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| 1/23/2017 5:38:00 PM

Cárcel para toreros divide al Estado; la Corte tendrá la última palabra

La Fiscalía pide que tumben la persecución penal por maltrato animal; el Ministerio de Justicia la avala pero con límites; Iván González, vocero del Consejo creado para estudiar el tema, dice el derecho penal no es la respuesta al problema ¿Quién tiene la razón?

El choque encendido alrededor de la fiesta brava el fin de semana en la plaza de la Santamaría está listo para trasladarse al piso quinto de la Corte Constitucional. Este alto tribunal, con toda la documentación reunida, abrirá discusión este miércoles sobre si se deben o no penalizar todas las conductas relacionadas con maltrato animal, incluidas las corridas de toros.

Fue precisamente este tribunal el que ordenó la reapertura de la Santamaría y el que dejó en firme cuáles son los límites al deber de protección animal: la libertad religiosa, los hábitos alimenticios de los seres humanos, la investigación y experimentación médica y algunas manifestaciones culturales. Este último, creado por la Ley 916 del 2004, fue declarado constitucional por la Corte, por lo que para varios magistrados de la sala ya hay cosa juzgada y el asunto está zanjado.

Sin embargo, la discusión está encendida, las mayorías han cambiado en la corte y teniendo en cuenta que la discusión gira alrededor ya no de una contravención sino una conducta de carácter criminal, diferentes sectores del Estado levantaron la mano para opinar.

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Jorge Londoño fue en el 2011 ponente de una Ley contra el Maltrato Animal que pidió sanciones a las corridas de toros y la investigación o experimentación con diferentes especies. Sin embargo, en ese momento esta inciativa se hundió en el Congreso. 

Ahora, como ministro de Justicia, en un concepto enviado a la Corte, indicó que las corridas de toros “sí deben ser prohibidas pero no criminalizadas”. En el documento, explica Londoño, lo que pide la cartera de Justicia es mantener en firme la disposición que criminaliza el maltrato a los animales por causas “injustificadas”. Esto significa, explica Londoño, que aunque está en desacuerdo con que los toros no sean considerados maltrato animal a la luz de la Ley, mantener o quitar estas limitaciones le corresponde a la Corte. 

La Fiscalía, por su parte, le planteó a la Corte que tumbe la expresión que contempla cárcel contra el maltrato animal (entre 12 y 36 meses) y en su reemplazo se impongan multas para penalizar estas conductas. El ente investigador dice que imponer penas restrictivas de la libertad “carece de proporcionalidad” y por lo tanto “la privación de la libertad no constituye el instrumento más idóneo para promover conciencia sobre la eliminación del maltrato animal”.

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En este mismo sentido se pronunció Iván González, coordinador del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal, el grupo a cargo de ajustar las iniciativas de Ley y frenar el populismo punitivo, aseguró que la discusión dio un salto inconveniente y pasó de ser un tema de control social a ser parte de la regulación penal que ejerce el Estado. ¿El costo? La desprotección y el irespeto de las minorías que el Estado de Derecho debe proteger.

Semana.com: ¿Qué pasaría  si las corridas de toros fueran consideradas por la corte maltrato animal penalizable?

Iván González: Se tendría que replantear cuál es el concepto de maltrato animal y por qué el maltrato se va a criminalizar. Tenemos que tener claro que no todo maltrato animal puede constituir delito. Si cualquier maltrato constituyera delito, querría decir que no se puede comer carne animal porque la muerte implica un maltrato para esos seres de los que nos alimentamos. Si el pronunciamiento se hace respecto del carácter cultural, tendríamos que procesar a quienes patrocinen las corridas de toros, las riñas de gallos o las corralejas. Esto tiene implicación grandísima. Existe una relación con los valores sociales y estos eventos son catalogados como espectáculos porque son una tradición que viene de determinada población y que no necesariamente podemos controlar a partir de la criminalización del comportamiento.

