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| 9/25/2013 12:00:00 AM

Nadie pagará por diputados asesinados

Familiares de los 11 asambleístas demandaron y ganaron en primera instancia, pero un tribunal revocó fallo.

Un polémico giro acaba de sufrir la batalla legal mediante la cual los familiares de los 11 diputados del Valle secuestrados y asesinados en cautiverio por las FARC buscaban una reparación económica por parte del Estado.

La noticia se conoció este miércoles 25 de septiembre, luego de que apoderados legales de los familiares dieron a conocer la decisión que tomó la sala plena del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, en el sentido de revocar el fallo de primera instancia.

Como se recuerda, el 11 de mayo del 2012 un juez de Cali avaló la condición de víctimas de los familiares de los diputados asesinados y el derecho a ser reparados económicamente por la Policía, el Ministerio de Defensa y la Gobernación; emprendieron esa batalla legal a través de una acción de grupo. No obstante, lo que acaba de hacer el Tribunal del Valle es revocar ese fallo.

En primera instancia el juez determinó que “había prueba suficiente sobre la responsabilidad de la Policía Nacional en el hecho del secuestro de los diputados”. Sin embargo, para el Tribunal del Valle el punto a dirimir era “determinar si la omisión en que incurrieron las demandadas, que desembocó en el secuestro de los ediles, fue también la causa eficiente de su deceso”.

El tribunal concluyó que las FARC son las únicas responsables de la muerte de los 11 exdiputados; “dicho de otra manera, cuando los subversivos sustrajeron y retuvieron a los ediles, el Estado perdió la posibilidad de actuar, incidir, o de dominar el proceso causal que finalizó con la muerte de aquellos, por lo que no puede de entrada achacársele una obligación de indemnizar los decesos (…)”, argumentaron los magistrados en el polémico fallo.

En cuanto al interrogante sobre si el Estado incurrió en una omisión reprochable, activó un riesgo o faltó a su posición de garante, el alto tribunal administrativo recordó que ya se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado, “por la omisión de sus deberes de protección de la población, cuando el daño en estricto sentido, ha sido causado por obra de terceros”.

Lo cierto es que la decisión de ese tribunal cayó como un baldado de agua fría entre los familiares de los exdiputados, que esperaban acceder a millonarias indemnizaciones, “Es un fallo perverso”, expresó Diego, hermano del exdiputado Alberto Quintero Herrera.

Aseguró que es difícil entender cómo los magistrados lograron deslindar el secuestro, con la muerte de los asambleístas, “ellos fueron plagiados de sus sitios de trabajo, no estaban de paseo o en fiestas, estaban en la Asamblea y la seguridad de ese sitio era responsabilidad del Estado”, argumentó indignado.

Una postura similar tiene Fabiola Perdomo, viuda del exdiputado Juan Carlos Narváez, y fue más allá al considerar como una verdadera contradicción que "mientras en todo el país y por todos lados se habla de reparar a las víctimas, el tribunal nos acaba de quitar esa posibilidad”.

Hasta la fecha la única indemnización que han recibido esas familias corresponde a una demanda por daños morales y lucro cesante a raíz del secuestro de los diputados. Ese fallo ocurrió en el 2007 y a cada familia que demandó le correspondió un promedio de 40 salarios mínimos legales vigentes, que serían pagados entre la Gobernación y la Policía.

Sin embargo, en la actualidad varias de las familias no han recibido un solo peso y otras sólo la mitad de los 40 salarios. Por ejemplo, Diego Quintero denunció que “hoy la Gobernación del Valle nos debe 20 salarios mínimos y dos de mis hermanas ni siquiera han sido reparadas”.

La tragedia de los diputados del Valle empezó el 11 de abril del 2002, cuando un comando de guerrilleros de las FARC (Los frentes 30, Manuel Cepeda Vargas y la columna móvil Arturo Ruiz) secuestró a 12 de ellos que se encontraban en el recinto de la asamblea, en pleno centro de Cali. Durante el hecho los guerrilleros asesinaron al policía Carlos Alberto Cendales.

Pero el 18 de junio del 2007, 11 de los 12 diputados en cautiverio fueron asesinados por guerrilleros del frente 30 de las FARC, en zona rural de Nariño. La Cruz Roja exhumó los cuerpos que estaban en una fosa común cerca al río Patía entre los municipios de Cumbitara y Policarpa, Nariño.

Cinco días después y en un acto de cinismo, las FARC oficializaron la muerte de los 11 asambleístas en su poder, argumentando que se produjo en medio de combates con el Ejército. Pero el dictamen de Medicina Legal determinó que los asambleístas fueron masacrados con impactos de fusil a corta distancia y en completa indefensión, hecho que luego fue corroborado en los computadores de 'Raúl Reyes'.

Lo irónico es que 11 años después de ese secuestro y posterior asesinato, ni el Estado y mucho menos la guerrilla, responden por sus muertes.
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