Fallo poco saludable

La decisión del juez 37 civil de Bogotá que le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud suspender la intervención que adelanta desde mayo en SaludCoop y devolvérsela a sus dueños, significa un palo en las ruedas para el saneamiento de la empresa y del sector de la salud en general.

Hace un par de semanas, Claudia Patricia López Ochoa, gerente regional de SaludCoop en Cundinamarca, y los trabajadores Jesús Hernán Rivera Torres y Luz Dary Muñiz interpusieron una tutela en la que pedían suspender la intervención porque se había violado el debido proceso y por el supuesto manejo indebido de recursos. Según ellos, se había presentado un aumento de la nómina y del gasto médico. En un fallo relámpago, el martes, el juez Hugo Ernesto Mora les dio la razón y ordenó la devolución de la empresa en 48 horas.

Justo el mismo día, la contralora general, Sandra Morelli, anunció el comienzo de un juicio de responsabilidad fiscal contra 77 directivos y contratistas de SaludCoop por un posible detrimento patrimonial por 1,3 billones de pesos causado por la desviación de recursos parafiscales y sobrecostos en medicamentos. La contralora también le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que investigue al juez Mora por parar la intervención.

De igual forma, la Supersalud denunció que ese mismo juez le había fallado otra tutela en contra, semanas antes, en la que le ordenó suspender la intervención que adelantaba en Salud Cóndor, otra EPS intervenida por el gobierno por malos manejos. Ese fallo fue revocado la semana pasada por el Tribunal Superior. "Pedimos que se investigue por qué una tutela similar de empleados y sindicalistas de SaludCoop le tocó al mismo juez, que al parecer estaba suspendido y regresó para conocerla y fallarla un día antes de que le comenzara una suspensión por malas actuaciones", dijo Conrado Gómez, superintendente de Salud.

Pero mientras tanto, la tutela, que será impugnada esta semana, obligó al gobierno a frenar la intervención de la EPS más grande del país y a entregársela a sus antiguos dueños el viernes, justo en momentos en que el interventor y la Superintendencia estaban cauterizando el derroche de recursos, parando contratos que eran lesivos para la EPS y adelantando una auditoría forense a la contabilidad de las 37 empresas del grupo.

Lo contradictorio del fallo es que si se buscaba proteger el patrimonio de los accionistas, mejor habría sido mantener la intervención del gobierno y no devolverles la entidad a sus antiguos administradores, sobre los que hay denuncias e investigaciones en curso por malos manejos.

Es cierto que durante la intervención ha habido un aumento del gasto médico y de las pérdidas. Pero el saliente interventor, Wilson Sánchez, explica que esto se debe a que, como los balances estaban maquillados, han tenido que poner las cifras reales. "Y si estamos gastando más en servicios médicos es porque nosotros sí los estamos prestando, y no como antes, que se negaban o postergaban para mejorar los números de la empresa". Por ejemplo, el interventor encontró que había más de 6.000 aparatos dañados o desconectados de forma voluntaria en la red propia para reducir la prestación del servicio y obligar a los pacientes a ir a otras IPS que le facturan a SaludCoop.

Lo cierto es que la tutela sacará al gobierno de la EPS por cerca de un mes, mientras el Tribunal decide si la revoca. Entre tanto, los organismos de control deberán estar atentos a todos los movimientos que allí se hagan, porque los afectados son cuatro millones de usuarios.