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Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Archivo SEMANA

CHUZADAS

Los magistrados que pedían ‘mano dura’ con Bernardo Moreno

Éyder Patiño, Fernando Castro y Gustavo Malo plantearon que el exfuncionario debió ser enviado a la cárcel, así como tener una pena más alta.

30 de abril de 2015

Las condenas a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno ocasionaron una fuerte división dentro del grupo de magistrados de la Sala Penal que estudió y profirió el fallo.

Tras largas horas de discusiones, tres de los nueve magistrados que integran la Sala Penal de la Corte Suprema manifestaron su descontento por los pocos años de condena que el resto de sus compañeros consideró justo para al exsecretario de la presidencia de Álvaro Uribe y por la posibilidad de tener el beneficio de casa por cárcel.

Son Éyder Patiño Cabrera, Fernando Castro Caballero y Gustavo Malo Fernández.

Para Patiño, “es reprochable desde todo punto de vista que esa concertación haya tenido lugar al interior del Estado y que apuntara a atentar contra la institucionalidad del mismo Estado. Atendiendo a la gravedad de sus actos, las delicadas consecuencias de que ellos derivaron se debieron imponer sanciones más gravosas”.

Y el togado continúa: “A mi juicio, con el actuar ilícito de Bernardo Moreno se lesionaron de manera preponderante los bienes jurídicos tutelados por la ley, en especial la seguridad pública y la intimidad, al tiempo que se afectaron los derechos de excongresistas, magistrados, y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicias”, precisa el texto.

Respecto del beneficio de la prisión domiciliaria, el magistrado Patiño se declara estupefacto por la decisión de la mayoría de la sala.

“Sorprende que la sala mayoritaria le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria bajo el argumento efímero que ella se aconseja para las personas que delinquen por primera vez, cuando en realidad ese no es uno de los criterios diseñados por el legislador”, expresó.

Por último les recuerda a sus colegas de sala que hace unos pocos días tuvieron la misma discusión en relación con altos exfuncionarios del mismo gobierno y recuerda que se tomó una decisión radicalmente diferente.

“Parece olvidar la Sala que en una reciente decisión SP 4250 de 2015 (condena a Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y Alberto Velásquez) frente a una situación similar, tratándose de otros altos exfuncionarios del gobierno anterior, se hicieron consideraciones completamente distintas para que justamente con razón se negara la prisión domiciliaria”, indicó.

De otro lado, los magistrados Fernando Castro Caballero y Gustavo Malo Fernández consignaron en un documento sus diferencias respecto del fallo.

“Bernardo Moreno no tuvo reparo alguno para incurrir en multiplicidad de delitos ligados por la misma finalidad de minar la capacidad de acción de los críticos y opositores del Gobierno y afectar la independencia y autonomía de la Corte Suprema de Justicia”, precisa el texto.

Para Castro y Malo, es claro que “semejante forma de proceder revela con nitidez un ataque frontal a la institucionalidad del país porque se buscó romper el equilibrio entre las distintas ramas del poder público y acallar el derecho de la oposición a expresar libremente sus posturas disidentes empleando métodos inadmisibles para una democracia”.

Finalmente advierten que la actitud de Bernardo Moreno, de comparecer a todas las audiencias de su proceso, no es un hecho extraordinario. “Solamente son los deberes que tiene que tener un procesado ante la administración de justicia”.

Aprovechan para lanzarles dardos a exfuncionarios del gobierno de Uribe que han optado por evadir la justicia. “Lo que ocurre es que en un escenario donde no todos asumen la postura correcta. Quien sí lo hace puede resultar digno de reconocimiento”.

Estos documentos, conocidos técnicamente en el argot jurídico como salvamentos de voto, fueron anexados a la sentencia final. Aunque no tienen ningún valor en el proceso, ya que existe una decisión mayoritaria, son el reflejo de posturas distintas frente a un hombre poderoso que, durante el gobierno de Uribe, traspasó la línea de la legalidad.