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NACIÓN
Carta de Jaime Lombana por el caso Urdinola
El abogado del exministro Antonio José Urdinola envió a Semana.com una carta que publicamos en su totalidad.
24 de octubre de 2013
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Hace pocos días un fiscal de Cali le imputó cargos por los delitos de estafa agravada y fraude procesal al exministro Antonio José Urdinola por un litigio familiar alrededor de unas propiedades. El sábado anterior Semana.com contó la historia de ese tema judicial.
A raíz de esa publicación Jaime Lombana, abogado del exministro, envió una comunicación explicando algunos aspectos del informe que Semana.com publica en su totalidad.
“Conocedor de su transparencia y ética periodística me dirijo en mi calidad de abogado defensor, para manifestar mi protesta por el artículo publicado el día 18 de octubre de 2013 en www.semana.com , en el que se demuestra apasionamiento y persecución en contra del buen nombre del Ex Ministro Antonio José Urdinola y su ex esposa Alexandra Garcés.
Debo censurar que la revista presente una información descontextualizada, sin haber consultado mi versión, tampoco la de mis representados; la última vez que su revista me contactó para el tema fue hace más de un año.
También reprocho que la publicación transcriba unas interceptaciones telefónicas de dos cónyuges en un momento de ira y confrontación, y se utilicen esas interceptaciones en contra de mis representados, buscando un morbo social, cuando la realidad es que ni siquiera obran como prueba dentro del expediente, al no haberse realizado aún la audiencia preparatoria. Lo anterior no corresponde a la probada altura y elegancia con que durante años ha demostrado tan prestigioso medio.
Como muestra de la falta de objetividad e imparcialidad comento sólo algunos de los aspectos omitidos en la cuestionada publicación:
“ 1. Se oculta, que la segunda instancia, ordena investigar disciplinariamente a la fiscal del caso, por haberse mutilado mi memorial de apelación. ¿ No es ese hecho más interesante desde el punto de vista periodístico que oír las conversaciones de marido y mujer?
2-No ha iniciado la etapa de juicio, entonces ¿cómo puede desde ya la fiscalía declarar la falsedad de un contrato?. ¿Entonces para qué los jueces; para qué la doble instancia; para qué la Constitución, si ya una Fiscal de primera instancia y un periodista declararon falso el contrato?.
3-Tampoco mencionó la revista que quien administraba y controlaba ese contrato desde que se firmó hasta la intervención de FIDUPACIFICO por parte del Gobierno, fue JORGE ALBERTO LLOREDA GARCES, hijo de la Sra. MARIA ANTONIA GARCES DE LLOREDA, (denunciante, y quien de manera inexplicable afirma bajo la gravedad del juramento que conoció ese contrato sólo a partir del año 2004). Queremos que el hijo de nuestra contraparte, Sr JORGE ALBERTO LLOREDA GARCES le aclare ese asunto a su Sra madre y a la administración de justicia, pero no podemos asegurar que por estos días venga al país.
4- Resulta antigarantista frente a un debido proceso, que una fiscal nunca permita interrogar a los denunciantes por parte de la defensa. Nunca se pudo interrogar a las denunciantes, jamás comparecieron para tal diligencia, fue un proceso amañado, plagado de irregularidades, siempre que la defensa buscaba al menos leer el expediente, respondían que la fiscal lo tenía guardado en su casa, será eso es lo que dispone el Código de Procedimiento Penal?. Cómo lograr demostrarle a la justicia, que la Sra GARCES DE LLOREDA y su hermana sí conocían el contrato, porque lo manejaba su propio hijo, y porque una de ellas recibió aportes millonarios de ese mismo contrato, si nunca se nos permitió interrogarla?.
4 -La Fiscal del caso impuso una medida de aseguramiento, por dos inexistentes delitos, aplicando una ley que no estaba vigente para el momento de los hechos, lo cual es una arbitrariedad muy grave, pero no pasa nada de nada, todo se calla. Sólo se actúa contra mis representados. Tampoco de esto indagó la Revista, ni le llamó la atención.
5- Dentro de esa confrontación jurídica han sucedido otros hechos no menos irregulares, que denotan parcialidad en la Fiscalía, como el haber ordenado un fiscal hace más de dos años, la práctica de un examen psicológico a una persona de más de 90 años, y por distintos medios han logrado que nunca se practique tan importante prueba, por el contrario presenta nuestra contraparte un poder para actuar en el proceso penal que ha sido otorgado por esa persona de avanzada edad hace más de quince años.
Podría seguir enunciando omisiones y acciones muy cuestionables en este caso, pero la conclusión del artículo publicado por SEMANA.COM es la búsqueda de una anticipada sentencia condenatoria en lo social que demuestra la calidad humana y el alcance de nuestras contrapartes”.
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