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| 12/12/2017 10:19:00 PM

Exmagistrado Ricaurte “promovió y dirigió una organización criminal”: Fiscalía

El ente acusador llamó a juicio al expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, señalándolo de ser uno de los protagonistas del llamado ‘Cartel de la toga’ ¿Cuáles son los cargos y los hechos que se formulan en su contra?

Los cargos que se formulan contra Ricaurte son concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización indebida de información oficial privilegiada. A lo largo del escrito de acusación la Fiscalía reseña seis “casos” en los que el ‘Cartel de la toga’, liderado por Ricaurte y el también exmagistrado Leonidas Bustos “promovieron y dirigieron una organización criminal (…) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal”.

El documento señala que para llevar a cabo sus cometidos, los integrantes de la organización se reunían en hoteles, restaurantes e incluso fuera del país. Y refiere a otros personajes que también hicieron parte del grupo: Luis Gustavo Moreno (hoy delator estrella del ‘cartel’), Leonardo Pinilla (capturado y pedido en extradición), y Gustavo Malo (el magistrado cesante de la Sala Penal de la Corte que está bajo investigación).

Los seis casos que reseña la Fiscalía contra Ricaurte son:

  1. El del senador Álvaro Ashton, recientemente capturado por la Corte por supuestos nexos con paramilitares según se desprende de un viejo proceso que dormía en el máximo tribunal. En sus delaciones Gustavo Moreno ha dicho que la inactividad de ese proceso y la promesa de archivarlo le costó al senador 1.200 millones de pesos.
  2. Caso senador Musa Besaile Fayad, según la Fiscalía el también detenido senador habría pagado 2.000 millones de pesos por retorcer el destino de un proceso en su contra en la Corte Suprema por parapolítica.
  3. Caso Juan Carlos Abadía, el exgobernador del Valle es señalado de ser otro de los “clientes” del ‘Cartel de la Toga’ y concretamente se reseña que los procesos que adelantaba el fiscal 9° Delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Bettín Sierra en contra del mandatario departamental –cuyo abogado defensor fue Gustavo Moreno–habrían sido orientados hacía posibles decisiones de archivo y a evitar hacer imputaciones contra el investigado por influencia de Ricaurte y Bustos.
  4. Caso Alejandro Lyons Muskus. Se trata del exgobernador de Córdoba hoy también en plan de delator para obtener beneficios judiciales. En este filón a Ricaurte se le acusa de hacer parte de un equipo de magistrados que a cambio de 20.0000 millones de pesos podría obtener resultados judiciales favorables a Lyons quien enfrentaba varios investigaciones penales por el desfalco de las regalías del departamento.
  5. Caso Julio Alberto Manzur Abdalá. El nombre del excongresista aparece en el expediente habida cuenta de que diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado por parapolítica, habría recibido información reservada sobre los desarrollos de su proceso en la corte con la novedad de que era inminente su captura. Según lo expresado por Gustavo Moreno, él mismo, como abogado representante del ‘Cartel de la Toga’, exigió a Manzur 2.000 millones de pesos por “pilotear” su proceso, “oferta rechazada por Manzur, quien por orden de la Sala Penal de la Corte fue capturado el día 24 de enero de 2015”.
  6. Hechos relacionados con Fonade. Finalmente la Fiscalía argumenta en contra de Ricaurte que el exmagistrado habría incidido para que el Fondo Financiero de Desarrollo, entre los años 2014 y 2015, fuera usado como botín burocrático. La entidad habría sido aprovechada para “comercializar puestos”. Concretamente se sostiene que el nombramiento de Alfredo Ramón Dumar Bula como gerente de Fonade obedece a una jugada de intercambios en favor de los integrantes del Cartel de la toga.

El exmagistrado Ricaurte permanece preso en la cárcel La Picota desde hace un par de meses. En la audiencia de medida de aseguramiento se declaró inocente. Ahora su defensa deberá preparar los argumentos y los elementos para desmentir la imputación de la fiscalía expresada en los cuatro cargos y los seis casos señalados.

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