Falsas víctimas de Mapiripán habrían derrochado dinero

Del cielo al infierno. Esa es la situación de tres presuntas falsas víctimas de la masacre de Mapiripán en Meta, que pasarán de ser millonarios a procesados por dos delitos.

Mariela Contreras Cruz, Zully Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Romero, según la Fiscalía, recibieron 3.350 millones de pesos como indemnización, luego que se condenó al Estado por el supuesto crimen de tres de sus familiares. De la suma pagada, hoy tendrían apenas 400 millones de pesos para devolver, que están invertidos en una casa y una finca.

Luego de las investigaciones realizadas y de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que ellos no tenían las condiciones de víctimas del ataque perpetrado en julio de 1997, la Fiscalía solicitó para el próximo 2 de agosto una audiencia para imputarles los delitos de fraude procesal y estafa agravada.

En las indagaciones hechas por el ente investigador, se logró comprobar que las personas supuestamente asesinadas por los paramilitares, identificadas como Gustavo Caicedo, esposo de Mariela, y dos de sus hijos, de nombre Diego y Hugo, para la fecha de la masacre se encontraban con vida.

Mario Montes, jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción, aseguró que en el caso de Caicedo este fue asesinado por la guerrilla varios años después de la masacre, mientras Diego perdió la vida a manos de los paramilitares. De Hugo se conoció que en el 2011 se desmovilizó del frente 39 de las FARC.

De ser hallados culpables, los tres procesados pagarían penas superiores a cinco años de cárcel. Ellos se habían vuelto millonarios luego de que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005 condenó a la Nación a cancelar las indemnizaciones respectivas.

En la actualidad, la Fiscalía trabaja en llevar a imputación a otras tres familias que vinculan a casi 20 personas, por también ser, al parecer, falsas víctimas que engañaron no sólo al Estado, sino a autoridades Internacionales.

El 28 noviembre del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que Mariela Contreras, sus hijos, su esposo y su consuegro debían ser excluidos como víctimas del caso, al determinar que sus testimonios fueron falsos. El tribunal hemisférico recibió el testimonio directo de algunas personas que ratificaron que no eran víctimas de la masacre de Mapiripán, tal como lo habían señalado ante la Fiscalía.

En la resolución se determinó que el Estado también debía adelantar las acciones necesarias para recuperar los pagos indemnizatorios realizados a estas persona. Sin embrago, parece que hoy no tiene cómo regresar el dinero indebidamente apropiado.

En una primera ocasión la Corte ya había excluido como víctimas a Ómar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes fueron reconocidos y propuestos por el propio Estado en la calidad de afectados.