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| 2/4/2014 12:00:00 AM

El ‘gallo tapao’ de la infraestructura en Medellín

La salida del secretario de obras públicas, José Diego Gallo, generó un escándalo. Ahora él se defiende y salpica a otros funcionarios.

El funcionario encargado de administrar un billón de pesos de la Alcaldía de Medellín entre el 2012 y el 2013 dejó su despacho por la puerta de atrás. Según el alcalde Aníbal Gaviria, su secretario de Infraestructura, José Diego Gallo, “no respondió a la confianza que se le dio” y por eso le pidió la renuncia el pasado diciembre. El motivo, según el alcalde, es que Gallo intentó comprar con urgencia siete predios que de nada le servían a la Alcaldía.

Una vez conoció de las supuestas irregularidades, Gaviria le ordenó a la oficina de Control Interno investigar lo que pasaba. Los resultados arrojaron que, además de ser inútiles, los predios tenían precios superiores a los reales. Inicialmente, fueron avaluados en 9.544 millones de pesos, y un segundo avalúo definió que en realidad costaban 5.636 millones. Fuera de eso, los propietarios de esa tierra resultaron ser dos hombres relacionados en el pasado con narcotráfico.

Desde enero del 2012, cuando Gaviria asumió como alcalde y nombró a Gallo, la noticia no cayó del todo bien entre algunas personas cercanas a la administración. Gallo venía de ser concejal y alcalde de Envigado entre el 2008 y el 2011. Durante su mandato recibió el premio a la transparencia y el expresidente Álvaro Uribe le colgó la medalla a la alta gerencia que otorga el Departamento Administrativo de la Función Pública. “Este reconocimiento entregado a esta administración quiere decir que Envigado es un municipio bien administrado, es un municipio bien organizado, se maneja como una empresa privada, pero, a diferencia de la empresa privada, donde las ganancias son económicas, en el sector público las ganancias son sociales”, dijo Gallo en su momento.

Sin embargo, al final de su administración salió cuestionado por haber dejado obras inconclusas y por haber incrementado la deuda del municipio de 29.000 millones de pesos a 105.000 millones. Para Aníbal Gaviria, los reconocimientos valieron más que las críticas y por eso lo nombró secretario de Infraestructura. Tanto Gaviria como el propio Gallo reconocen que su nombramiento no fue por pagarle cuota política a ningún cacique, sino por mérito.

Pero no faltaron quienes cuestionaron el nombramiento. Varios allegados al alcalde le advirtieron que no lo hiciera. Por un lado, le insistieron en que las dudas sobre la administración de Gallo en Envigado eran serias, que los recursos no habían sido bien manejados. Sin embargo, ningún órgano de control tiene reparos de peso al respecto. Y segundo, le dijeron al alcalde que no era bien visto que un político de Envigado manejara la infraestructura de Medellín.

“Yo fui uno de los que se opusieron a ese nombramiento, básicamente por tres razones”, dijo a Semana.com el concejal de Medellín Bernardo Guerra. La primera, que al secretario de infraestructura le tocaba promover el pago de valorización en el barrio El Poblado, vecino de Envigado. “O sea que le tocaba cobrar por obras que a la larga iban a beneficiar a su municipio más que a Medellín, y eso no se iba a ver bien”, dijo Guerra. Segundo, cuando fue alcalde de Envigado, Gallo permitió la construcción en las laderas del municipio, cuando Medellín quería hacer lo contrario. Y tercero, cuando fue alcalde de Envigado incumplió con las obras para compensar la afectación del relleno sanitario El Guacal y después pretendió hacerlas con recursos de la Alcaldía de Medellín, según el concejal Guerra.

Los cuestionamientos

Pese a todo, Gallo tomó su cargo de secretario. No había cumplido su primer año en el puesto, cuando empezó a tejer la cuestionada negociación de predios. En el informe que emitió la oficina de Control Interno se lee que desde el 2 de noviembre del 2012 empezó a pedir en varias entidades del Municipio la compra de siete lotes, con urgencia, para proyectos que, según la investigación, no estaban en los planes de nadie.

El alcalde Gaviria dijo al diario El Colombiano que una búsqueda en Google arrojó el motivo para despedir a Gallo. Al digitar los nombres de los propietarios de los predios, el buscador muestra archivos que los relacionan con actividades ilícitas. El propietario de cuatro de los predios que Gallo propuso comprar es Pedro Luis Vallejo Capera, quien aparece en un proceso judicial en Venezuela señalado de tráfico de estupefacientes. Los otros tres lotes pertenecen a Fernando León Londoño, quien hizo parte del cartel de Medellín y lo apodaban ‘Ñeris’. Purgó una condena de 105 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito, tras someterse a la justicia en 1993.

