Exconcejal del ‘carrusel’ solicita salir de prisión

Según el abogado Gerardo Barbosa Castillo, defensor del exconcejal de Bogotá José Juan Rodríguez Rico, sostuvo que su protegido tiene derecho a recobrar la libertad porque ya se vencieron los términos que existen para cada una de las etapas del proceso.

 

Aseguró que han pasado 245 días sin que se presente una acusación formalmente, cuando lo normado para el caso como máximo son 180 días. Por ello, se considera que el tiempo que ha pasado es casi igual al reglado para realizar la audiencia de juicio oral. 

 

“Solicita la libertad provisional por cuanto a la fecha han trascurrido más de siete meses contados sin que se haya realizado la acusación formal”, explicó el abogado a lo que añadió que “en esas circunstancias el procesado tendría derecho a salir de prisión”. 

 

Barbosa enumeró las demoras que según él ha tenido el proceso, esto para hacerle ver al juez por qué el exconcejal procesado por el ‘carrusel de contratos’ tiene derecho a recobrar su libertad, mientras se desarrolla la acción penal y se conoce el resultado de la misma. 

 

“Se inició un proceso por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo el 22 y 23 de mayo del 2013 y se impuso la medida de aseguramiento para esa fecha (...) El día 23 de junio se radicó el escrito de acusación, pero sólo hasta el 25 de julio se registró esta actuación en el Centro de Servicios justíciales, correspondiéndole al juzgado 36 penal de circuito con funciones de conocimiento”, señaló.

 

Añadió Barbosa que “el juzgado 36 programó la audiencia de acusación el 13 de septiembre del 2013. En la diligencia, el juez reconoció como víctima al IDU, Contraloría Distrital y Contraloría General, pero se excluyó a Segurexpo, por lo que se interpuso un recurso de apelación y se suspendió. El Tribunal Superior de Bogotá, confirmó el auto donde se excluye a Segurexpo y dijo que no debió haberse dado una apelación en el efecto suspensivo”. 

 

Según el defensor de Rodríguez, el expediente regresó del Tribunal al juzgado 36 sólo hasta el 11 de diciembre del año pasado (pocos días de que los funcionarios de la Rama Judicial salieran a vacancia). Finalmente, hasta el próximo 10 de febrero se programó la acusación formal. 

 

En la audiencia en la que se le imputaron cargos, el fiscal del caso señaló que Rodríguez habría participado en la entrega de los contratos de malla vial 137,138,071 y 072, que servían para obras adicionales de la Fase III de TransMilenio, de la calle 26 y la carrera décima. Tan sólo el contrato 137 llegó a 418.000 millones de pesos.

“Buscó el beneficio de sus amigos. Su relación permanente desde el 2007 con el IDU lesionó la administración pública, pues no obró con transparencia y rectitud. Favoreció a Andrés Jaramillo con la adjudicación de dos contratos (…) era consciente que interesarse en un contrato en el que no debía intervenir era antijurídico”, indicó el fiscal.  

Para la Fiscalía es evidente que el concejal se aprovechó de su investidura y su posición económica y en la sociedad, para favorecer a Julio Gómez en la adjudicación de contratos del Distrito.

Algunas de las obras en las que habría intervenido Rodríguez fueron la construcción de la avenida José Celestino Mutis, el tramo de la avenida Ciudad de Cali y la construcción de un puente vehicular en esa misma zona. “Se asignó un contrato de obra y se obvió el proceso público de escogencia del contratista”, expresó el ente acusador.

“Sin tener competencia para intervenir en procesos contractuales ante el IDU, actuó en coautoría con Liliana Pardo, directora general del IDU; Esteban Prada, subdirector del IDU; Inocencio Meléndez; Ana María Ospina; Giovanni Arenas; Héctor Julio Gómez, (entre otros)”, señaló la Fiscalía. 

 

En la mañana de este jueves la Fiscalía deberá entregar las razones por la cuales considera que a Rodríguez no se le han vencido los términos. Después de escuchar a todos los intervinientes el juez 33 de garantías deberá entrar a decidir si deja en libertad o no a Rodríguez.