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| 3/20/2012 12:00:00 AM

Exguerrilleros detenidos piden debate sobre presos políticos

Desde este martes los autodenominados "presos políticos de guerra y de conciencia" inician una huelga de hambre en protesta porque el Gobierno niega su existencia y el permiso a una comisión para que los visite. Esta fue una petición de las FARC para liberar a los secuestrados.

El comunicado de las FARC conocido este fin de semana y en el que condicionan la liberación de diez uniformados a que se permita la visita del grupo Mujeres del Mundo por la Paz a las cárceles para que verifiquen las condiciones de "los presos políticos y prisioneros de guerra" no solo generó el rechazo del Gobierno, también tuvo efecto en algunas prisiones del país.
 
Miguel Gutiérrez, detenido en la cárcel de máxima seguridad en Cómbita (Boyacá) y vocero del Colectivo Antonio Nariño, señaló a Semana.com que los llamados 'presos políticos de guerra y de conciencia’ entrarán a partir de este martes –y de forma indefinida– en una jornada de huelga de hambre y de desobediencia civil como protesta contra las declaraciones del Gobierno, que niega la existencia de presos políticos y no permite la visita de Colombianos y Colombianas por la Paz y de grupos internacionales que tienen como intención verificar "las deplorables condiciones en las que se encuentran miles de presos políticos".

La protesta, que se extenderá a por lo menos 17 cárceles del país (hay cerca de 8.000 presos excombatientes de guerrillas), está basada en dos puntos principalmente: que se permitan las visitas y que se reconozca la existencia del delito político.

A través de un comunicado, el Colectivo de presos políticos y prisioneros de guerra Antonio Nariño de Cómbita (Boyacá) señala: "¿Cómo puede el Gobierno pretender hablar de paz y reconciliación nacional cuando desde el establecimiento política y mediáticamente se niega la existencia de presos políticos y de prisioneros de guerra, siendo nosotros en la realidad parte de este conflicto social y armado que padece la patria?"

Y hace referencia a que en el código penal se juzga a los presos de la insurgencia por "el delito político de rebelión (....) consideramos que si el Gobierno está convencido de buscar una salida dialogada al conflicto, se debe hacer un gesto recíproco que anime a las partes a continuar apostándole a esta iniciativa y una debe ser reconocer la existencia del conflicto social y armado y al mismo tiempo la existencia de presos políticos y de prisioneros de guerra y permitir la verificación propuesta por Colombianos y Colombianas por la paz".

Por último, el grupo de presos pide que se abra un espacio de discusión sobre "el delito político en Colombia" y pide a los movimientos de derechos humanos del país que hagan seguimiento a su petición.

Frente al anuncio de la jornada de huelga de hambre, el defensor del pueblo de Boyacá, Gustavo Tobo, se traslada a la cárcel de Cómbita para confirmar la situación y garantizar que se desarrolle de forma pacífica.

Visitas sí, visitas no

Aunque el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dio el visto bueno a Piedad Córdoba para que Colombianos y Colombianas por la Paz visitara las cárceles del país, días después retiró el permiso con el argumento de que dichas visitas no eran de tipo humanitario.

"En cuanto empezó a ser claro que habría otro propósito relacionado con un posible acuerdo de paz y, según lo han planteado las FARC, con el tema de las liberaciones, por supuesto eso escapa a la órbita de competencia del ministro de Justicia en cuanto tiene que ver con el presidente de la República, que sería la única persona que podría autorizarla", dijo en su momento Esguerra, quien insistió en que el país no hay "presos políticos ni prisioneros de guerra", sino sindicados o condenados por cometer delitos.
 
Al conocerse la decisión de Esguerra, Piedad Córdoba reiteró que las visitas sólo tienen carácter humanitario.

“(El ministro Esguerra) había sido muy amable con nosotros y le pediremos que hablemos sobre qué tan grave es la posibilidad de mirar las condiciones de los presos en general del país (...) el problema de las cárceles en Colombia es una bomba de tiempo”, dijo la exsenadora.

Piedad Córdoba se mostró, sin embargo, esperanzada en que “ojalá”  la negativa del Gobierno a las visitas carcelarias “no entorpezca” el proceso de liberación de los diez uniformados que permanecen secuestrados en poder de la guerrilla de las FARC.
 
Casi ocho días después las FARC, a través de un comunicado de prensa, condicionaron la liberación de diez uniformados a la visita de Colombianos y Colombianas por la Paz a las cárceles del país. Ante esto, el presidente Juan Manuel Santos fue enfático en su rechazo.
 
"Falta es que la guerrilla cumpla con su palabra y proceda con las liberaciones". Señaló a esa guerrilla de "mentir" al adicionar una condición que nunca estuvo estipulada anteriormente.

"Ahora, con este comunicado, una vez más las FARC les mienten a las familias, al país y a la comunidad internacional, poniendo una condición que nunca estuvo presente para la liberación de los secuestrados", dijo. "En ningún momento se ha puesto como una condición algún tipo de acción diferente al cumplimiento del protocolo", agregó. 

"Lo que simplemente quiero decir y quiero reiterar es que el Gobierno ha cumplido y seguiremos cumpliendo; que las FARC cumplan su palabra", reiteró el presidente Santos.
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