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| 9/15/2017 3:00:00 PM

“Lo dijo el papa: el diablo entra por los bolsillos”

El exmagistrado Arturo Solarte decidió renunciar a la Corte Suprema de Justicia cuando se dio cuenta de la corrupción y la debacle que se veía venir. Habló con SEMANA.

SEMANA: ¿Cuándo llega usted a la Corte Suprema y qué encontró?

Arturo Solarte: Mi período constitucional empezó el primero de agosto de 2007. En aquella época se produjo la elección de Augusto Ibáñez y María del Rosario González a la Sala Penal, Elsy Cuello a la Sala Laboral, y William Namén y yo a la Sala de Casación Civil. Para mi generación, hacer parte de la Corte Suprema de Justicia siempre se había considerado como el más grande honor al que podría aspirar un abogado, y cuando se me planteó la posibilidad la acogí con gran entusiasmo.

SEMANA: ¿Cómo era la Corte Suprema con que se encontró?

A. S. : La Corte de esa época estaba enfrentando una situación compleja, particularmente en relación con el trabajo de la Sala Penal, pues se estaba desarrollando el proceso que en medios se conoció como la parapolítica, pero las implicaciones de esa labor se extendieron a toda la Corte como institución. Era una institución en la que se trabajaba con entusiasmo, con mucho compromiso, y en el que la conformación de las Salas se había abierto para permitir el ingreso de personas provenientes de la academia o del ejercicio profesional, lo que resultó positivo pues enriqueció los debates y las miradas respecto de los distintos asuntos que se debían atender. Estuve en la Corte seis años y un mes.

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SEMANA: ¿Por qué decidió renunciar?

A. S.: Se presentó una coyuntura electoral en la que constaté que en la Sala Civil, a la que pertenecía, no se mantendría el equilibrio en su conformación -que siempre valoré–, con la presencia de magistrados de diferentes orígenes (la academia, el litigio, y, obviamente, lo mejor de la rama judicial). Por otra parte, llevábamos bastante tiempo con otros colegas sosteniendo una posición solitaria, y cada vez más aislada, sobre el rol de la Corte como actor institucional, y, en particular, respecto del ejercicio de sus competencias electorales.

SEMANA: ¿Cuál era la discusión sobre las tareas electorales?

A. S.: Nosotros propugnábamos porque en las elecciones que le correspondían a la Corte hubiera convocatorias públicas, amplia transparencia, valoración de los méritos, etc., pero en esos debates en Sala Plena fuimos derrotados consistentemente. Percibí que el rumbo que la mayoría quería darle a la Corte era diferente del que yo había idealizado, me pareció que lo que correspondía era "dar un paso al costado", como lo dije en mi carta de renuncia. Concluí, como en la propaganda de una importante entidad financiera, que "estaba en el lugar equivocado".

SEMANA: ¿En qué momento empezó la crisis que tiene hoy a la Corte Suprema de Justicia afrontando el peor momento de su historia?

A. S. : Creo que esa situación se empieza a gestar en el momento en el que la posibilidad de elegir a los nuevos magistrados de la corporación no se ve como una oportunidad para integrar a los mejores jueces, profesores o abogados litigantes al máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, sino como la ocasión para llevar allí a los colegas que posteriormente van garantizar al elector ser, a su vez, elegido para dignidades en la Corte, o para conformar mayorías para elegir Fiscales, o para postular Procuradores o Magistrados de la Corte Constitucional. Ese es origen de todo lo que ha pasado. Desafortunadamente, lo que se ha venido a saber es que algunos de los que han llegado de esa manera han aprovechado la situación para hacer un aprovechamiento ilícito de sus posiciones como magistrados.

SEMANA: ¿Entonces el problema es la arquitectura de la Corte?

A. S. : Las competencias electorales que la Constitución de 1991 le asignó a la Corte son una parte del problema. La otra es el elemento humano. Llegaron a la Corte personas con grandes ambiciones de poder, para quienes la magistratura no era el punto de llegada, sino el trampolín para otras posiciones en el organigrama del Estado, así como algunos otros, en casos ciertamente aislados, arribaron a la corporación personas con propósitos mucho más censurables. Lo destacó recientemente el Papa al señalar que el "diablo" entra por los bolsillos...

SEMANA: ¿Cómo empleaba la Corte sus facultades electorales en lo que le alcanzó a tocar estando allí?

A. S. : Es difícil hacer una valoración integral. Creo que si bien en algunos casos se presentaron malas decisiones, como las últimas noticias han venido a comprobarlo, en otras ocasiones la Corte acertó eligiendo excelentes magistrados, muchos de ellos jueces de carrera muy respetables. En todo caso, me parece que en varias ocasiones prevaleció el interés de llevar a la Corporación a posibles aliados electorales, para apuntalar futuras opciones de poder, más que el deseo de elegir a los mejores candidatos de las listas. Respecto de las otras competencias electorales (fiscalía, magistrados de otras corporaciones, etc.), creo que "regalo envenenado" de la Constitución de 1991, como lo llamó alguna persona, lo que hizo fue distraer a la corporación de sus competencias naturales, y permitió que la política –en minúscula– se metiera en la rama judicial.

