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| 5/3/2011 12:00:00 AM

Exministro de Protección Social se pronuncia frente al 'carrusel de la salud'

En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el exministro Diego Palacio asegura estar dispuesto a colaborar, si es necesario, frente a la solicitud de los organismos y las entidades del Estado que están desarrollando las investigaciones del caso.

Un día después de que se hiciera público el escándalo del 'carrusel de la salud', el exministro de Protección Social Diego Palacio envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que se refiere al tema. En la misiva, Palacio asegura estar dispuesto a colaborar, si es necesario, frente a la solicitud de los organismos y las entidades del Estado que están desarrollando las investigaciones del caso.
 
"Es mi voluntad y decisión apoyar y estar presto a colaborar frente a la solicitud de cualquiera de los organismos y/o entidades del Estado que están desarrollando las investigaciones con el propósito de esclarecer todo cuanto sea necesario, para que en el evento de hallar culpables, personales o institucionales, sean castigados por la justicia con todo el rigor", señala. Y advierte, sin embargo, que "es necesario hacer claridad en algunos temas". Y punto seguido enumera los siguientes aspectos:

1)Las EPS presentaron a título de recobros, en el período comprendido entre el 2005 y julio del 2010, $7.15 billones. De estos, se pagó el 68,8%, lo que corresponde a $4,9 billones. El excedente fueron recobros que se rechazaron por no cumplir las exigencias establecidas en la reglamentación.

2) Se afirma, en una forma peligrosa para el sistema, que el desfalco podría superar los 4,5 billones de pesos”. Me llama la atención, tal y como lo dije en el párrafo anterior, que entre el 2005 y julio del 2010, el Sistema había pagado por este concepto la cifra de 4,9 billones. Por lo tanto, si se dice que el desfalco puede ser superior a $4,5 billones, se podría interpretar que TODOS los recobros fueron “robados” y que no existe en el país ni un solo ciudadano que hubiera recibido ningún medicamento o tratamiento por cuenta de las tutelas. Así mismo, llegaríamos a la conclusión de que todos los pacientes que fueron favorecidos por las tutelas o los comités técnicos científicos no recibieron tratamiento y que a pesar de haber pagado las tutelas, estas no llegaron a beneficiar al paciente.

3) De los $4,9 billones que se cancelaron, $4,6 billones fueron pagados directamente por el FOSYGA que, como usted muy bien sabe, son administrados por las principales fiducias del país y que cuentan con su propio sistema de auditoría. Además, no sobra recordar que las EPS radican y tramitan las cuentas directamente en el FOSYGA.

En este proceso de pago de estos recursos, que corresponden al 92,1% de los recobros, la dirección de financiamiento del Ministerio autoriza el pago, pero no intervienen funcionarios en la revisión o la discusión de la pertinencia de los mismos.

4) El otro porcentaje del pago (7,9%), que corresponde a cerca de $400.000 millones, fue autorizado por mecanismos adicionales que se implementaron con el conocimiento de los organismos de control.

5) De acuerdo con la información difundida por diferentes medios de comunicación, existe la sospecha de que funcionarios del ministerio cobraban por acelerar o tramitar los pagos. De ser así, los delitos cometidos estarían centrados en el trámite de las facturas representadas en esos 400.000 millones de pesos y no en los 4,5 billones de pesos que han sido mencionados y no por ello menos graves.

6) La pregunta que se debería hacer sobre esos $400.000 millones de pesos es si fueron tramitados correctamente por las EPS.

7) En junio del 2009, el FOSYGA informó a la Procuraduría de las preocupaciones que tiene con el tema de los recobros. En enero del 2010, la Superintendencia de Salud le da traslado a la Fiscalía de documentos en los cuales expresa y demuestra sus preocupaciones, los cuales hacen referencia a falsificación de firmas, presentación de una cuenta varias veces, etc., etc.

8) En el 2008, el despacho del Ministro solicita, personalmente, al superintendente de Industria y Comercio que realice una investigación sobre los servicios que prestan las EPS en el POS y sobre el manejo de la información por parte de las EPS.

El exministro Palacio recuerda además que "en 2004 o 2005, el Superintendente de la época, Dr. César López, presentó una denuncia a la Fiscalía sobre una EPS, la cual, si no me falla la memoria, no prosperó. Las EPS y en general los actores del sistema saben que siempre tuvimos preocupaciones sobre el tema de los recobros. Además, el objetivo de la emergencia social, entre otros, fue el de delimitar bien la prestación de los servicios y colocar una cantidad de límites y conseguir financiación para los servicios que se prestaban por fuera del POS".
 





 
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