Por orden del Consejo de Estado, vuelve exmagistrado Alberto Rojas

Como lo anticipó Semana.com, este lunes la magistrada Sandra Lisseth Ibarra y tres conjueces estudiaron el proyecto de fallo que le pondrá punto final a la tutela que interpuso el exmagistrado Alberto Rojas Ríos, para hacer valer el debido proceso, luego de que en el 2014 fue declarada nula su elección por vicios de escogencia.

La tutela de Rojas Ríos argumentaba que la Sección Quinta del Consejo de Estado le vulneró sus derechos fundamentales, pues era a la Corte Suprema de Justicia a la que le competía anular su elección y no el mismo Consejo de Estado que lo ternó.

La ponencia elaborada por la magistrada Ibarra iba en sentido negativo a los intereses de Rojas, con lo que se le cerraría la puerta definitivamente para regresar a la Corte Constitucional. Pero esa ponencia fue derrotada.

En el trámite de esta acción de tutela la magistrada Ibarra le decretó a Rojas medidas cautelares para que se frenara la elección de su reemplazo, mientras se decide de fondo este recurso.

"Ordénese a la directora ejecutiva de la Rama Judicial, y a la Presidenta de la Corte constitucional que en un plazo no mayor de 48 horas, dispongan lo necesario para que el ciudadano Alberto Rojas Rios sea reintegrado a la Corte Constitucional por el resto del periodo para el que fue elegida", dice la sentencia de 35 páginas.

Sin embargo, el documento deja abierta la puerta a una eventual revisión de la Corte Constitucional, lo cual pondría en aprietos a ese alto tribunal, puesto que se tendría que declarar impedida toda esa Corporación porque fueron compañeros en sala de Rojas. Eso a la postre, ocasionaría un conflicto de intereses.

¿Por qué fue nula la elección de Rojas?

El alto tribunal consideró que se presentaron graves irregularidades en la conformación de la terna en la cual resultó elegido Alberto Rojas. Igualmente se consideraba que no cumplía todos los requisitos exigidos para su postulación.

En el primero de los puntos se indica que la mayoría de los miembros Sala Plena del Consejo de Estado hicieron pública su intención de voto, cuando el reglamento de esta Corporación indica que la votación debe ser secreta, “sin excepción”.