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| 7/28/2015 3:39:00 PM

Los exministros de Uribe se quejan de la justicia

Advierten que los exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe no tienen garantías ni se les respetan los derechos al debido proceso y la presunción de inocencia.

Dieciocho exministros del gobierno de Álvaro Uribe suscribieron una carta en la cual advierten con preocupación que los procesos judiciales contra varios de quienes fueron sus compañeros de gabinete entre el 2002 y el 2010 no cuentan con garantías para ejercer su derecho a la defensa.
 
“Casi cinco años después de haber terminado la administración para la cual servimos, vemos con dolor personal y enorme preocupación institucional que algunos de nuestros compañeros de equipo, personas que participaron con el mismo entusiasmo e idéntica voluntad en este esfuerzo, han sido vinculados en procesos judiciales revestidos de debilidades probatorias y diversas falencias”, dicen los exministros en la carta.
 
Se trata de una referencia a los procesos que han afectado a los exministros Sabas Pretelt de la Vega (Interior) y Diego Palacio Betancur (Protección Social), quienes fueron condenados por el delito de cohecho luego de que la Corte Suprema de Justicia los responsabilizó de dar y ofrecer prebendas a congresistas a cambio de que votaran a favor de la reelección presidencial. Caso que se conoció como la ‘yidispolítica’, en referencia a la excongresista Yidis Medina, quien fue la que delató públicamente estas actuaciones.
 
Otro de los exministros condenados fue Andrés Felipe Arias, quien se encuentra fuera del país, que fue sentenciado a prisión por las irregularidades en la adjudicación de créditos a empresarios del campo, en el programa gubernamental denominado Agro Ingreso Seguro.
 
En la carta cuestionan que los exministros hayan sido condenados exclusivamente por testimonios de personas a las que se les ha ofrecido beneficios por colaboración, y que para ellos no constituyen pruebas suficientes para condenarlos. También piden una justicia imparcial y despolitizada.
 
“No pedimos tratos preferenciales para nadie. Reiteramos, eso sí, la necesidad de que Colombia cuente con una justicia pronta, cumplida y eficaz que brinde garantías tales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la legítima defensa. Una justicia para la cual la contundencia de las pruebas sea la única base de sus decisiones. Una justicia que reconozca tanto los riesgos que genera la prueba testimonial si ella fuera el elemento único o primordial para definir la responsabilidad penal, como los excesos que se pueden cometer con la estrategia de negociación de penas a favor de los delatores”, dice la carta.
 
Y prosiguen los exministros “Una justicia cuyas sanciones guarden proporcionalidad con la gravedad de las faltas debidamente comprobadas. Una justicia imparcial al devenir político y percibida como neutral por la ciudadanía. En algunos de los casos que comentamos, infortunadamente, estos principios no han imperado”, explican.
 
En la misiva también hacen una defensa de los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, administración que calificaron como la que devolvió la seguridad y la confianza inversionista al país. Este es el documento.
 
‘Una constancia de solidaridad y de compromiso con nuestras instituciones’
 
Quienes suscribimos esta carta lo hacemos motivados por nuestro amor a Colombia y comprometidos con el futuro libre, próspero y digno de nuestra Nación.
 
En el año 2002 nuestro país vivía con angustia el elevado desempleo, el crecimiento económico estancado no solo por la situación interna sino por la crisis internacional, el bajo nivel de inversión nacional y extranjera, la insuficiencia exportadora y el sentimiento generalizado de pesimismo, desesperanza e incertidumbre. Se había llegado a que más de 280 alcaldes no podían despachar desde sus propias cabeceras municipales por las amenazas de los grupos terroristas, mientras los ciudadanos estaban prácticamente encerrados en las ciudades por temor a las pescas milagrosas y a los secuestros en las carreteras.
 
Ese mismo año Colombia eligió al Dr. Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República con la misión de recuperar la confianza, aprovechando el reciente apoyo internacional brindado a la administración anterior a través del Plan Colombia. Tuvimos el honor de ser convocados a integrar su equipo de Gobierno y aceptamos dicho reto sin mediar representación partidista alguna, motivados por el deseo de aportar nuestro conocimiento y capacidad de trabajo en la recuperación de nuestro país.
 
Las circunstancias no fueron fáciles porque las inmensas dificultades fiscales, políticas y sociales generaban restricciones fuertes. Lejos de considerar que el trabajo fue perfecto, admitiendo que se cometieron errores y aceptando que quedaron pendientes muchas tareas importantes, lo cierto es que con trabajo y determinación se fueron venciendo obstáculos. Durante ocho años de gobierno se redujo notoriamente la inseguridad y se produjo un impacto positivo en la inversión nacional y extranjera, las exportaciones se cuadruplicaron y el ingreso per cápita tanto como los programas sociales tuvieron una expansión notable. De igual manera se incrementó el acceso a mercados, se afianzó la conectividad, se aumentaron como nunca antes los flujos de turistas y Colombia ganó reconocimiento y respeto internacional.
 
Casi cinco años después de haber terminado la administración para la cual servimos, vemos con dolor personal y enorme preocupación institucional que algunos de nuestros compañeros de equipo, personas que participaron con el mismo entusiasmo e idéntica voluntad en este esfuerzo, han sido vinculados en procesos judiciales revestidos de debilidades probatorias y diversas falencias.
 
No pedimos tratos preferenciales para nadie. Reiteramos, eso sí, la necesidad de que Colombia cuente con una justicia pronta, cumplida y eficaz que brinde garantías tales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la legítima defensa. Una justicia para la cual la contundencia de las pruebas sea la única base de sus decisiones. Una justicia que reconozca tanto los riesgos que genera la prueba testimonial si ella fuera el elemento único o primordial para definir la responsabilidad penal como los excesos que se pueden cometer con la estrategia de negociación de penas a favor de los delatores. Una justicia cuyas sanciones guarden proporcionalidad con la gravedad de las faltas debidamente comprobadas. Una justicia imparcial al devenir político y percibida como neutral por la ciudadanía. En algunos de los casos que comentamos, infortunadamente, estos principios no han imperado.
 
Nuestro país atraviesa hoy dificultades económicas, políticas y sociales y, como en episodios anteriores, urge que a través del debate democrático construyamos acuerdos, diseñemos estrategias y trabajemos en su implementación. Las preocupaciones que motivan esta constancia, por fortuna, son objeto de reflexión y materia de iniciativas constructivas que son pasos en la dirección correcta de restaurar la confianza. Estos esfuerzos deben seguir siendo tarea fundamental del país en su conjunto”.
 
Lo suscribieron
 
- María Consuelo Araújo, exministra de Relaciones Exteriores.
 
- Carolina Barco, exministra de Relaciones Exteriores.
 
- Jaime Bermúdez, exministro de Relaciones Exteriores.
 
- Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio, Industria y Turismo.
 
- Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura.
 
- Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda.
 
- Roberto Junguito, exministro de Hacienda.
 
- Hernán Martínez, exministro de Minas y Energía.
 
- Luis Ernesto Mejía, exministro de Minas y Energía.
 
- Camilo Ospina, exministro de Defensa.
 
- Martha Pinto de De Hart, exministra de Comunicaciones.
 
- Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa.
 
- Carolina Rentería, exdirectora del Departamento Nacional de Planeación.
 
- Cecilia Rodríguez, exministra de Vivienda.
 
- Beatriz Uribe, exministra de Vivienda.
 
- Jorge Alberto Uribe, exministro de Defensa.
 
- Cecilia María Vélez, exministra de Educación.
 
- Isaac Yanovich, expresidente de Ecopetrol.
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