“Independientemente de que el tipo hoy tenga sus cuentas claras con la justicia, dijimos ese tema no nos huele bien, y está clarísimo que había una intención de inducir al Municipio a la compra de unos predios que no son prioritarios y que, si no son prioritarios, qué es lo que hay encerrado”, dijo el alcalde Gaviria al diario El Colombiano, refiriéndose al ‘Ñeris’. La Alcaldía alcanzó a pagar 1.700 millones de pesos por cuatro lotes y ahora busca recuperar la plata.

El ventilador

El exsecretario Gallo se enteró del escándalo en los medios y guardó silencio. Durante una semana recogió documentos y este martes ofreció su versión con otras revelaciones. Sobre los propietarios de los predios, dijo que, como secretario de Infraestructura, no era su función hacer estudio de títulos ni comprar tierras. Advirtió que eso le correspondía a la Unidad de Bienes de la Alcaldía de Medellín. Explicó que, sin embargo, cuando se desató escándalo, buscó el certificado de antecedentes de los propietarios y no registran anotaciones.

Respecto a los elevados avalúos, argumentó que entre sus funciones no estaba calcular el costo de la tierra y que para eso la Alcaldía contrataba a la firma Valor Bienes desde cuando Alonso Salazar era alcalde. “Esa empresa no la contraté yo y tampoco fui quien le pidió que hiciera el avalúo. Después me enteré de que la oficina de Catastro también hace avalúos y se me hizo muy raro que tuvieran contratado a un tercero para hacer algo que puede cumplir la oficina de Catastro”, dijo.

Además, explicó que entre sus funciones sí podía sugerir la compra de lotes según las necesidades de sus proyectos. Cuando recibió su cargo estaba pendiente la siembra más de un centenar de árboles como compensación a obras de infraestructura y por eso, explicó, envió cartas solicitando la compra de lotes.

“Después de la carta que envié siguió un extenso trámite legal y administrativo que pasa por muchos funcionarios y dependencias para evaluar la pertinencia, la necesidad, el origen y la legalidad de la transacción”, comentó Gallo. Y en esa lógica, según dijo, la responsabilidad por la compra de predios no le cae a él, sino a otras dependencias como la secretarías de Planeación y Medio Ambiente, la Unidad de Bienes, Catastro y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Fuera de eso, salpicó a la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), una empresa estatal que arrendó la finca La Piscina por un canon de 11 millones de pesos mensuales durante dos años. La Piscina'es uno de los predios que hoy tienen enredado a Gallo. Su propietario es Fernando León Londoño, el mismo que, según los registros de Google que consultó el alcalde Gaviria, era conocido en el cartel de Medellín como alias ‘Ñeris’. Uno de los contratos está firmado por David Andrés Ospina, secretario general de la ESU, y el otro por Manuel Ricardo Salgado, gerente de la ESU.

Esa finca había sido arrendada por ser de utilidad estratégica para la Policía. Por eso, el general Yesid Vásquez, cuando era comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, le envió una carta al alcalde Aníbal Gaviria el 10 de diciembre del 2012 en la que le dice: “De manera respetuosa solicito a ese despacho estudiar la viabilidad de adquirir la titularidad del inmueble denominado ‘finca La Piscina’, ubicado en el sector conocido como Belén Aguas Frías, sitio en el cual se presta el servicio de policía desde el pasado 19 de febrero del 2011, del cual se ha encontrado por parte de esta unidad que es un sitio estratégico para ejercer control y contrarrestar los diferentes ilícitos que se presentan, además cuenta con infraestructura que adecuada permite la funcionalidad policial que se proyecta dejar de manera permanente en el citado sitio”.

La ESU emitió un comunicado de tres puntos en el que dijo, primero, que en octubre del 2012 realizó un contrato con la empresa Colombian Realty para arrendar la finca la Piscina, a solicitud de la Policía Nacional, que lo venía ocupando desde febrero del 2011. Segundo, que dicho contrato se terminó el 31 de diciembre del 2013 por instrucción de la Secretaria de Seguridad. Y tercero, que el comunicado se emitía porque dicho predio aparecía mencionado en las investigaciones que condujeron a la salida del secretario de infraestructura, José Diego Gallo.

