Cuando el expresidente Uribe creía en la extradición

La posible extradición de Andrés Felipe Arias ha desatado un debate en algunos circulos políticos y jurídicos. La principal defensa del ex ministro en los estrados en ese país es que entre Estados Unidos y Colombia no existe un tratado para tal fin pues la Corte lo declaró inconstitucional en 1987. La Cancillería y la Fiscalía de EE. UU. han insistido en que sí está en vigor.

Los uribistas han manifestado por todos los medios que el caso de Arias se trata de una persecución política. Y, por eso, ante la justicia norteamericana han sostenido, por medio de cartas y testimonios, que él no debería ser devuelto a Colombia. Alegan que la pena de 17 años y cinco meses que le impuso la Corte Suprema es injusta, política y desproporcionada.

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La defensa del ex ministro ha sido liderada por el mismo Álvaro Uribe. El día que le otorgaron la libertad bajo fianza, el ex presidente viajó a Miami para acompañarlo en ese momento. "Confíen en Arias que él es un hombre correcto", dijo al salir de la audiencia. 

En esos días Uribe radicó ante el juzgado de Miami una carta en la que soportaba la tesis jurídica del ex ministro. En el texto aseguró que entre Colombia y Estados Unidos no hay un tratado de extradición vigente. Sin embargo, destacó que este procedimiento judicial “ha sido muy importante en la lucha común contra el narcoterrorismo” y que en su administración fueron extraditadas cerca de 1.200 personas dedicadas al narcotráfico.

¿Y entonces? 

La vigencia del tratado de extradición será uno de los debates del comienzo de 2017. La defensa de Arias tendrá que probar su argumento para que el proceso no avance. La Cancillería colombiana deberá hacer lo contrario.  

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Quizás el argumento que más puede ser un revés para Arias es su propio ex jefe. Cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República pidió en extradición a colombianos desde Estados Unidos. 

Uno de esos casos fue el de Miguel Ángel Salgado Riascos, quien cayó en manos de las autoridades el 11 de agosto del 2002, cuando se disponía a viajar a Nueva York (Estados Unidos) con doce cápsulas cargadas de heroína en su estómago.

Él logró huir luego de que le realizaron el procedimiento clínico con el que se determinó qué sustancias contenía en su cuerpo y, ante la imposibilidad de lograr su comparecencia ante la justicia, se declaró persona ausente y le impusieron medida de aseguramiento por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Luego, en el 2003, por información suministrada por las autoridades estadounidenses, el gobierno colombiano supo que Salgado se encontraba en Estados Unidos y se dio inicio al trámite de extradición. Él fue puesto a disposición de la fiscalía 264 seccional de Bogotá el 19 de febrero del 2004.

Otro caso fue el de Luis Eduardo Perea, quien el 14 de julio del 2003 aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en un avión procedente de Miami, Estados Unidos.

Él llegó en condición de extraditado pues la justicia colombiana lo requería por su presunta responsabilidad en la muerte de seis personas pertenecientes a la misma familia del Valle del Cauca.

Los problemas de Perea comenzaron cuando fue señalado de haber atropellado a una persona y luego, cinco miembros de la familia de la víctima -que lideraban la investigación para establecer su responsabilidad- aparecieron muertos violentamente.

Por eso la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra y cuando se conoció que él había salido del país, la orden de detención pasó a la Interpol en distintas partes del mundo. Después, por una llamada que él hizo a un teléfono que estaba interceptado en Cali, se determinó que estaba ubicado en Miami, Florida, desde donde fue extraditado una vez fue identificado. Él renunció a su derecho constitucional de tener una audiencia de extradición en EE. UU.

De otro lado también está la historia de Carlos Mario Bedoya. Él fue condenado a 36 meses de prisión por el delito de acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Su proceso fue archivado, pero no se cancelaron las órdenes de captura en su contra y los organismos judiciales no fueron informados sobre la decisión. Por esto, el 28 de julio del 2009 fue detenido en Estados Unidos y posteriormente fue extraditado a Colombia.

En la audiencia del ex ministro en Estados Unidos también se preguntaron por qué sin tratado se habían hecho extradiciones de más colombianos. La respuesta fue que es la primera vez que una persona en esa circunstancia invoca el argumento de la falta de vigencia para impedir ser enviado al país. En enero se sabrá si tendrá la razón.