincorporación de más de 10.000 guerrilleros, presos y milicianos a la vida civil. Los meses que pasaron concentrados en las zonas veredales sirvieron a lo sumo para que el Sena les ofreciera unos cuantos cursos cortos. Si bien ya se constituyó Ecomún -la cooperativa que servirá de base para los proyectos productivos de los excombatientes-, estos todavía están en veremos. Apenas la semana pasada pudo comenzar un programa de educación flexible para que los guerrilleros terminen su educación básica.

Las diferencias de enfoque entre el gobierno y la guerrilla y la lentitud de ambas partes para tomar decisiones han sido las principales talanqueras. El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo creado en el acuerdo de La Habana, ha realizado 40 reuniones en las que el principal logro ha sido tejer algo de confianza.

Las diferencias han sido profundas. La principal es que mientras las Farc han insistido en que su proceso debe ser colectivo, con proyectos cooperativos en los que también participen las comunidades y que tengan fuerte arraigo en las regiones, el gobierno ha defendido su experiencia acumulada durante los últimos 20 años en una ruta individual basada en el estudio, el trabajo y el apoyo psicosocial.

La otra gran diferencia giraba en torno a qué institución estaría a cargo de hacer la tarea. Las Farc se negaron a aceptar a la Agencia Colombiana de Reincorporación (ACR), por considerar que ha sido un instrumento contrainsurgente. Finalmente el gobierno aceptó cambiarle el nombre (ahora es la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN) y adaptar su estructura interna para que asuma el desafío.

Aunque el gobierno tiene una experiencia exitosa en reincorporación, las Farc son un desafío diferente. Según el censo socieconómico realizado por la Universidad Nacional, el 66 por ciento de los excombatientes tienen origen rural y por lo menos un 80 por ciento se quiere dedicar a actividades agrícolas.

La mayoría ha expresado que se mantiene en actividades colectivas, y aunque hay quienes creen que eso cambiará con el tiempo, la realidad es que en las Farc hay personas cuyo arraigo está en la propia organización. Un 64 por ciento tiene familiares en las filas. El guerrillero típico de las Farc tiene entre 30 y 45 años, y lleva entre 15 o 20 años en la guerrilla. Si a eso se suma que el 75 por ciento no ha terminado la educación básica, se puede decir que ese guerrillero entró a las filas insurgentes siendo menor de edad, con un analfabetismo funcional, y que no sabe ningún oficio diferente de la guerra.

Por eso no deja de sorprender que la tierra sea la mayor incertidumbre sobre los proyectos productivos en los que trabajarán los excombatientes de las Farc. En el acuerdo de paz no dice en ningún lado que el Estado deba garantizarles tierras para sus proyectos. Un decreto presidencial firmado bajo las facultades extraordinarias estableció la posibilidad de que cualquier entidad pública le solicite tierra al fondo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y que esta pueda ser entregada en comodato a los reincorporados. Esto es lo que los propios guerrilleros han llamado tener una casa en el aire.

Este vacío tuvo motivaciones políticas dadas las suspicacias en el sentido de que las Farc usarían los territorios despojados para usufructuarlos y no para reparar a las víctimas. También a las permanentes críticas de la oposición sobre los recursos que se invertirían en los guerrilleros. Si bien estas observaciones pueden tener arraigo en la realidad, desconocen que la reincorporación no es un premio a quienes se alzaron en armas, sino una medida para garantizar que no haya repetición. En todos los procesos de paz que ha vivido Colombia en el último siglo los combatientes han recibido tierra. Desde quienes combatieron en la guerra de los Mil Días, pasando por Guadalupe Salcedo, hasta los guerrilleros que dejaron las armas en los años noventa.

Hasta ahora lo más concreto es la posible compra de tierras alrededor de 16 de las zonas veredales, que desde el miércoles pasarán a llamarse “espacios de capacitación y reincorporación”. Se trata de unas 800 hectáreas donde deben comenzar proyectos que den rendimientos en el corto plazo. Pero los trámites de adquisición, en el

mejor de los casos, pueden tomar siete meses.

El gobierno, por medio de Fondepaz, financiará la manutención de los guerrilleros en estas zonas hasta el 15 de octubre y luego la recién creada ARN entrará a manejarlas. Se supone que los guerrilleros tendrán que gastar la renta básica que reciben, que es el 90 por ciento del salario mínimo, en mantenerse mientras terminan sus estudios y se capacitan para afrontar la vida productiva.

Esta renta está garantizada por dos años por medio de cuentas bancarias individuales. Así mismo cada excombatiente tiene destinados 8 millones como capital semilla para un proyecto productivo, que es la base con la que cuenta Ecomún para echar a andar sus iniciativas.

Una alternativa para muchos excombatientes será obtener un empleo con el Estado o los proyectos de cooperación. Esta semana quedó aprobada la ley que permite que 1.200 de ellos trabajen de escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección, de los cuales ya hay 308 capacitados. También crearon a Humanicemos, una asociación de excombatientes para laborar en desminado en la que ya hay 27 personas y que se aspira llegue a 700.

Por el lado de la empresa privada hasta ahora no hay ninguna oferta concreta. Frank Pearl lidera un proceso con empresarios que buscan apoyar la implementación de la paz, dice que hay buena actitud, pero que no darán ningún paso hasta que las reglas del juego estén completamente claras.

Según Joshua Mitrotti, director de la nueva ARN, los grandes proyectos no comenzarán sino después de diciembre cuando se haya analizado en cada región los resultados del censo socioeconómico y se terminen otros dos censos especializados en educación y salud.

El caso de la educación es dramático. El 11 por ciento de los excombatientes no tienen ningún tipo de escolaridad. El 57 por ciento tiene estudios de primaria, la mayoría inconclusa, así como un 21 por ciento de secundaria. En todas las Farc se han identificado apenas 54 personas con título profesional. Esta semana comenzó un programa liderado por el Consejo Noruego de Refugiados, la Universidad Abierta y a Distancia (Unad) y el Ministerio de Educación, financiado en un 60 por ciento por el gobierno de Noruega y para el cual ya hay 170 instructores en el terreno. Se trata de un modelo de educación flexible para los excombatientes, de manera que a diciembre por lo menos hayan terminado su primaria.

El tema de salud también es crítico. Aunque todos los exintegrantes de las Farc están afiliados a la Nueva EPS, hay situaciones graves que requieren, según los voceros de ese grupo, tratamiento diferenciado. Según el censo, 3.305 personas tienen algún tipo de limitación. Jairo Quintero, representante de las Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, asegura que hay más de 500 cirugías pendientes y 5 amnistiados en condición de invalidez.

Otro problema es la ausencia de un enfoque diferencial para los mandos medios de la guerrilla, una franja de aproximadamente 500 personas que manejaron dinero, mando y poder regional, cuya situación judicial es complicada y sobre quienes recaen en mayor medida los incentivos de las bandas criminales.

Que sobre la reincorporación pesen estos interrogantes no quiere decir que vaya rumbo al fracaso, sino que se necesitan acciones urgentes. Para empezar, un tema tan crítico no puede depender de la cooperación internacional. Tampoco se entiende que tres meses después de la renuncia de la ministra Clara López, el gobierno no haya nombrado su reemplazo en el Consejo Nacional de Reincorporación.

Que los excombatientes puedan tener una vida digna en la civilidad no es un asunto de privilegios para quienes se alzaron en armas, sino un requisito para que se consolide la paz territorial. Es un asunto, sobre todo, de seguridad nacional. Los meses que siguen son cruciales para el éxito o fracaso de la reincorporación.

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