SEMANA: ¿Qué impresión tuvo del magistrado Leonidas Bustos?

A. S. : No quiero hacer referencias personales en esta entrevista.

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SEMANA: ¿Por qué concluyó que se debía ir y no tratar de enderezar el rumbo de la Corte desde adentro?

A. S.: Mis posturas en Sala Plena, respecto de las competencias electorales de la Corte o sobre el papel de la Corporación como actor institucional, están en diversas constancias o salvamentos de voto, que constan en actas. Siempre fueron expuestas al interior de la Corte y de esa manera busqué persuadir a mis colegas con argumentos. Lo que ocurrió es que me fui quedando solo y al final solo éramos dos o tres magistrados en esa posición. En todo caso, una renuncia, como hecho simbólico, también es una opción, como constancia histórica de una determinada postura, como actitud ética frente a la imposibilidad de permanecer cuando la fractura es definitiva.

SEMANA: Ahora se conocen decisiones muy cuestionables que tomó la Corte. Sin embargo, son fallos que más allá del respectivo magistrado ponente contaron con el respaldo de los otros, nadie salvaba voto… ¿Por qué la Corte actúa como unidad aún frente a determinaciones injustificables?

A. S.: No tengo elementos de juicio para opinar sobre lo que pudo pasar al interior de la Sala Penal en estos casos. En todo caso, en algunos de ellos, hasta donde entiendo, se destacó la valiente posición disidente de la doctora María del Rosario González.

SEMANA: ¿Cree que el magistrado Gustavo Malo debe renunciar?

A. S.: Más allá de lo que yo opine, creo que es destacable la decisión de la Sala Plena de la Corte de solicitarle que se aparte de su cargo para que se lleve cabo la investigación correspondiente.

SEMANA: Los magistrados y exmagistrados cuestionados han guardado silencio ante el alud de indicios y testimonios ¿usted concluye que ciertamente la Corte profirió decisiones al tenor de jugosos pagos?

A. S.: No tengo elementos de juicio para dar una opinión al respecto. Debe procederse con celeridad para consolidar las investigaciones y realizar los juicios respectivos, garantizándoles a ellos, obviamente, el derecho de defensa.

SEMANA: ¿Qué se debe hacer para superar la crisis de la justicia?

A. S.: Destaco, en primer término, la importante labor que diariamente, en forma callada, realizan muchos funcionarios y empleados judiciales, honestos y competentes. No comparto la generalización con la que se ha tratado el tema. En todo caso, no se puede desconocer la gravísima situación que se presenta con lo que han destapado las últimas revelaciones. Lo que se advierte, en el fondo, es un gravísimo problema cultural, con la prevalencia de una escala de valores en la que, desafortunadamente, el mérito, la excelencia, la constancia y el profesionalismo, han sido desplazados por el deseo de ascender a cualquier costo para, una vez allí, buscar el máximo aprovechamiento personal.

SEMANA: ¿Pero cuál puede ser la salida?

A. S.: Creo que la superación de esta situación va a llevar mucho tiempo, pero me parece que, más allá de las usuales propuestas de reformas constitucionales o legales, cuya importancia no desconozco, podríamos empezar por un proceso serio de autocrítica en las altas cortes, unido a un proceso de autoregulación con el establecimiento de reglas de conducta en los reglamentos internos que minimicen los riesgos de conductas como las que se han denunciado.

SEMANA: ¿Por qué ante este panorama no se ve una indignación en respuesta por parte de los colegios de abogados, de las facultades de derecho, del gremio en general?

A. S.: Eso mismo me he preguntado desde hace varias semanas. Solo ha habido pronunciamientos aislados, dentro de los que destaco la columna de hace algunos días del doctor Juan Carlos Esguerra, que comparto íntegramente.

SEMANA: ¿La idea que empezó a tramitarse en el Congreso de crear el tribunal de aforados es la salida correcta?

A. S.: Puede ser un instrumento, pero el problema, como lo señalé anteriormente, es cultural. En ese contexto, más allá de lo que podamos hacer como sociedad, hay una labor muy importante para hacer en las facultades de derecho.

SEMANA: ¿Cree que la majestad de la Justicia se perdió?

A. S.: La expresión "majestad" es equivoca, pues transmite la idea de gloria o grandeza de los reyes o de los emperadores. Por el contrario, a mí me parece que de lo que debemos hablar es de respetabilidad y de dignidad, que se obtiene en la medida en que haya pronta y cumplida justicia, y, en el caso de las altas cortes, se deriva de la solidez, coherencia y profundidad de sus planteamientos y de sus decisiones. Pasamos por un momento institucional en el que esa respetabilidad ha quedado gravemente herida, no obstante lo cual reitero mi llamado a evitar las generalizaciones, pues hay una gran número de funcionarios judiciales que continúan empeñados en que tengamos una justicia respetable y digna.

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