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| 7/19/2011 12:00:00 AM

Exfuncionarios de Uribe vinculados a procesos: un lunar que crece

La decisión de la Procuraduría de inhabilitar al exministro Arias, se suma a otras de tipo disciplinario y penal que han cobijado a colaboradores estrechos de la administración. Sin embargo, en muchos de los casos aún no hay última palabra de la justicia.

Cuando el expresidente Andrés Pastrana dijo en una entrevista que “mientras mis más cercanos asesores están siendo llamados al nuevo gobierno, los asesores más cercanos de Uribe están siendo llamados a indagatoria”, no se equivocó. Sus palabras fueron pronunciadas una vez Juan Manuel Santos se posesionó en la presidencia y anunció la conformación de su gabinete.
 
Lo que no se imaginó Pastrana es que en ese momento sus declaraciones eran un esbozo de un capítulo que apenas comenzaba en la era post Uribe. Algunas sanciones disciplinarias y penales a los exfuncionarios ya superaron la etapa indagatoria, se han abierto nuevas investigaciones, algunas han terminado en sanciones y posiblemente se abrirán otras.
 
La inhabilidad de Andrés Felipe Arias por las irregularidades en la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro, este martes, hace parte de una larga cadena de procesos abiertos por los organismos de control contra funcionarios del Gobierno anterior. Los procesos van desde violaciones a los derechos humanos, como en el caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales, hasta casos de corrupción, entre otros. Aunque será, el Ministerio Público, de un lado, y la justicia penal, del otro, la que decida finalmente la suerte de los exfuncionarios investigados.
 
‘Chuzadas’
 
María del Pilar Hurtado
 
Fue la directora del organismo de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se encuentra exiliada en Panamá, luego de que el propio expresidente Uribe intercediera ante el Gobierno de Ricardo Martinelli para que la acogiera en su territorio, pues estaba previsto que en cualquier momento la Fiscalía le imputaría cargos.
 
El pasado 18 de mayo, la Fiscalía imputó cargos en su contra por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. El Tribunal Superior de Bogotá, en consecuencia, impuso una medida de aseguramiento por los mismos hechos. Pero el gobierno panameño ha dicho que no entregará a Hurtado a las autoridades colombianas.
 
Por los mismos hechos, la exdirectora del DAS fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por 18 años.
 
Bernardo Moreno
 
Fue el Secretario General de la Presidencia. Es procesado por los mismos delitos de la exdirectora del DAS. El 1 de octubre de 2010, la Procuraduría General sancionó a Moreno por lo que consideró una extralimitación de funciones por haber participado en una reunión en su despacho a la que asistieron funcionarios de Inteligencia del DAS y de la UIAF para recibir información sobre un viaje de un grupo de magistrados de la Corte a Neiva, datos que posteriormente fueron filtrados a la prensa con el fin de desacreditar a los juristas. En la misma decisión en la que fue sancionada Hurtado, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 18 años. El 19 de noviembre del mismo año, la Procuraduría confirmó la decisión.
 
La Fiscalía le imputó los mismos cargos que a Hurtado, pero, el Tribunal Superior de Bogotá negó la medida de aseguramiento pues Moreno, a diferencia de Hurtado, no se fue del país y decidió encarar el proceso en Colombia.
 
lEn la mañana del sábado 30 de julio, la juez del Tribunal Superior de Bogotá, Marlene Orjuela, decidió aceptar la petición de las víctimas de las 'chuzadas', respaldada por la Fiscalía por considerar que puede obstruir a la justicia en el referido proceso. 

 
Otros nombres
 
En el caso por las interceptaciones y seguimientos ilegales también han sido procesados Mario Aranguren, exdirector de la UIAF, quien se encuentra a la espera de un fallo de un juez; Jorge Lagos, exdirector de contrainteligencia del DAS; Fernando Tabares, exdirector de inteligencia; Martha Leal, exjefe de inteligencia del organismo; Jacqueline Sandoval Salazar, exdirectora de contrainteligencia; Jorge Rubiano Jiménez, exagente de contrainteligencia; Hugo Daney Ortiz, exsubdirector de operaciones; José Velásquez Sánchez, excoordinador, y Enrique Ariza Rivas. En varios de estos casos, la Fiscalía y la Procuraduría han pedido las máximas condenas.
 
‘Complot contra la Corte’

Edmundo del Castillo
 
Fue el secretario jurídico de la presidencia desde 2006 hasta 2010. La Fiscalía y la Procuraduría le abrieron sendas investigaciones luego de que SEMANA reveló que él, en compañía del jefe de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, se reunió con el paramilitar Antonio López, ‘alias Job’, para evaluar unas supuestas pruebas que incriminaban a magistrados en un complot contra el presidente Álvaro Uribe.
 