Gallo dijo que “la primera persona que me habló de ese lote fue el líder de la Unidad de Bienes, León Mejía”. Mostró una carta del funcionario donde dijo que se había reunido con Fernando León Londoño (el mismo conocido como alias ‘Ñeris’) para comprar la finca que necesitaba la Policía.

Según la comunicación, Londoño había visitado la oficina de Bienes para reclamar por qué la Policía seguía ocupando su finca después de que se había terminado el contrato de arrendamiento y él estaba asumiendo los costos de los servicios públicos. Por eso solicitó que se le aclarara si le iban a comprar el predio o si iban a volver a arrendárselo.

A este respecto, Gallo dijo: “Entonces imagínense, desde hacía dos años le venían alquilando la finca al señor Londoño. Pero yo, que sugiero su compra porque, además de ser útil para la Policía a mí me servía para sembrar árboles como compensación a unas obras de infraestructura, soy el malo que negocia con narcotraficantes. A ese señor Londoño nunca lo conocí. En cambio, el funcionario que reconoció por escrito haberse reunido con él sigue en su cargo”. Los funcionarios de la ESU que firmaron los contratos de arrendamiento también permanecen en sus cargos.

Finalmente, Gallo dijo: “Conviene aclarar, para contextualizar las cifras, que durante la Administración anterior se compraron más de 2.000 predios. En mi gestión de dos años solicitamos cerca de 300, de los cuales se cuestionaron siete, sólo se compraron cuatro, todos a través de la EDU y cuentan con los vistos buenos de conveniencia, necesidad y pertinencia”.

Gallo se quejó porque en la investigación que le hizo la oficina de Control Interno no tuvieron en cuenta su testimonio. El proceso se sustentó en interrogatorios a diferentes funcionarios y revisión de algunos documentos, que terminaron enlodándolo. Ahora cuando aparece su versión, surgen nuevas inquietudes respecto a la celeridad con que actuaron el alcalde Gaviria y Control Interno en este caso.

Había más quejas

El lío de los predios no era la primera queja sobre los comportamientos de Gallo. Los primeros que se quejaron fueron los constructores, que mediante una carta firmada por la Cámara Colombiana de Infraestructura les hicieron saber al alcalde Gaviria y al propio Gallo de cuestionables criterios para adjudicar licitaciones.

El 6 de junio del año pasado alertaron porque en varios procesos habían cambiado las reglas de juego a última hora y eso llevó al descarte de un grupo de oferentes y al posible favorecimiento de unos pocos.

Semana.com consultó los documentos de varias licitaciones de la Secretaría de Infraestructura, cuando Gallo aún estaba en su cargo y encontró frecuentes quejas de empresarios que salían descartados con débiles argumentos. En un caso en que se presentaron 10 oferentes para una licitación, descartaron a ocho por presentar formularios mal diligenciados. Al revisar lo que pasaba, los empresarios notaron que los formularios, que habían sido entregados en tablas de Excel por los mismos funcionarios de la Secretaría, estaban configurados para que, al imprimir, salieran con errores.

Inexplicablemente, eran pocos los oferentes que se percataban de aquella configuración y recibían buena calificación. Sin embargo, la oficina de control interno no investigó y el alcalde Gaviria tampoco ordenó que se hiciera. O, por lo menos, no le dio tanta resonancia al asunto, como sí lo hizo con la compra de los lotes.

No deja de llamar la atención la manera como se desató el escándalo. Hasta ahora, se sabe que las primeras revelaciones fueron hechas por el exalcalde Alonso Salazar en su cuenta en Twitter. Pero, en realidad, días antes, un alto funcionario de la Alcaldía visitó el Concejo de Medellín y les sugirió a los corporados que pidieran copia del informe sobre Gallo para armar el escándalo. Y el alboroto cayó como anillo al dedo. Durante este comienzo de año la opinión en Medellín estaba atenta a la millonaria licitación para arrendar 50 vehículos para recoger basuras. El proceso pasó a un segundo plano y ahora avanza en sigilo.

El alcalde Gaviria ha dicho que salió a contar detalles de la salida de Gallo porque en su gobierno importa la transparencia. Quienes conocen los intríngulis del poder dentro de la Alcaldía de Medellín no creen del todo que sea así. El alcalde Gaviria mantiene la confianza en funcionarios y contratistas que en el pasado tuvieron negocios con alias el ‘Cebollero’, condenado por lavado de activos. Lo hicieron al tiempo que recibían honorarios con dineros públicos cuando Aníbal Gaviria era gobernador de Antioquia.
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