Semana.com: ¿Cómo responder a los antitaurinos que piden igualdad en los castigos para todos los tipos de maltrato animal?

I.G.: Me parece que lo correcto sería ir avanzando hacia una nueva formar de ver la aproximación con los animales, de tal manera que se constituya una transición para eliminar este tipo de comportamientos. Esto realmente ocurre en muchos ámbitos de la vida social y vemos que en países como España, Rusia, incluso en Estados Unidos tenemos eventos de peleas de perros que puede constituir maltrato animal, pero es una tradición. Se debería más bien orientar a crear conciencia en la sociedad y no hacía la sanción penal de las personas que están metidas en este tipo de espectáculos.

Semana.com:  Es decir, ¿está de acuerdo con que se acaben las corridas pero no por la vía de lo penal?

I.G.: Es que el derecho penal no está para configurar el comportamiento social, está hecho para sancionar las fallas que se presentan frente a las leyes esenciales del comportamiento. Pero lo que tenemos que hacer en relación con el comportamiento social es utilizar otro tipo de mecanismos distintos del derecho penal, que vayan llevando a la persona y a la sociedad hacia el convencimiento de que ese tipo de prácticas culturales deben y pueden ser abandonadas.

Semana.com: ¿Qué mecanismos?

I.G.: Establecer conciencia acerca de la naturaleza de ser sintiente que tienen los animales, la posibilidad de establecer prácticas culturales similares o que tengan poder de convocatoria pero que no representen la utilización de un animal en estos espectáculos.

Semana.com: ¿Qué decirles a los antitaurinos que dicen que no hay un trato legislativo igual para todos los animales?

I.G.: Les diría es que tienen que tener paciencia. La modificación del comportamiento social no se logra ni en un año ni en una década. Seguramente necesitamos dos o tres generaciones para que se presente un cambio respecto de la relación entre individuo y animal. Lo segundo es que tienen que tener mesura y mucha racionalidad. Mesura en tanto a que las protestas para defender a los animales no se deben trasladar a la violencia contra los seres humanos. Y racionalidad en tanto que el derecho penal no les va a dar una solución a los problemas que pretenden confrontar.

Semana: ¿Qué efecto tendría criminalizar las corridas?

I.G.: Tendríamos que estar reorganizando el sistema judicial para poder atender dentro del propio sistema aquellos comportamientos que en este momento no hacen parte del procesamiento como delitos. Pero adicionalmente a eso implicaría la necesaria persecución de cualquier tipo de espectáculos de esta naturaleza y el enjuiciamiento de las personas que lo promuevan lo patrocinen o que de alguna forma estén relacionados con este tipo de espectáculos.

Semana.com: ¿Esto abriría la puerta a escenarios riesgosos de clandestinidad?

I.G.: Eventualmente sí. Pero lo más grave que se produce es el desconocimiento del derecho de unas minorías o de la forma como unas minorías viven determinado tipo de tradiciones o de sentimientos hacia los animales. El Estado de Derecho lo que tiene que garantizar es los derechos de esas minorías así a nosotros como mayoría no nos guste.

Semana.com: Desde el Consejo Superior de Política Criminal ya se pronunciaron sobre la Ley contra el Maltrato Animal ¿qué decidieron allí?

I.G.: Específicamente sobre corridas de toros no se hizo un pronunciamiento en particular. Pero frente a la Ley de Maltrato Animal sí se hicieron planteamientos serios frente a la poca bondad que veía el Consejo de la utilización del derecho penal para el logro de los objetivos que pretendía. Llamamos la atención sobre  la necesidad de utilizar mecanismos administrativos y de otro orden para la protección de los animales sintientes.

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Semana.com: ¿Qué tan recurrentes son los casos de maltrato animal en la sociedad?

I.G.: El proyecto de ley no presentaba cifras acerca del maltrato en animales. Esa es una de las fallas. No se dice qué tan frecuentemente se presentan casos de maltrato contra animales ni qué tan involucradas están las autoridades judiciales y administrativas para la regulación del maltrato animal.

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