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| 2/4/2017 12:00:00 AM

Los falsos desaparecidos que conmovieron a Bogotá

El supuesto rapto de una menor en Bogotá puso en evidencia el fenómeno de centenares de denuncias sin fundamento que causan un gigantesco desgaste a las autoridades y millones de pesos en pérdidas.

Al final de la tarde del 30 de enero el sistema de TransMilenio entró en caos y con él la movilidad de un sector crucial de la capital. Podía tratarse de una protesta social, o de un accidente mortal. Pero en plena hora pico los familiares de una niña desaparecida habían bloqueado una de las principales estaciones de Chapinero. Miles de personas y centenares de vehículos quedaron atrapados por varias horas.

Incitados por oportunistas que buscan firmas para revocar al alcalde de la capital, los parientes de la menor de 14 años reclamaban resultados de las autoridades pues, según ellos, alguien la había secuestrado diez días atrás. Pero a la larga la realidad resultó muy diferente a la historia difundida por los medios.

Desde que la familia reportó los supuestos secuestro y desaparición, una decena de investigadores del Gaula, la Sijín, la Policía de Infancia y Adolescencia y un fiscal comenzaron a buscarla. Y el martes pasado, cuando un destacamento de la Policía la encontró, quedó claro que nadie se llevó a la adolescente, ni estuvo desaparecida. Como sucede en muchos casos, la joven había huido de su hogar a la vivienda de unos amigos por diferencias con su padrastro.

Al presentar la denuncia los parientes de la niña omitieron mencionar los problemas intrafamiliares y que no era la primera vez que había escapado de su casa. Tampoco contaron que estuvo durante varios meses en un centro del ICBF de donde también huyó. “Todos los casos se atienden e investigan con la misma importancia, pero cuando hay menores de edad se priorizan y, como en toda investigación, no se ahorran recursos ni personal. Lo importante es que la familia siempre nos diga la verdad y entreguen información fidedigna”, dijo a SEMANA el director del Gaula de la Policía, general Fernando Murillo.

Buscar a la menor, que nunca estuvo desaparecida, implicó el trabajo de diez investigadores, desplazar equipos forenses para ubicar celulares y usar peritos en informática, entre otros recursos. Todo esto, más otros gastos, alcanzó un monto de 8 millones de pesos diarios. En total, las autoridades gastaron 88 millones de pesos.

Este caso alcanzó titulares porque la familia y amigos acudieron a vías de hecho, como bloquear TransMilenio, para presionar a las autoridades, con lo que le dieron una dimensión adicional al asunto.

Sin embargo, la realidad es que las denuncias por falsas desapariciones o secuestros son mucho más comunes de lo que se sabe, e implican un impresionante despilfarro para el aparato investigativo y un derroche de dinero de los contribuyentes. Solo en 2016 el Gaula recibió 2.000 denuncias sobre desaparecidos. Todas, salvo 6, resultaron ser falsos.

El total reportado comprende tres grupos de personas. El primero, los menores de edad, de entre 11 y 17 años, tuvo 126 casos. “Muchos eran jóvenes que se iban con sus novios o novias o de fiesta varios días”, explica Murillo.

En el segundo grupo aparecen, con un porcentaje alto, hombres reportados por sus esposas o compañeras porque llevan uno o dos días “perdidos”, pero en realidad la gran mayoría, como lo ha documentado la Policía, se trata de casos de infidelidad o rumba prolongada. Esto ocurre mucho los fines de semana. Los adultos mayores, la mayoría con problemas de alzhéimer, conforman el tercer y último grupo de esa estadística.

En enero de 2017 la línea 165 del Gaula recibió 27.000 llamadas, y hay que atenderlas todas. De esa cantidad, 20 personas se comunicaron para denunciar supuestos secuestros y 150, por aparentes casos de extorsión. Las demás eran incidentes falsos, bromas y denuncias irrelevantes.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía estas personas deberán pagar multas. Más allá de esto, lo cierto del caso es que las denuncias de los falsos desaparecidos se han convertido en un gigantesco desperdicio de tiempo, hombres y recursos que deberían estar dedicados a combatir el delito.

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