Las supuestas pruebas fueron obtenidas ilegalmente, según lo reveló la investigación periodística de SEMANA. La Fiscalía abrió un proceso para evaluar si había incurrido en una actuación delictiva, pero lo archivó en julio de 2009. No obstante, en marzo de este año el ente acusador reabrió la investigación al encontrar nuevos indicios sobre la presunta responsabilidad de los dos funcionarios en haber permitido el ingreso de paramilitares a la Casa de Nariño. A la reunión, supuestamente también asistió el exconsejero presidencial José Obdulio Gaviria.
 
Sobre este mismo caso, el procurador archivó el expediente contra el secretario de prensa, el exasesor de comunicaciones Jorge Mario Eastman y otros 17 funcionarios. No así ocurrió con el proceso contra Del Castillo a quien le abrió un proceso disciplinario en abril de 2009 pues según el procurador Alejandro Ordoñez, “asumió funciones policiales y disciplinarias que no eran de su competencia, al aceptar reunirse con López, ligado con bandas de narcotraficantes de Medellín. Ordóñez también afirmó que Del Castillo omitió denunciar los hechos que conoció en la reunión a las autoridades correspondientes y ocultó información sobre la comisión de posibles delitos en las instancias del Estado”. Pero en este caso, el Ministerio Público no se ha pronunciado.
 
‘Parapolítica’
 
Jorge Noguera
 
Fue director del DAS desde 2002 hasta el 2006 cuando fue nombrado cónsul en Milán (Italia). El exjefe de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber puesto el organismo a disposición de las autodefensas.
 
Por esta razón, en noviembre de 2007 fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos durante 18 años, tras hallarlo culpable de colaboración con paramilitares e incremento injustificado de su patrimonio y el de terceros con dineros públicos.
 
En febrero de 2007 la Fiscalía emitió una orden de captura en un proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Fue puesto en libertad y recapturado, en el mismo proceso.
 
El 11 de junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso en su contra pues el fiscal Mario Iguarán delegó el caso y, según la ley, este era de su exclusiva competencia. Sin embargo, el proceso se reanudó, Noguera volvió a ser detenido preventivamente y está a la espera de que su situación jurídica se resuelva.
 
‘Yidispolítica’
 
Sabas Pretelt de la Vega
 
Fue el ministro del Interior del Gobierno de Uribe entre 2004 y 2006. El 24 de agosto de 2010 la Procuraduría lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 12 años. La sanción fue el resultado de una investigación en la que el Ministerio Público comprobó que en su condición de ministro ofreció al exrepresentante Teodolindo Avendaño (condenado por la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos) una notaría a cambio de su voto favorable al primer proyecto de reelección presidencial.
 
El 13 de mayo de ese mismo año, la Fiscalía lo llamó a juicio en una investigación penal por los mismos hechos. En ese momento, Pretelt tuvo que renunciar a su cargo en la embajada en Italia.
 
En enero de este año, el exministro solicitó ante el gobierno de Costa Rica el derecho de asilo político, petición que ese país rechazó.
 
Diego Palacio
 
Fue el Ministro de la Protección Social entre 2003 y 2010. Su nombre fue mencionado por la exrepresentante Yidis Medina en el proceso en el que resultó condenada por cohecho. Medina lo acusó de ser uno de los oferentes de las dádivas del gobierno a cambio del voto favorable de los congresistas al proyecto para permitir la reelección presidencial.
 
En 2009, la Procuraduría lo absolvió de los cargos pues consideró que no había suficientes pruebas. El proceso, sin embargo, continuó su camino en la justicia ordinaria. La fiscal Viviane Morales, el pasado 28 de junio anunció que su despacho tomaría decisiones en ese proceso.
 
‘Corrupción’

Carlos Albornoz
 
Fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes desde septiembre de 2006 hasta mayo de 2009. A finales de 2010 la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria junto a otros dos funcionarios por las presuntas irregularidades administrativas cuando estuvo a cargo de la entidad.
 
El Ministerio Público investiga si el entonces director del DNE tuvo alguna injerencia en la designación de los bienes de la Sociedad Cispata Promotora Hotelera a favor de personas que tenían “estrechos vínculos de amistad” con el implicado en el proceso penal.
 
Sobre la presunta corrupción en el organismo hay más de 100 investigaciones abiertas en la Fiscalía. Incluso, la entidad fue intervenida con el objetivo de establecer qué complicidad tuvieron algunos funcionarios de la entidad con bandas criminales y de narcotráfico para la venta y administración de bienes incautados a la mafia.
 
El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha dicho que ninguno de los posibles delitos en la DNE pudo cometerse sin la complicidad de funcionarios y aseguró que “aún hay personas vinculadas a estas mafias que siguen adentro”.
 
Andrés Uriel Gallego
 
Fue el Ministro de Transporte durante todo el período del Gobierno de Uribe. El 23 de junio pasado, la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por haber hecho presuntos pagos sin justificación por más de 193.000 millones de pesos para las obras de construcción del túnel de La Línea, que adelanta la empresa Unión Temporal Segundo Centenario.
 
El ente fiscalizador estableció que a la fecha a los contratistas de este proyecto se les han pagado 321.000 millones de pesos, pero la obra recibida vale 127.931 millones.

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